El pasado 15 de mayo fueron encontrados dos cuerpos desmembrados en la ciudad de Medellín. El primer caso se registró a las 8 a. m., en el corregimiento de San Cristóbal, en la zona semirural, que se encuentra ubicada en el Km 1 + 500 de la vía al mar, en los límites entre este corregimiento y el de San Félix, perteneciente al municipio de Bello.
La Sijín de la Policía Metropolitana del Valle del Aburrá, realizó la inspección técnica al cadáver. En el sitio encontraron dos costales plásticos, envuelto en una cobija estaba el cuerpo de un hombre desmembrado, lo que hizo imposible establecer la identidad de la víctima. Los restos humanos fueron llevados a las instalaciones de Medicina Legal, donde los peritos buscarán establecer la identidad.
El segundo caso ocurrió a las 2 p. m. en el barrio Olaya Herrera, comuna 7, zona controlada por la banda Los Pesebreros, adscrita a la Oficina del Valle del Aburrá. En la carrera 99 con calle 57 fue hallada, dentro de una alcantarilla, una maleta que contenía un cadáver desmembrado. Personal de la Sijín realizó la inspección técnica sin poder determinar si los restos humanos pertenecían a un hombre o una mujer. El cadáver fue trasladado a Medicina Legal para realizar su plena identificación.
El hallazgo de los dos cuerpos desmembrados pone nuevamente en el debate público la existencia o no de las casas de la tortura en la ciudad.
¿Existirán las casas de tortura o pique en el Medellín metropolitano?
La aparición de cadáveres con las cabezas envueltas en bolsas plásticas, otros con evidentes signos de tortura, algunos envueltos en sábanas o cobijas, otros más desmembrados, no es cosa de ahora, ese tipo de prácticas se viene registrando desde hace décadas en Medellín y el resto del Valle del Aburrá. Al parecer estos hechos no han merecido una investigación profunda por parte de la institucionalidad y menos aún la reflexión de la ciudadanía en general sobre estos delitos. ¿Alguien se pregunta dónde se realizan este tipo de actos macabros?
Se sabe que esta práctica la realizaban de manera generalizada los paramilitares en subregiones de Antioquia; Medellín y el resto del Valle del Aburrá no fueron la excepción. Se establecían en casas o fincas donde realizaban torturas a sus enemigos, gente inocente y posibles delatores.
Muchos testimonios de ciudadanos aterrados dan cuenta de la realidad en barrios como San Pablo, San Blas, Popular I y II, en la zona Noriental, comunas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 16, y corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado, sin embargo, nadie les daba crédito a lo expresado aunque las evidencias así lo demostraran.
Incluso los desmovilizados paramilitares daban cuenta de esa práctica que sus jefes les impusieron en la cotidianidad de la faena criminal que desarrollaban.
Los fiscales de Justicia y Paz saben que la existencia de las casas de tortura, terror o pique es real en Antioquia, infortunadamente los gobernantes de turno niegan hasta la saciedad que eso este pasando en sus municipios.
La práctica criminal y violenta de torturar, matar y —en no pocos casos— picar, no terminó con la desmovilización parcial de los bloques urbanos paramilitares que controlaban a las bandas del Medellín metropolitano. Esas bandas que permanecieron y que, extrañamente, no fueron desmanteladas por el gobierno de la llamada “Seguridad Democrática” a sabiendas de que estaban bajo dominio de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada, igualmente por la Oficina, siguieron realizando estas prácticas.
Recientemente, En tierra hostil, de España, volvió a mostrar la realidad sobre la reducción de homicidios. El alcalde Gaviria, la Meval, la Gobernación de Antioquia, el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón y el presidente Santos, guardaron silencio, no salieron a desmentir lo que el documental mostraba, no había argumentos para controvertir lo evidente: En el Medellín metropolitano se sigue torturando, matando y picando a la gente en casas acondicionadas para esta práctica, si se reconociera esta situación se caería la fachada de que la seguridad urbana funciona y el homicidio va en descenso.
Análisis Urbano le recuerda a los funcionarios de la institucionalidad, especialmente al vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, que si no se conoce la historia, se estará condenado a repetirla. Por eso no es prudente hablar de desaparición y casas de tortura sin haber conocido la historia de horror que ha vivido la ciudad, es mejor quedarse apoltronado en la silla del escritorio recibiendo sueldo y no dando lora sobre lo que se desconoce.
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