Delitos imputados y orden judicial
ANTIOQUIA, COLOMBIA. (25 JUL 2025) – Una mujer extranjera de 25 años fue capturada en el municipio de El Carmen de Viboral por orden judicial, señalada como presunta responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y actos sexuales con menor de catorce años, tipificados en el Código Penal Colombiano.
La diligencia fue ejecutada por la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, luego de que se conocieran los hechos y se iniciaran de inmediato los actos urgentes. Las labores investigativas y de policía judicial permitieron obtener la orden de captura que se hizo efectiva en zona urbana de El Carmen de Viboral.
Según las primeras indagaciones, la mujer habría vulnerado la integridad de su propio hijo menor de edad, aprovechando su rol de madre para ejecutar las conductas investigadas. El caso fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación en los próximos días.
La Policía Nacional rechazó enfáticamente cualquier forma de violencia que afecte la dignidad e integridad de los menores y reiteró su compromiso con la prevención, investigación y sanción de los delitos sexuales. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes, a través de la línea de emergencia 123, las patrullas del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes o las unidades del servicio de Protección a la Infancia y Adolescencia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.