Los miembros de asociaciones de campesinos, de barequeros, mineros artesanales, campesinos cocaleros, líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes de Farc y sus familiares en territorio antioqueño son objeto de una sistemática persecución y víctimas de homicidios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Esta comunidad denuncia la grave crisis humanitaria por la que atraviesa y confiesa el temor que la aborda por la falta de garantías y la inseguridad reinante en sus territorios, abandonados totalmente por el Estado, cuya presencia se limita a los patrullajes que realiza el Ejército.
La problemática es igual en el Magdalena Medio, en el Bajo Cauca, en Urabá, en el Nordeste y el Norte de Antioquia. En esta última subregión, la red de organizaciones sociales y campesinas del Norte denuncia que se encuentran al alza las continuas violaciones a los Derechos Humanos.
Precisamente en un comunicado, la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia recordó con preocupación que:
“En el año 2017 los grupos armados se asentaron en los municipios de Ituango y Briceño generando más de 20 asesinatos y cientos de desplazados”.
“En el mismo año fueron asesinados varios líderes sociales, así como varios excombatientes de las Farc sin que el Estado adoptara las medidas de protección para las comunidades, las organizaciones sociales y sus líderes”.
“Durante este 2018 la situación de seguridad ha empeorado significativamente. Solo en Ituango se han presentado 42 muertes violentas, donde junio ha sido el mes más violento desde que inició el proceso de paz”.
“En los últimos 15 días se produjeron los asesinatos de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Mandarino y Pascuita, además de un feminicidio en la vía que conduce del casco urbano al corregimiento de Santa Rita, hecho que se da presuntamente por sostener relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza Pública y el asesinato de un miembro de una organización de pequeños mineros”.
“En el municipio de Briceño se presentó a finales de mayo el asesinato de un campesino que según la denuncia de la comunidad se produce a manos del Ejército”.
“En Toledo, San Andrés de Cuerquia y Sabanalarga, durante los últimos dos meses, han venido apareciendo grafitis en las vías principales y las veredas alusivos a la disidencia del frente 36 de las Farc”.
“En los últimos 15 días hombres armados han realizado acciones violentas como la quema un helicóptero en el valle de Toledo y la destrucción de maquinaria en el municipio de San Andrés de Cuerquia generando pánico en las comunidades”.
“17 líderes vinculados al proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito se encuentran en alto riesgo debido a las presiones de grupos armados ejercen oposición al desarrollo del proceso de sustitución voluntaria”.
“10 organizaciones sociales con presencia en el territorio se encuentran en peligro de ocurrencia de agresiones a sus miembros toda vez que han contribuido y participado como activistas por la defensa de sus espacios de incidencia”.
“Las comunidades viven temerosas de salir a las cabeceras municipales a realizar la compra de alimentos ante la inminencia de la confrontación armada de los diferentes grupos que hoy hacen presencia en los territorios”.
“Es alarmante la numerosa presencia de hombres armados circulando en las localidades del Norte de Antioquia, en donde esta singularidad no se registraba hacía más de 15 años y hoy circulan fuertemente armados y sin identificación por caminos, y carreteras de los diferentes municipios del Norte de Antioquia”.
“No existe voluntad para dar respuesta sobre los asesinatos de líderes sociales y las amenazas a las organizaciones sociales pues aún no existe ningún señalamiento sobre responsabilidades en los hechos ampliamente narrados”.
“la seguridad no tiende a mejorar y por el contrario la sensación es de pérdida paulatina de la tranquilidad y del empeoramiento de las condiciones paupérrimas de seguridad actuales”.
“Sentimos que asistimos a un espectáculo ya otras veces visto, el silencio de las autoridades, la poca celeridad en el trámite de las denuncias realizadas y las nulas acciones de prevención y protección hacen que las condiciones de vulnerabilidad están en niveles dramáticos que reflejan la inminencia de un estado de guerra que no se afronta”.
“Es evidente que seguimos en medio de disputas territoriales armadas de las cuales no podemos huir y que nos ponen en un deplorable estado de indefensión y abandono, ante el silencio complaciente de un Estado ajeno a las realidades territoriales y los dolores de sus habitantes, frente a esta punzante situación nos vemos abocados a preguntarnos: ¿Cuántos muertos más debemos llorar por querer un territorio en paz?, ¿Cuántos funerales más nos costará el deseo de habitar y construir territorios en donde todos podamos trabajar y vivir?”.
“Todo el tiempo vemos que grandes grupos cargan las armas, pero no sabemos quién dispara contra nosotros”.
“Alertamos sobre el inminente peligro al que estamos expuestas las comunidades del Norte de Antioquia, y cuyos riesgos se maximizan para aquellas personas que se encuentran organizadas en los diferentes movimientos sociales existentes en el territorio y en especial el inminente peligro al cual estamos sometidas las comunidades en donde hicieron presencia histórica las Farc y que hoy fueron desalojadas por este grupo, propiciando nuevas disputas territoriales entre grupos armados con intereses en estos territorios”.
“En consecuencia, responsabilizamos al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos Calderón, al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior, por los graves atentados contra los Derechos Humanos”.
“Exigimos que el Gobierno Nacional adelante las acciones pertinentes a fin de garantizar los derechos constitucionales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, de los habitantes de la zona y los miembros de las organizaciones sociales que hacen presencia en la misma”.
“También, que se inicien las investigaciones pertinentes que puedan determinar las responsabilidades individuales y colectivas, en relación a los hechos consagrados en esta Denuncia Pública”.
“Asimismo, que se activen los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos”.
“Solicitamos a la comunidad internacional que se realice seguimiento y monitoreo permanente frente a la grave situación de afectación a los Derechos Humanos, agresiones e intimidaciones permanente a las cuales están siendo sometidos los defensores y luchadores sociales en Colombia, con un énfasis especial en la preocupante situación que vienen viviendo las comunidades campesinas del Norte de Antioquia”.
“Solicitamos a la comunidad internacional realizar seguimiento sobre las investigaciones que se adelanten frente a los hechos de la presente denuncia”.
“Solicitamos a los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos, en el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a los protocolos y normas adoptadas por Colombia para que se inicien las investigaciones a que haya lugar, por las acciones de omisión sobre las mismas.
“Solicitamos a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos emitir pronunciamientos sobre esta denuncia”.
El comunicado está firmado por la Asociación de Campesinos de Toledo Norte de Antioquia, Ascat-Na; Asociación de Campesinos de Ituango Ascit; Asociación de Campesinos de San Andrés de Cuerquia, Asocasanc; Asociación de Campesinos de Briceño, Ascabri; Asociación de Campesinos de Sabanalarga, Ascasab; Asociación de Comités Barequeros del Norte de Antioquia, Asocbare-Na; Asociación de pequeños mineros castellano del Norte de Antioquia, Comité de Derechos Humanos del Norte de Antioquia y la Corporación lazos de humanidad miembros de La Red de Organizaciones sociales y campesinas del Norte de Antioquia.