A Omar y Ernesto Guasiruma los mataron mientras se preparaban en sus casas para la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional. Estos dos líderes indígenas del pueblo embera y que vivían en el resguardo Cañón Río Garrapatas del municipio de Bolívar, en el Valle del Cauca, fueron asesinados la noche del 23 de marzo. Dos hombres que se movían en una moto, quienes no lograron ser identificados, son los responsables del crimen según cuenta la Organización Nacional Indígena de Colombia.
La semana pasada, más exactamente el 19 de marzo, mataron a Marcos Rivadeneira, uno de los líderes sociales más notorios del Putumayo. Era presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís -Asopuertoasís- y miembro de Congreso de los Pueblos. Además, trabajaba en un proyecto independiente de sustitución de cultivos de hoja de coca que el Gobierno apoya.
De acuerdo con un comunicado de Congreso de los Pueblos, Rivadeneira estaba ese día reunido con campesinos de la vereda Nueva Granada de Puerto Asís cuando llegaron tres hombres armados y vestidos de civil. Sacaron una lista, nombraron al líder social y 30 minutos después se conoció la noticia de su asesinato. Justo dos días antes, el 17 de marzo, el presidente Duque decretó el Estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.
Ni siquiera el COVID-19 ha parado la violencia contra los líderes sociales y los defensores de derechos humanos en Colombia. Estamos a punto de terminar el primer trimestre del 2020 y los números de asesinatos son preocupantes.
Un reciente informe del Instituto Colombo Alemán para la Paz -Capaz- sobre la situación de los líderes sociales en 2019 y el panorama en los primeros dos meses del 2020 recoge algunas cifras de esa violencia: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registra 10 asesinatos, la Defensoría del Pueblo ha verificado 17, la Misión de Observación Electoral habla de 19 (incluyendo líderes sociales y comunales) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo -Indepaz- tiene un listado con 51. Recordemos que en el país no existe una cifra oficial de líderes asesinados y por esa razón las organizaciones sociales y algunas entidades del Estado manejan sus propios números.
En el conteo de líderes asesinados de Pacifista!, un ejercicio que venimos haciendo desde la firma definitiva del Acuerdo de paz (24 de noviembre de 2016), aparecen 19 asesinatos entre el 1 de enero y el 25 de marzo de este año. El primero que registramos fue el de Gloria Ocampo, quien era miembro de una junta de acción comunal de Puerto Guzmán, en el Putumayo, y hacia pedagogía alrededor de los planes de desarrollo del posconflicto. La mataron el 7 de enero.
“Más allá de las diferencias de las cifras, que dependen de sus metodologías de verificación, el balance a inicios del 2020 es preocupante, siendo el más alto en los últimos años. Esto ha sido advertido por movimientos sociales en escenarios internacionales”, se lee en el informe de Capaz.
Obstáculos para protegerlos
Para el instituto, la tarea de proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el 2020 enfrenta tres obstáculos. El primero tiene que ver con la reconfiguración o el ajuste de los nuevos gobiernos locales en regiones donde están atentando contra los líderes o que fueron priorizados en los programas de la implementación del Acuerdo de paz.
“Los nuevos mandatarios locales, responsables en gran medida de la protección y seguridad de sus comunidades, acaban de asumir sus carteras y están en proceso de elaboración de sus Planes de Desarrollo Local –PDL-, mientras que los alcaldes de los municipios priorizados en el posconflicto apenas están en proceso de comprender la maraña normativa e institucional que deben adaptar a sus territorios”, dice Capaz en el documento y recomienda la inclusión de medidas, recursos y planes de acción para prevenir la violencia y proteger a los líderes en los PDL.
El segundo obstáculo es la falta de articulación entre las entidades del Estado creadas para implementar el Acuerdo de paz y brindar seguridad a quienes ayudan en esa tarea, como los líderes sociales. Según el informe, los equipos de las consejerías presidenciales para la Estabilización y la Consolidación (antes para el Posconflicto), para los Derechos Humanos y para la Seguridad; y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que trabaja en la política de Paz con legalidad –creada como hoja de ruta única para la implementación- junto a los ministerios de Interior y Defensa, aún no logran articularse.
“Las garantías de seguridad contempladas en el punto 3.4. del Acuerdo, que busca integrar medidas de carácter político, judicial, de prevención y protección, así como de seguridad física en un enfoque multidimensional, tienen responsabilidades atomizadas entre varios funcionarios de alto rango”, señala el instituto. Esa desconexión entre las entidades, en análisis de Capaz, demora la reacción para defender a los líderes sociales que apoyan la implementación.
A esto hay que sumarle los últimos cambios en la cabeceras de entidades clave para la protección de los líderes sociales. Por ejemplo, Alicia Arango pasó al Ministerio del Interior desde febrero de este año. A Francisco Barbosa, quien fue consejero presidencial para los Derechos Humanos, lo eligieron como Fiscal General de la Nación en el mismo mes. Estos nombramientos han puesto en duda si el Estado asumirá mejor la tarea de defender a los líderes, pues el pasado 3 de marzo la ministra Arango dijo que en Colombia “mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos”. Barbosa, por su parte, cuando era consejero presidencial, aseguró que no había sistematicidad en los asesinatos contra los líderes.
Y el tercer obstáculo que resalta Capaz, sin ser el menor de todos, es la adaptabilidad de los grupos armados ilegales y del crimen organizado en los territorios que antes ocupaban las Farc. “El vacío no ha podido ser copado por el Estado en un intento lento por llevar la institucionalidad de la paz y del mismo Estado. Ese vacío de poder lo han aprovechado el Eln, las disidencias de las Farc, los grupos sucesores del paramilitarismo (Águilas Negras, Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, entre otros), así como redes del crimen organizado”. Contenerlos es una necesidad ya que, de acuerdo a Fiscalía, son los principales responsables de los crímenes y las amenazas contra los líderes sociales.
El Gobierno ahora está concentrado en atender la pandemia del coronavirus y puede que, como lo dijo el periódico británico The Guardian en una nota, use eso de excusa para no proteger como es debido a los líderes ni solucionar los obstáculos que menciona Capaz en su informe. Es muy probable que el 2020 termine con miles de contagiados por el virus y con una de las cifras más altas de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados.
Tomado de Pacifista!
