Los hechos ocurrieron en julio de 2015 cuando la víctima fue sacada con engaños de su vivienda, ubicada en el barrio La Bocana de Florencia, Caquetá.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
FLORENCIA, COLOMBIA (10 AGO 2024) – Un juez penal especializado de Florencia (Caquetá) condenó a Rocío Quintero Ruiz a 41 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tortura y hurto agravado, en un caso que involucró la muerte de un ingeniero ambiental en julio de 2015.
Según las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el 6 de julio de 2015, Quintero Ruiz sacó con engaños a la víctima de su vivienda, ubicada en el barrio La Bocana de Florencia. La mujer lo esperó en un taxi y, tras ingresar al vehículo, el ingeniero fue abordado por los hermanos Harold y Robinson Damián Villegas Barrera. Los tres imputados insultaron, golpearon y sometieron al ingeniero a actos crueles y degradantes mientras lo trasladaban hacia el sector Charco Azul, en la vereda Las Damas Bajas.
En ese lugar, la tortura continuó, infligiéndole múltiples heridas con un arma cortopunzante que le causaron la muerte. Posteriormente, los delincuentes se apoderaron de su teléfono móvil y abandonaron el cuerpo antes de huir.
Quintero Ruiz fue capturada en Posadas, provincia de Misiones en Argentina en 2023, y además de la sentencia de prisión, deberá pagar una multa de 1.600 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Actualmente, se están llevando a cabo los trámites necesarios para su extradición a Colombia, donde cumplirá su condena en un centro carcelario determinado por el Inpec.
En cuanto a los hermanos Villegas Barrera, quienes fueron capturados en 2016, aún enfrentan un proceso judicial que se encuentra en la etapa de juicio.
Esta condena es de primera instancia y representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para la víctima y sus familiares.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.