San Salvador, 20 de mayo.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que demandará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a los órganos Legislativo y Judicial por supuestamente quitarle herramientas para atender la pandemia de COVID-19.
«La demanda es para la CIDH por la violación al derecho a la salud y a la vida del pueblo salvadoreño al no permitirle al Gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y la expansión de la pandemia», dijo el mandatario en una conferencia de prensa.
Este anunció se da en medio de las constantes tensiones que tiene el Ejecutivo con el Congreso y Corte Suprema, órganos a los que acusa el mandatario de retirarle herramientas para frenar el avance del coronavirus.
El presidente Bukele aseguró que «todas las medidas que ha tomado el Gobierno de El Salvador, a pesar de las campañas que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS».
El mandatario añadió que las medidas que otros países han tomado son «muchísimo más estrictas que las de El Salvador» y citó como ejemplo las tomadas por España e Italia.
«No estamos hablando de dictaduras, no sé si hay dictadura en Italia», acotó.
Algunos analistas y activistas salvadoreños han señalado que el mandatario ha impulsado medidas de carácter «autoritario», como el ingreso a la sede del Congreso en febrero pasado con militares y policías armados el pasado 9 de febrero.
Otra decisión cuestionada es la de no obedecer un fallo del Supremo de frenar las detenciones y confinamiento «forzoso» de las personas que supuestamente se saltaban la cuarentena domiciliar mientras los diputados no lo habilitaran mediante una ley.
En los últimos días, Bukele ha criticado a los diputados por no prorrogar un estado de emergencia y a los magistrados por suspender la declaración de dicho estado por parte del Ejecutivo, que prescindió del Legislativo.
DEMANDA NO PROCEDE
Celia Medrano, de la organización humanitaria Cristosal, dijo a Efe que «según la normativa de la CIDH, no es factible generar una demanda desde el Poder Ejecutivo contra otros dos poderes del Estado».
Señaló que desde los canales de difusión de la Presidencia se habla de una «denuncia» y sostuvo que «no pude recurrirse a una instancia internacional en función de que el Estado se denuncie así mismo».
El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró en sus redes sociales que la demanda que pretende llevar Bukele a la CIDH no es procedente.
«Su demanda es inadmisible por ser un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado», señaló Vivanco.
Añadió que «el ejercicio de controles entre los órganos estatales no solo no viola derechos humanos, sino que los protege».
BUSCAN ANULAR EMERGENCIA Y CUARENTENA
Bukele, quien anunció que vetará una ley de reactivación económica con la que el Congreso decidió sustituir la declaración de emergencia dada desde marzo pasado, emitió dos nuevos decretos para mantener sus medidas de confinamiento.
La Presidencia emitió el martes un nuevo decreto de estado de emergencia, nuevamente prescindiendo del Congreso, y el Ministerio de Salud dio una orden de cuarentena domiciliar «absoluta» hasta el 6 de junio.
Dos representantes del partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) acudieron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema para que anule dichos decretos.
«Nuevamente hemos visto cómo el presidente ha sobrepasado las atribuciones que la Constitución le otorga y el abuso de poder», dijo a periodistas Carlos García, diputado suplente de Arena.
Arena y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) se han negado a ampliar una ley de confinamiento obligatorio y que permite el uso de la fuerza porque, a su juicio, el mandatario se basó en ella para aplicar medidas que violan derechos.
Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.571 casos confirmados de COVID-19, 32 fallecidos y 902 pacientes sospechosos de contagio.
EFE
