Nada ha cambiado: Victimarios se hacen pasar por víctimas y segundos ocupantes en restitución de tierras

FECHA:

Para quedarse con la tierra y consolidar el despojo, victimarios se las ingenian para hacerse pasar por víctimas y segundos ocupantes en el programa de restitución de tierras. Testaferros de paramilitares y narcotraficantes acuden a la justicia para reclamar lo que no es de ellos o para que les dejen lo que ya se robaron. El tema no es nuevo y es una de las razones por las cuales el proyecto no avanza como debería.

Colombia, 14 mayo de 2023.- Las falsas víctimas se convirtieron en una piedra en el zapato para la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. Restituir no es fácil cuando los victimarios no cejan en su empeño de quedarse con las tierras que pertenecen a otros. Se valen de toda clase de artimañas, amenazas y maniobras sangrientas, además de figuras legales y recursos jurídicos para adjudicarse predios públicos y privados. El despojo es el fin y los medios: el homicidio, el desplazamiento forzado, las normas y el aparato judicial. Los llamados “tierreros” especulan predios utilizando una modalidad de violencia que consiste en utilizar figuras jurídicas, documentos falsos y fraude procesal para quedarse con bienes inmuebles en zonas rurales y urbanas. Los impostores están convirtiendo la Ley 1448 de 2011 en una fuente de inseguridad jurídica.

Desde la expedición de la Ley 1579 de 2012, la Superintendencia de Notariado y Registro empezó a registrar, de entre los 114 millones de hectáreas que pertenecen al Estado, los predios baldíos, lo que cerraría la puerta a los despojos, pero no ha sido tan sencillo. Los ilegales iniciaron una avanzada para apropiarse de los terrenos públicos y con ayuda de funcionarios corruptos, dineros sucios, amenazas y testaferros lograron quedarse con grandes franjas de tierra que luego comercializaron o dejaron a sus familiares. La justicia colombiana ha logrado recuperar para el Estado algunos de esos bienes, tarea que ha resultado complicada. Por lo menos, los predios de uso público, aquellos que no pueden pertenecer a ningún particular porque son recursos naturales de especial protección y, por lo tanto, bienes intransferibles, como playas y manglares que fueron apropiados por privados, se han recuperado, pues no aplica con ellos la adquisición por usucapión. Jueces y magistrados se han prestado para que predios que son públicos permanezcan en poder de privados por prescripción adquisitiva, violando gravemente el ordenamiento constitucional y jurídico. No pasa igual con otros terrenos baldíos, que han sido fallados a favor de los poseedores por jueces y magistrados que, esta vez, actuaron de buena fe.

A don Carlos* le arrebataron su finca, un predio de 150 hectáreas, en Tarazá, Antioquia. Eso fue hace 68 años. Tiene 93 y su familia, que va en la cuarta generación, no quiere saber nada de ese terreno. Sus descendientes están en Medellín y tienen planes en nada relacionados con dedicarse a las labores del campo. La Fiscalía lleva 25 años investigando a la empresa que ahora es “dueña” de ese predio, por su presunta responsabilidad en el despojo. Un juez se demora más en fallar cuando hay opositores. Y casi siempre los hay, por lo que el caso pasa a una instancia superior, haciendo más demorado el proceso. Y si el juez fallara a su favor, eso no es garantía de restitución, pues podría no cumplirse la orden judicial.

En un municipio de Urabá, Antioquia, una exalcadesa adquirió una vivienda, cercana apenas unos metros del parque principal, que le pertenece a doña Judith*, la mandó a derribar, hizo construir allí una edificación de tres plantas, le regaló el primer piso a su mamá y vendió los otros dos.

Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, quien comandó el Bloque Elmer Cárdenas de las AUC hasta 2006, año en que se desmovilizaron los denominados paras, fue quien sacó a doña Judith de su propiedad y luego vendió. Es lo que ella asegura. También dice que otro paramilitar, alias el Burro, le ofreció 8 millones de pesos por un terreno de 82 hectáreas en zona rural de ese mismo municipio: “me vende o se lo quitamos”. Ese día estaba en la finca con su esposo y sus tres hijos cuando llegaron más de doce hombres vestidos de camuflado y armados hasta los dientes. Los hicieron ir de allí y una vez en el pueblo les dieron el dinero. Les tocó irse para Medellín. Una familia de apellido prestante es hoy la dueña de ese predio y de otros tres aledaños, adquiridos de la misma forma, por medio de testaferros que vendieron a otros testaferros, y que fueron convertidos en una gran hacienda de casi 500 hectáreas. Por miedo, nunca denunció. Este año, 2023, se atrevió a reclamar lo que le pertenece, lleva cuatro meses tratando de recaudar las pruebas que le pidieron en la URT. También la enviaron a presentar denuncia en la Fiscalía. Dice que seguramente en vida no recuperará lo que es suyo, pero no pierde la esperanza.

