La política de sustitución del Gobierno es de judicialización y muerte. Así lo denuncia en un comunicado la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam.
Afirma la Coordinadora que el Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores presentado por el Gobierno, de ser aprobado, sepultará definitivamente el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, PNIS.
El colectivo asegura que la inmovilidad de las instancias de dirección y concertación del programa y la falta de financiación del mismo son razones por las cuales en los territorios no se avanza en la sustitución y se empieza a observar un panorama de incertidumbre e inseguridad frente a la continuación de la acciones de sustitución, que con mucha esperanza inició el campesinado y que quiere mantener y terminar de implementar de manera exitosa.
Considera que los mensajes que envía Estados Unidos al Gobierno Nacional son de presión, principalmente en torno al recorte de la ayuda económica para la lucha contra las drogas, bajo el argumento del incremento de los cultivos de coca en el país.
El 17 de marzo de este año, el Departamento de Estado presentó el “Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos”, en el que se muestra cómo se sigue presentando un incremento en los cultivos en un 42% frente al 2014.
Tres días después, el ministro de Justicia Enrique Gil Botero presentó ante el Congreso de la Republica con mensaje de urgencia, el proyecto de ley por el cual se desarrollaría el Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores. “Su contenido evidencia el desconocimiento del trabajo que se está realizando en los territorios y a nivel nacional en los espacios de interlocución, y que genera es un instrumento para una persecución judicial más fuerte contra los y las cultivadoras”, señala Coccam en un comunicado.
El proyecto, argumenta, termina excluyendo del beneficio judicial a quienes ya se han acogido o pretendan acogerse al PNIS, y a quienes conserven o financien plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectáreas, “desconociendo la caracterización e información -con la que ya cuenta el Gobierno Nacional- del estudio adelantado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícitos”. Dicho estudio definió en un máximo de 3.8 hectáreas el área mínima de siembra de cultivos para que una familia pudiera subsistir, y que “conllevaría a una persecución penal en los territorios si se aprueba la norma tal como ha sido propuesta”, acota Coccam en el escrito.
Para la Coordinadora, la presentación de este proyecto se constituye en una traición flagrante a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que pusieron su confianza en el proceso de paz al inscribirse en el programa, a las organizaciones en los territorios que han asumido al pie de la letra el Acuerdo Final para promover la implementación del punto 4 “solucion al problema de las drogas ilicitas”, con la incertidumbre jurídica a la que se ven sometidos, principalmente de las comunidades y líderes quienes depositaron la información del número de hectáreas cultivadas en el marco de la firma de los acuerdos colectivos de sustitución.
Es por ello que los líderes y lideresas de la Coccam iniciaron un ejercicio de socialización y consulta en las regiones para definir si se suspende la participación en el programa PNIS “ante la falta de garantías, la crisis humanitaria y las implicaciones que tiene este proyecto de Ley en un futuro inmediato.
Finalmente, el colectivo exige al Gobierno Nacional que retire el proyecto de Ley como una de las garantías para las comunidades. Asimismo, hace un llamado a los congresistas actuales y a quienes fueron elegidos en los últimos comicios para que no den trámite al proyecto, hasta que se realice la concertación entre la Coccam y el Gobierno Nacional sobre el proyecto de Tratamiento Penal Diferenciado. Y, proponen, que en una mesa de concertación se construya una ley que recoja los elementos trabajados en los diferentes espacios con las instituciones y que garantice una seguridad jurídica para líderes y comunidades en el marco de la sustitución de cultivos de uso ilícito.
Comunicado de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – Coccam
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