La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas es un escenario de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (Decreto 1397 de 1997), en donde lideresas y autoridades indígenas apoyan y orientan la formulación de las políticas que el Estado debe construir relacionadas con los derechos de las mujeres, la familia y las generaciones.
El pasado mes de mayo, en el marco de la Consulta Previa a la política étnica de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la JEP y la Comisión acordaron construir de manera coordinada y articulada los instrumentos adecuados y pertinentes que garanticen la inclusión del enfoque cultural de mujer, familia y generación indígena y la participación efectiva de las mujeres, niñas, niños y jóvenes indígenas. Para ello se definirá conjuntamente una ruta metodológica.
El acuerdo se logró en un ambiente de buena fe y respeto, en el cual se reconoció la importancia de la participación de las mujeres indígenas en la elaboración de dichos documentos, en especial, de aquellos relacionados con la investigación sobre casos de violencia sexual cometidos contra las mujeres indígenas.
A pesar de lo anterior y el clima de respeto que la JEP originalmente transmitió a las estructuras organizativas propias de los pueblos indígenas, entre el 11 y 12 de julio, la Red De Mujeres Víctimas y Profesionales -con apoyo de la OIM, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, las Universidades Nacional de Colombia y Central- convocaron al Taller con víctimas de violencia sexual indígenas, en el cual se propuso como objetivos “presentar los procedimientos y mecanismos con los que la JEP y la UIA garantizarán justicia a las víctimas de violencia sexual” e “identificar aspectos y procedimientos claves para valorar impactos y consecuencias de la violencia sexual y aspectos estratégicos para la reparación a víctimas indígenas”. Es decir, un espacio en el cual se presentarían los instrumentos ya formulados y que se pretenden aplicar a las mujeres indígenas.
Según la Comisión Nacional, al evento no fueron convocadas las estructuras organizativas propias de las mujeres indígenas y tampoco se respetaron los mecanismos previamente establecidos para este tipo de escenarios.
“El evento constituye un claro incumplimiento al acta de protocolización de la consulta previa y a nuestras estructuras organizativas propias. Además, la propuesta ignora y omite el enfoque de mujer, familia y generación que hemos construido desde los espacios legítimos y plasmado en normas como el Decreto Ley 4633 de 2011 y la Ley 1957 de 2019, en las cuales hemos definido el marco general sobre el que se deben construir los procedimientos y mecanismos con los que la JEP y la UIA garantizarán la justicia a las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado”, manifestó la Comisión.
Lamentan que las dinámicas de discriminación, violencia e incumplimiento contra las cuales han luchado por años se reproduzcan y tengan continuidad en los órganos creados para garantizar su derecho a la reparación integral.
Dicha reparación debe ser transformadora, es decir, debe incluir acciones que contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. Sin embargo, sienten las mujeres indígenas que esta convocatoria y espacio constituyen una forma de continuar utilizando las luchas y procesos que tejen para mostrar resultados, sin que ello constituya realmente un paso para lograr las transformaciones que este país necesita para alcanzar la paz.
“Aún más vergonzosa fue la actitud y el desarrollo del taller, en el que organizadoras regañaron e irrespetaron a nuestras autoridades y lideresas, desconociendo el rol e importancia que desempeñan en nuestra pervivencia física y permanencia cultural”, denunciaron las mujeres de la Comisión.
La inconformidad la manifestaron en un comunicado, en el que destacan que “la paz no se construye verticalmente. La paz no se logra desconociendo nuestra relación con nuestros territorios, cultura y espiritualidad. La paz no se construye desde externos que pretenden definir nuestros derechos y tipo de participación. La paz no es de blancos condescendiendo a indígenas. La paz no es civilizar al salvaje. La paz se teje entre todos y para todos, en democracia, respeto y dignidad”.
Agregan en el escrito que “es imposible salir de la guerra y del dolor sin la participación efectiva de cada una de nosotras. La violencia en los territorios continúa, el riesgo de exterminio físico y cultural de nuestros pueblos permanece. Pero ello no nos detine, cada mujer constituye un hilo que se suma y afianza el tejido que construimos por la consecución de la paz. Es hora de que se reconozcan nuestros saberes, historias, procesos y experiencias. Es hora de descentralizar la paz y llevarla a los territorios”.
La Comisión convoca a la JEP y UIA a que respeten la palabra y cumplan el acuerdo logrado. Y reafirman que pueden contar con ellas para la paz, pero nunca para la guerra.
Y culminan: “Nuestra participación en el taller, consideramos no está en el marco de los acuerdos de la consulta previa libre e informada del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
