Jerusalén, 4 mayo.- El conservador Benjamin Netanyahu sigue sin lograr la mayoría suficiente a pocas horas de que expire el plazo para formar un Gobierno, y maniobra contra el reloj con fórmulas para mantenerse en el poder, como aprobar un proyecto de ley para convocar elecciones directas a primer ministro en vez de parlamentarias.
Sin confirmaciones oficiales, pero con un constante flujo de información sobre negociaciones por debajo de la mesa según los medios locales, Netanyahu estaría buscando a la desesperada evitar que el opositor centrista, Yair Lapid de Yesh Atid (Hay Futuro) reciba el mandato por parte del presidente israelí cuando esta medianoche se termina el turno del actual primer ministro.
Después de obtener hace 28 días el mandato para formar Gobierno, al ser el más votado y recomendado tras las elecciones del 23 de marzo, Netanyahu, procesado actualmente por corrupción, no ha conseguido atraer a más socios de los tradicionales, con las negociaciones estancadas desde hace semanas, para alcanzar los 61 diputados mínimos para gobernar en un Parlamento de 120.
Si no hay cambios de última hora y no tiene un as en la manga escondido para revertir la situación, el jefe de Gobierno se plantará a la medianoche con el respaldo de 52 diputados de su partido Likud, sus aliados ultraortodoxos -Shas y Judaísmo Unido por la Torá- y el ultraderechista Partido Sionista Religioso, que no le son insuficiente. Puede pedir una extensión de hasta 14 días al presidente, Reuvén Rivlin, pero no está claro que este se la conceda.
En este mes, sus opciones fueron sumar al ultranacionalista Yamina, de Natfalí Benet, a quien ayer, en un movimiento de última hora, le propuso el primer año como primer ministro de una jefatura rotativa. Benet la rechazó. Pero aunque lo hubiera aceptado, necesitaba el apoyo del islamista Raam, que su socio, Partido Sionista Religioso -abiertamente antiárabe- descarta categóricamente.
Benet, pese a tener solo siete escaños, es un actor clave que podría decantar la balanza a favor de Netanyahu o sus opositores, y durante este tiempo ha negociado también con el bloque opositor que lidera Lapid y congrega una amalgama de partidos, de ultraderecha a centro-izquierda, contrarios al actual primer ministro.
La sorpresa de hoy fue cuando el partido Likud de Netanyahu pretendió llevar al Comité parlamentario una propuesta legislativa para permitir unas elecciones directas a primer ministro, lo que daría al actual jefe de Gobierno más posibilidades de renovar el cargo, ya que su formación fue la más votada en marzo.
Además, consiguió sacar adelante una propuesta para aceptar en trámite parlamentario la legalización de colonias judías en Cisjordania ocupada, que arrastró el apoyo de sus alineados ideológicos, que hasta ahora se oponen a formar un Gobierno de coalición con Netanyahu.
Ante todo, el panorama político de Israel es incierto y parece que seguirá marcado por la incertidumbre.
Una vez expirado el plazo de esta medianoche, el presidente tendrá tres días para asignar la tarea de formar Ejecutivo a otro diputado.
Analistas apuntan que lo más probable es que asigne el mandato al centrista Yair Lapid. Su partido, Yesh Atid, fue segunda fuerza en los comicios con 17 escaños, y en las consultas con el presidente de abril, Lapid fue quién obtuvo más recomendaciones tras Netanyahu.
Sin embargo, tampoco se descarta que el bloque del primer ministro traslade su recomendación a Benet para evitar que la oposición intente formar gobierno.
Las diferencias ideológicas entre los partidos que conforman al denominado «bloque del cambio» representan un obstáculo para la conformación de una coalición opositora, dado que requeriría del apoyo de al menos un partido de mayoría árabe al mismo tiempo que de una o dos formaciones ultraderechistas.
Otro escenario posible sería que Rivlin no otorgue el mandato a ningún parlamentario en particular, sino a la Cámara y permita que cualquier miembro de la Knéset intente obtener una mayoría.
De no funcionar ninguna de estas alternativas para sacar a Israel del bloqueo político, sus ciudadanos podrían tener que dirigirse nuevamente a las urnas, por quinta en vez dos años y medio.