Con el proyecto presentado por el Ministro Alberto Carrasquilla se esperan recaudar 25 billones de pesos.
por Daniel Largo | Abr 8, 2021 | Opinión
Toda reforma tributaria en Colombia debe afincarse en el principio constitucional de equidad, consignado en el artículo 363 de la carta magna; lo que traduce que cada persona natural o jurídica debe tributar de acuerdo a su capacidad económica. Es apenas lógico. Sin embargo, esa no parece ser la esencia de la nueva reforma tributaria propuesta por Duque —la tercera de su gobierno— eufemísticamente bautizada como ley de “Reforma social, solidaria y sostenible”, o “transformación social solidaria”.
Aunque no se conoce el texto definitivo, sí se sabe con certeza que este plantea extender el IVA a casi todos los productos de la canasta básica familiar: carnes frías, embutidos, sal, azúcar, café, chocolate, aceite, huevos, harinas, entre muchos otros productos infaltables en cualquier hogar colombiano. Este es uno de los puntos del proyecto más rechazados por las bancadas de oposición, por sectores de la derecha e incluso, por algunas cabezas visibles del uribismo, claro, más en un acto teatral que genuino.
Pero no para allí: Si el plan es aprobado en el legislativo, la gasolina también subirá 500 pesos; confirmó el propio gobierno. Es bien sabido que el aumento de la gasolina arrastra el aumento de casi todo.
El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras publicó dos columnas tituladas “Conejazo” y “Despropósito Nacional” en las que manifiesta su desacuerdo con el proyecto, centrando sus críticas en puntos como el impuesto del 3% anual sobre patrimonios de más de 5.000 mil millones de pesos, ya que se propiciaría una salida de estos hacia el exterior en busca de salvaguardarlos, pues en pocos años se verían diezmados en casi la mitad. Asimismo, menciona la eliminación en los beneficios de ahorro y cuentas AFC, y el incremento de las tasas de impuestos sobre la renta de las personas naturales que en algunos casos escalarán al 300 % para las personas con rentas líquidas entre 18 y 40 millones, quienes ahora tendrán que declarar.
Vargas Lleras también expone lo inconveniente del nuevo gravamen al impuesto solidario para personas naturales del sector público y privado, así como del gravamen a pensiones superiores a 7 millones de pesos, las exenciones para fondos pensionales y las facultades extraordinarias del gobierno para reformar todo el Estado.
Pero si las críticas de la añeja figura política no son menores, las de la oposición son, desde luego, más amplias y preocupantes. El senador del Polo, Wilson Arias, aseguró que la campaña de Duque “Menos impuestos, más salarios” era una canallada, ya que ahora, como gobierno, ha hecho lo diametralmente opuesto a lo prometido.
Gravar los alimentos con IVA o subirlo al 19% a los que ya lo tienen son ejemplos palmarios del talante impostor e insolidario de la actual administración. Los salarios superiores a $ 2.600.000 comenzarán a pagar renta, como lo constató el Viceministro de Hacienda en cadena radial. Un recio golpe al corazón de la clase media.
Las exenciones que Duque ha otorgado a los super ricos crearon un hueco fiscal de 59 billones de pesos, según palabras del senador polista. Voces analiticas como la de Ariel Ávila también se sumaron al coro de reproches contra el proyecto. La teoría del “rebosamiento” esgrimida por el presidente Duque, con la que intentó darle piso argumentativo a sus dos pasadas reformas tributarias y a esta, fue controvertida, más que por Ávila, por la evidencia empírica:
La teoría dicta que si los ricos se vuelven más ricos, el exceso de ganancias lleva a que estos generen más empleo a través de sus inversiones en distintos campos de la economía. Por lo menos las cifras en el gobierno Duque le quitan razón a la iterativa hipótesis: En su primer año el desempleo llegó al 9,7%; en su segundo —sin pandemia— subió al 10,5, y en su tercer año —con el factor Covid— se disparó al 17,3%. Pero, además, se sabe que el flujo de capitales hacia paraísos fiscales es uno de los fenómenos más recurrentes, perjudiciales y menos controlados en el país. Conclusión: la teoría es falsa y el gobierno lo sabe, pero miente.
Ya lo había dicho Piketty, “la estrella” de la economía: Reducir impuestos a los ricos no genera más empleo. Por el contrario, la sugerencia del economista Francés es imponer una tasa de tributación mucho más alta para los grandes capitales. No es en vano que el 1% más rico del mundo haya acaparado el 82% de su riqueza, según la organización británica Oxfam. Extrapolando al plano nacional este escenario global, las cifras vuelven a quitarle razón al gobierno: Colombia es el país más desigual del hemisferio y uno de los tres más desiguales del mundo. Aquí colindan sin inmutarse la pobreza extrema con la extrema riqueza. Bruscamente contrasta la miseria de la población Guajira, la de Buenaventura o la Tumaqueña con las bóvedas a reventar de oro de Sarmiento Angulo, Ardila Lülle, Gilinski o Santodomingo. ¿Es esa la efectividad democrática de la teoría económica del rebote para que las masas superen la pobreza? Desde luego que no y está más que comprobado. ¿Por qué no se acoge la propuesta de Piketty —y otros— de subir los gravámenes a las mega fortunas y alivianar la carga impositiva a los pobres, que en últimas solo vendría siendo el cabal cumplimiento del enunciado 363 de nuestra constitución política?
El ultra capitalista FMI se montó a una línea similar: exhortó a los gobiernos a aumentar impuestos a los más ricos y a las empresa más rentables para solventar la crisis. En Colombia se hace exactamente lo contrario al ABC económico, a la elemental lógica y al sentido común. Si precisamente el dinamizador de una economía de mercado es el poder adquisitivo de la población, ¿cómo puede un país salir de la crisis si aquel escasea aún más con una nueva reforma tributaria como la esbozada por el gobierno? Incluso, mejor opción que exprimir hasta la última gota a las clases media y pobre es la de emitir dinero como lo hizo EE.UU. y como lo demuestra Paul Krugman, otro de los grandes economistas del mundo, pues en época de recesión, la emisión puede sostener transitoriamente una economía, sobre todo si se dirige a las familias.
Como se observa, existen otras y mejores alternativas, pero la obstinación del gobierno uribista es la de empobrecer más al pobre y enriquecer más al rico con el método más violento de todos. ¿En verdad se necesita hacer este tipo de reformas pese a la muestra histórica propia y mundial, o lo que subyace en sus proponentes es un profundo odio contra los pobres?
Por poner un solo ejemplo de tantos: en plena crisis pandémica el grupo AVAL, del hombre más rico de Colombia, obtenía dividendos por más de 1,2 billones de pesos, mientras miles de PYMES naufragaban en la ruina esperando una “ayuda” (obligación) gubernamental.
La cuestión entonces ya no parece estar en los linderos de la economía sino sobrepasarlos para asentarse en los de la psiquiatría. ¿Son perversos los ricos? ¿Están enfermos? Son interrogantes que se tornan inexorables al poner en la balanza de la razón este tipo de propuestas que son todo menos sociales, solidarias, sostenibles o transformadoras, como pretenden almibararlas.
Tomado de Antioquia Crítica
