Lima, 24 de agosto de 2022.- Un grupo de mujeres indígenas de Perú denunció ante la ONU el incumplimiento del Estado de su obligación de garantizar la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, reveló este miércoles a Efe Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap).
En el contexto del denominado «Examen Periódico Universal» de la ONU, la organización de mujeres indígenas presentó la semana pasada un informe que busca servir para evaluar los avances del Estado peruano respecto a la situación de los derechos humanos.
En él, Onamiap dio cuenta de que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo no están cumpliendo con el derecho a la consulta previa y que la ley vigente no está adecuada a los estándares internacionales establecidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
«Estamos exigiendo al Estado peruano que realmente implemente el derecho al consentimiento y no solo a la consulta. La consulta es como tocarte la puerta, pero el consentimiento es el derecho a decidir el sí o el no y el Estado no está cumpliendo», sentenció a Efe Canales.
Según precisó, la norma nacional establece que la decisión final siempre la tomará el Estado y que las manifestaciones de los pueblos indígenas no son vinculantes.
La presidenta de Onamiap agregó que, pese a la obligatoriedad establecida desde 1995 de hacer consultas previas a las poblaciones indígenas, el Congreso está aprobando leyes sin pasar por este proceso.
En ese sentido, puso como ejemplo una norma aprobada recientemente que faculta a unos comités de autodefensa y desarrollo rural al uso de armas de fuego al incorporarlos al sistema nacional de seguridad ciudadana.
«Para nosotros es una preocupación (…) Las mujeres indígenas sobre todo buscamos paz y eso es promover la guerra interna», aseveró Canales.
A través de un comunicado, la organización insistió en que el Estado está permitiendo «que las empresas ingresen a los territorios indígenas antes de iniciarse los procesos de consulta» y que, además, «utiliza los medios de comunicación para estigmatizar a las comunidades y sus líderes, ejerciendo presión para que los pueblos cedan ante los proyectos extractivos».
«Denunciamos que en el Perú existe una actuación sistemática y peligrosa que permite el uso abusivo de la fuerza por parte del Estado en el contexto de actividades extractivas», se lee en el documento, donde las mujeres recuerdan que este tipo de actividades «producen la muerte de comuneras y comuneros, quienes además reciben amenazas y son perseguidos por defender sus territorios».
La presentación del informe de Onamiap ante la ONU forma parte del denominado «Examen Periódico Universal», el mecanismo de Naciones Unidas que cada cinco años evalúa la situación de los derechos humanos en los países miembros.
En octubre próximo, Perú deberá presentar su informe con los avances que ha venido implementando a partir de las recomendaciones que le fueron dadas en 2017 en esta materia.
EFE
