Desde inicios de marzo, al menos 2.430 personas (590 familias) pertenecientes a 10 comunidades indígenas se encuentran en situación de confinamiento, en zona rural de los municipios de Riosucio, Carmen del Darién y Juradó. En febrero del presente año se identificó el confinamiento de la comunidad Alto Guayabal, sin embargo, esta situación se extendió hacia otras comunidades, por la prolongación de restricciones de acceso a bienes, servicios, derechos fundamentales y los vacíos en la respuesta de las diferentes necesidades sectoriales registradas. La presencia, amenazas y accionar armado tanto del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y los enfrentamientos entre estos grupos armados, propició la configuración de este hecho victimizante. Otra de las comunidades confinadas de Juradó presenta esta situación desde agosto de 2018.
Necesidades
Los riesgos en protección se evidencian por las acciones armadas, contaminación con minas antipersona -MAP- (ya se registró una víctima menor de 16 años, amenazas e intimidaciones hacia líderes sociales por parte ambos grupos armados. De igual manera, ha restricciones de acceso a la educación para al menos 111 niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la comunidad Wounaan Marcial.
El desabastecimiento de alimentos, la dificultad en el acceso a medios de vida, específicamente la realización de actividades de sustento diario (cultivos de pancoger), y dificultades para realizar brigadas de salud, ha generado enfermedades asociadas a la desnutrición y malaria que han ocasionado hasta el momento la presunta muerte de 8 niños y niñas menores de un año de edad; aproximadamente 30 adultos y 10 niños en el resguardo Uradá Jiguamiandó están en riesgo de fallecimiento por afectaciones en salud, según información de la UARIV.
Acción humanitaria
El 12 de marzo se realizó una Mesa de dialogo, en la cual participaron los representantes de la Mesa de Conservación de los Pueblos Indígenas, la Defensoría Regional del Pueblo, Secretaría de gobierno, Ejército Nacional y agencias del Sistema de Naciones Unidas, con el fin de abordar la situación de vulneración de los derechos humanos de las poblaciones afectadas y discutir posibles acciones de respuesta.
El 18 de marzo, el Ejército (Batallón Selva 54) ingresó a la zona que presenta afectación, para realizar acompañamiento a la comunidad de Alto Guayabal en el Resguardo indígena Uradá Jiguamiandó.. La presencia del ejército facilitó el ingreso de la Dirección local de salud a esta comunidad.
Desde el 20 de marzo, 3 unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en coordinación con la UARIV también hacen presencia, y se estima que permanezcan durante 9 días aproximadamente; El ICBF tiene previsto la entrega de aproximadamente 15 dosis de bienestarina a las comunidades afectadas.
Por su parte, la Unidad de Víctimas se encuentran realizando una misión de verificación hasta el día 23 de marzo, y evaluando la posibilidad de realizar la entrega de alimentos en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) como acción complementaria.
A la fecha de publicación de este informe, la Federación Luterana Mundial (FLM) y Médicos del Mundo (MdM) evalúan la posibilidad de realizar una brigada médica (fecha por confirmar), sin embargo, es se requiere la coordinación y apoyo de las entidades territoriales.
Coordinación general
El Equipo Local de Coordinación (ELC) Chocó solicitó al Clúster Nacional de Protección, con el fin de realizar incidencia sobre la afectación humanitaria en este departamento. Así mismo, el Consorcio de Respuesta a Emergencias, bajo el liderazgo del Consejo Noruego Para los Refugiados (NRC por sus siglas en Ingles), y en coordinación con Heartland Alliance entre otras organizaciones, está brindando asistencia técnica sobre educación en emergencias a la institucionalidad, autoridades indígenas y Afrocolombianas; se evalúa la posibilidad de hacer asistencia en salud y acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas.
El Equipo Local de Coordinación (ELC) de Chocó continuará monitoreando la emergencia en coordinación con las autoridades municipales y departamentales, para complementar la respuesta en caso de ser requerido.