La Paz, 25 de febrero de 2022 – La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Bolivia convocó este viernes al presidente del país, Luis Arce, y a la población a sumarse a la marcha del «8M» por el Día Internacional de la Mujer exigiendo justicia en los casos de violencia machista.
«Hacemos la invitación extensiva a todas nuestras hermanas que se identifican con nuestra lucha, nuestra causa y esperamos que nos acompañe la población en general», expresó la secretaria de relaciones de las «Bartolinas», Odaliz Huayllas, citada en un boletín.
Esta convocatoria también está dirigida al presidente Arce; el vicepresidente, David Choquehuanca, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, ministros y viceministros.
La marcha está convocada para el próximo 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, en la que participará la Alianza de Organización de Mujeres por la Revolución Democrática Cultural y la Unidad, que aglutina a más de 20 organizaciones de mujeres, afines al Gobierno boliviano.
La marcha «por la vida y seguridad de la mujer» es para pedir justicia para las víctimas de feminicidio y la violencia machista ante un lento sistema judicial.
Este mes hubo protestas en el país exigiendo justicia tras conocerse un caso de un feminicida serial que fue liberado por un juez argumentando que padecía una enfermedad, situación que causó indignación en la población.
Esta situación derivó en la conformación de una comisión de ministros para revisar los casos e identificar aquellos en los que los condenados han sido liberados y en un primer informe señalaron que detuvieron a 23 personas, incluidos a sentenciados y jueces.
Además la pasada semana el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de Jueces y Abogados, el peruano Diego García-Sayán, expresó su preocupación por la «seria brecha» en el acceso de las mujeres a la Justicia en el país y la impunidad en los casos de feminicidios.
En 2021 se registraron 108 feminicidios en Bolivia, uno de los países más violentos con las mujeres, y una de las constantes quejas de colectivos y familiares de las víctimas es la tardanza en la aplicación de la justicia a los agresores y la corrupción en el sistema judicial.
EFE
