Ni con el Acuerdo de Paz el Estado recuperó la Amazonía Colombiana

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La Amazonía ha sido un territorio donde los grupos armados pelean por dominar cada espacio de la zona, como resultado de ello hay graves violaciones a los derechos humanos. Con la firma del acuerdo las comunidades que habitan ese lugar de Colombia soñaban con la paz, pero el abandono Estatal dio vía libre a que otros grupos al margen de la ley se apoderaran de la región.

Imagen del BBVA.

Por: Yurany Alzate ( @yuranyAlzate1 )

Colombia, 10 noviembre de 2021.- Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés conforman la región Amazónica, ubicada al sur de Colombia. Esta zona era el fortín de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ahora es el albergue de una estructura criminal que une a las disidencias del extinto grupo armado, a las bandas criminales y a actores políticos y económicos que buscan adueñarse de esas tierras.

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Según la Comisión de la Verdad, este  territorio ancestral  es sagrado para 64 Pueblos Indígenas de los 115 existentes en el país. Allí se registra la existencia de dos pueblos en aislamiento voluntario o estado natural y se tienen indicios de la existencia de 15 pueblos más en esta condición. La región también es habitada por población no indígena que llegó atraída no solo por la economía, sino también por el continuo desplazamiento forzado que ha generado el conflicto armado a lo largo de la historia y que aún persiste.

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Es muy paradójico que la riqueza que tiene la Amazonía  al parecer sea su condena, porque la lucha en este territorio de los grupos armados ha sido por la tierra. El proyecto llamado Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia que investiga el conflicto armado en Colombia, afirma que “Durante los últimos años estos territorios y estos pueblos se han visto afectados por diferentes situaciones de orden público. A pesar de que hay un Acuerdo de Paz suscrito con el gobierno y las FARC siguen matando a los líderes indígenas y hay sistematicidad en estos asesinatos, sobre todo en los casos de Putumayo y Caquetá donde la violencia se ha recrudecido”.

Asimismo, comentan que presencia de multinacionales petroleras y mineras es una problemática en la Amazonia “el tema de la minería es un tema muy complicado que ha generado contaminación y sigue contaminando los ríos Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía y Guaviare con mercurio, poniendo en riesgo la vida de las familias y los pueblos”.

A eso se le suma que la Comisión de la Verdad, estableció que “en la Amazonía colombiana, durante el primer trimestre de 2019, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registró 57,55% de detecciones tempranas de deforestación, mientras que el sistema GLAD de la Universidad de Maryland y la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) señaló que en ese mismo periodo fueron taladas 75.031 hectáreas de bosque primario”.

Es decir, las personas que habitan la Amazonia no solo están expuestas a lo que los grupos armados hagan con ellas, sino también a las afectaciones que genera la explotación incontrolable de los recursos naturales.

Esa ha sido una problemática durante décadas en la Amazonia, pero cuando se firmó el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno Nacional, la población esperaba que el Estado hiciera presencia en esos lugares históricamente afectados por el conflicto armado. Pero eso no pasó. Según Mongabay Latam, un proyecto de comunicación que investiga el conflicto en Latinoamérica establece que “en esta región está ocurriendo de manera acelerada todo lo que muchos temían: deforestación, acaparamiento de tierras, extensión de la frontera agropecuaria y un aumento de los cultivos ilícitos y la minería ilegal”.

También afirman que son seis los motivos de la deforestación: el acaparamiento de tierras (45 %), los cultivos ilícitos (22 %), la infraestructura y las vías (10 %), los incendios forestales (8 %), la ganadería extensiva (8 %) y la explotación ilícita de yacimientos petroleros y mineros (7 %). En esto, el conflicto ha jugado un papel trascendental.

Los bosques tropicales están desapareciendo, ese es el resultado del acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la minería ilegal, el tráfico de fauna silvestre, entre otros, que operan tanto a nivel local como regional y actúan juntos en diferentes regiones geográficas de Colombia.

Por otra parte, el informe de Fundación Ideas para la Paz (Fip), dice que los grupos armados que se quedaron con las zonas que dejaron las Farc se han ido fortaleciendo y se pelean a muerte los territorios de la Amazonía. Se registra que en el 2016 había un solo grupo disidente de este grupo guerrillero y en el 2018 paso  20 estructuras (conformadas por unos 1200 o 1500 integrantes) con algún tipo de presencia en más o menos 13 departamentos, donde preocupan sobre todo Guaviare, Nariño, Cauca, Caquetá y Meta. 

La Amazonía es vital para los negocios que manejan los grupos al margen de la ley por el gran número de fuentes hídricas entre las que están los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, Apaporis y Caquetá. Estos son afluentes que permiten acceder a zonas de resguardo, movilizar cocaína, armas y aprestos militares, afirman desde la Fip.

La presencia de bandas criminales se torna muy preocupante para los resguardos indígenas, de hecho, Mongabay cuenta que “la banda criminal ‘La Constru’ está presente desde hace más de tres años en el territorio como productora de cocaína, pero también como sujeto agente de otras actividades delictivas, tales como homicidios, secuestros, extorsiones”.

Putumayo es un ejemplo de esa violencia que aún se vive en la Amazonía. En los primeros días de noviembre se presentaron dos masacres. La primera fue el 3 de noviembre, un hombre y sus dos hijos fueron asesinados en Orito, así lo confirmó el Observatorio de Conflictos, Paz y Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). La segunda fue denunciada por La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Tres personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo. 

A través de un comunicado, la organización dio a conocer que el pasado viernes 5 de noviembre dos hombres armados llegaron a la comunidad de La Esmeralda, inspección de Yurilla, y perpetraron los homicidios. 

Asimismo, dicen que la minería es otro factor de vulneraciones a los derechos humanos en la comunidad puesto que es un negocio que también manejan los grupos armados, pero a su vez del que viven indígenas y campesinos de la Amazonía. En Guainía, en límites con Venezuela, más exactamente en el sector del río Atabapo, se estima que unas 1000 personas estarían viviendo de la minería artesanal, pues es la única salida económica.

Ese es el panorama general de lo que viven las comunidades que habitan la Amazonía, un panorama desolador ya que cuando se firmó el Acuerdo de Paz la población exigía presencia estatal para que se recuperaran los espacios que dejó las Farc, pero una vez más el Gobierno le falló a la comunidad y hoy de nuevo están sometidos al control de los grupos armados.

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