El despojo de tierras en Urabá ha sido reconocido por exparamilitares como Freddy Rendón y Salvatore Mancuso. “Esos eran terrenos baldíos que el Incora nos adjudicó para trabajar la tierra. Cortamos la maleza, armamos un ranchito y nos pusimos a sembrar. Acabaron con los cultivos, con el bosque, para meter ganado; son más lujo (sic) que otra cosa”, expresa doña Judith, quien espera que su caso sea resuelto por fin y firmar el acta de restitución. También tiene miedo, porque conoció que a otras personas en igual condición -vendieron bajo intimidaciones de grupos armados ilegales- les restituyeron sus tierras, pero al llegar a ellas las despojaron de nuevo con amenazas de muerte. O las mataron.

De la pluralidad de razones, estas son tal vez las más poderosas que han hecho que la restitución de tierras vaya tan lento. Los despojadores han logrado salirse con la suya, pues paramilitares o subversivos siguen en los territorios donde arrebataron la tierra y la propiedad sigue concentrándose en pocas personas; por ello, las víctimas no se atreven a reclamar. O lo han hecho, pero optan por la compensación monetaria o por la restitución por equivalencia, alternativas que les ofrece el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011.

Ha trascendido que, en departamentos como Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Cauca y Meta, mayoritariamente, los testaferros son principalmente mujeres y jóvenes. No estamos diciendo que todas las mujeres y jóvenes del proceso prestan su nombre para figurar como titulares, no, no estamos generalizando y menos estigmatizando, sin embargo, es necesario advertir que los ilegales utilizan a estos sectores poblacionales debido a que el Estado ha fortalecido el enfoque diferencial en la implementación para incentivar la ruralidad en niños, adolescentes y personas jóvenes tanto hombres como mujeres.

Sabemos que muchas mujeres que han perdido a sus esposos, a sus hijos varones, por causa del conflicto, reclaman la tierra, pero prefieren venderla posteriormente por temor, para olvidar, para iniciar una nueva vida en otro lugar. La URT impulsa el desarrollo de las mujeres rurales y el enfoque diferencial de género, para lo cual tiene un equipo de funcionarios que entra en contacto con estas mujeres y, a través de estrategias sicosociales, formativas, comunicativas, intenta generar un ambiente de confianza y empatía con ellas para que permanezcan en sus predios, se asocien y hagan valer sus derechos. En el campo se están quedando los adultos mayores mientras que los jóvenes están migrando a las ciudades capitales, lo que significa que, inevitablemente, el campo quedará solo dentro de muy poco tiempo, utilizado solo como terreno para siembra de palma, mata de hoja de coca, laboratorios para elaborar estupefacientes, ganadería y centros de diversión de terratenientes. Parece fácil identificar quiénes son despojadores o quiénes se prestaron para ello.

La Unidad de Restitución de Tierras ha compulsado copias a la Fiscalía para que el ente investigue a reclamantes con presuntos nexos con grupos armados ilegales, colosal tarea que es requisito previo para obtener, o no, la restitución y evitar legalizar falsas reclamaciones de supuestas víctimas del conflicto. Esta etapa se ha convertido en un cuello de botella para el proceso, debido al difícil esclarecimiento de los casos, pues el despojo presenta dificultades para la persecución penal por su cercanía con el conflicto armado y está estrechamente ligado con los grupos ilegales. Paramilitares y guerrilleros desmovilizados, viudas de señalados narcos, familiares de mafiosos “fantasmas” y de otros ya sentenciados y testaferros de ilegales pretenden quedarse legalmente con tierras ubicadas en Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Bolívar, Cauca, Tolima, Meta, Córdoba, Santander y Cesar, principalmente. Inclusive algunos están rotulados como victimarios en expedientes judiciales, pero eso no los detiene.

Esto, sin mencionar a los ganaderos, que, como ocurre en el sur del Cesar y el Magdalena Medio, denuncian que con ellos se están cometiendo muchas injusticias, pues los señalan de ser quienes han despojado de la tierra a miles de campesinos. Aseguran que por culpa de una ley bien intencionada, como la 1448 de 2011, los legítimos propietarios rurales terminaron siendo los victimarios y no lo que realmente son ahora: campesinos, trabajadores honrados, agricultores y productores. “Están persiguiendo a los buenos y no a los criminales. El tinte político e ideológico nos está poniendo en la mira. El ganadero no es terrateniente paramilitar, es falso, también somos víctimas”, alegó una víctima de la Ley 1448, en diálogo con Análisis Urbano. Añadió que muchos ganaderos no tienen conocimientos o son estudiados y por no tener los recursos para pagar un abogado terminan siendo expropiados y maltratados por un Estado que también debe ser garante para ellos.

Hay de todo. También se conoció que en el Bajo Cauca, en 2014, un “reclamante” vendió a muy buen precio su terreno y luego se hizo pasar por víctima, asegurando que lo amenazaron y que en realidad no recibió un solo peso por la venta. Los delincuentes se han especializado en la Ley de Restitución, conocen bien las regiones, cuáles terrenos son o fueron baldíos, cuáles son o han sido sus verdaderos dueños, a quiénes amenazar, a quiénes despojar, con cuáles autoridades negociar, a cuáles jueces y fiscales comprar y cada mínimo detalle para llevar a cabo un despojo con todas las de la ley.

A.U.

*Nombres cambiados por seguridad

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