Con la creación de la mesa de validación de homicidios se garantiza a gobernantes y sociedad civil un número confiable de homicidios. El Sisc está entregando datos de los cadáveres hallados en el río Medellín, algo que no ocurría antes.
En 1989, en Colombia, en medio de una zona boscosa, un grupo de hombres vestidos de camuflado y armados con machetes tomó por sorpresa, en horas de la madrugada, a 58 combatientes que descansaban en cambuches. Los siete centinelas recibieron puñaladas en los pulmones para impedir que gritaran. Realizado el asalto, los noventa uniformados pertenecientes a un batallón de infantería ingresaron al campamento, le dispararon a sus enemigos y los apilaron al lado de un río. Todavía no amanecía.
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Con sevicia, los picaron con machetes y los arrojaron al afluente. No a todos. De esas ejecuciones a sangre fría dejaron nueve cadáveres para presentarlos como abatidos en combate. Cuando salió el sol, ya estaban los cuerpos envueltos en plástico, en el piso, listos para la foto. Así vendieron la historia.
Así burlaron las normas del derecho internacional humanitario. Así eliminaron toda evidencia. Así escondieron la verdad en el agua. ¿Parece falso? Es real. Así actuaban las contraguerrillas del Ejército Nacional.
Expertos indican que esa macabra modalidad se empezó a utilizar en el país hace más de ochenta años. La guerrilla, los paramilitares, la delincuencia común y la Fuerza Pública hacen uso de ella para ocultar sus crímenes.
Según el Registro Nacional de Desaparecidos, RND, en Colombia hay 167.325 personas desaparecidas (entre 1930 y el 31 de diciembre de 2021). De ese total, 8.644 fueron encontradas muertas, 47.023 aparecieron vivas y 111.658 continúan desaparecidas. Para el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 1.080 cuerpos han sido recuperados de por lo menos 190 ríos colombianos. Asesinos y familiares de las víctimas aseguran que esa cifra es superada doce o tres veces más por el número de desaparecidos en los ríos.
Según la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, entre 2021 y junio de 2022 fueron reportadas 493 personas como desaparecidas. De estas, 433 retornaron a sus hogares, 29 fueron halladas sin vida y 31 siguen desaparecidas.
El río Medellín es uno de esos botaderos de cadáveres preferidos por los criminales para desaparecer personas. El río es un mecanismo natural que puede borrar pruebas, rastros, cuerpos, ayudado por la corriente, los remolinos, las piedras y los animales.
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En ese afluente, que nace en el Alto de San Miguel, municipio de Caldas, y desemboca en el río Porce, a la altura de Barbosa, con una extensión de cerca de cien kilómetros, arrojan en promedio un cadáver por día. Si el cadáver no es recuperado en Medellín, quedará como homicidio en Bello, Copacabana, Girardota o Barbosa. Principalmente en este último municipio, el río arroja los cadáveres y los tira a la orilla. Es donde más cadáveres se recogen. Pero no siempre ocurre. Otras veces se siguen hasta la vereda Popalito y quedan allí. Cuando no sucede ni lo uno ni lo otro, el cuerpo termina en el embalse de Porce, donde muy difícilmente será buscado y, por tanto, encontrado.
En Barbosa hay un cementerio con más de ciento cincuenta cuerpos rescatados del río en esa localidad. Esos cadáveres no quedan registrados como homicidios ni de Medellín ni de Barbosa. De hecho, ni siquiera quedan como homicidios.
Pero no es la única forma en que los criminales desaparecen cuerpos. Los bandidos pican los cadáveres y los sumergen en canecas con ácido o los entierran en el monte, en lugares desolados, en una escombrera. También los incineran en hornos de tejares y ladrilleras.
Si no hay cadáver, no hay homicidio. Si no hay homicidio, no hay delito para imputar. Si no hay delito no hay condena. Si no hay condena, no hay castigo. Si no hay castigo, hay impunidad. Sirve a los policías, sirve a los bandidos.
LA MESA DE VALIDACIÓN
En 2020 se cometieron 369 homicidios en Medellín, el año con menos casos desde 1979, cuando el Dane empezó a contar los asesinatos en las principales ciudades del país.
Sabemos que homicidio y asesinato no son buenos sinónimos, porque el primero es el delito y el segundo la acción de matar sin que un juez haya determinado si es o no un delito. En el asesinato debe haber alevosía (la víctima no puede defenderse), ensañamiento (causando sufrimiento) o pago (a cambio de dinero), cualquiera de las tres o todas ellas. El juez dirá entonces que hubo homicidio simple, agravado, doloso, culposo, feminicidio, por piedad, preterintencional, etc., según las pruebas allegadas al proceso. Entonces, hasta que el juez no lo determine, será un asesinato, pero no lo será si no concurren circunstancias como las ya descritas. Doctrinantes, académicos, magistrados, jueces y legisladores aún no se ponen de acuerdo. Nosotros, periodistas, seguiremos acá abajo utilizándolos como sinónimos, hasta que los expertos, allá arriba, nos digan qué hacer.
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Cuando una persona aparece muerta, a las autoridades les corresponde definir si la mataron, se murió o se mató. Este tema es trascendental, pues permite saber cuántos homicidios se han cometido en una ciudad, precisar el grado de impunidad, determinar el grado de miedo e inseguridad de la población según la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (es un mal indicador de la inseguridad, pero es el más utilizado para compararla entre ciudades e incluso, países) y fijar las acciones a seguir en la construcción de una efectiva política de seguridad ciudadana, entre otras.
En Medellín, según el Sisc, se han cometido 253 homicidios en 2022 hasta el sábado 27 de agosto. La tasa de homicidios, a la fecha, por cada cien mil habitantes, es de 9.69 y se estima que para diciembre de 2022 será de 14.86. En el país, Cali reportó en el primer tercio del año 2022 una cifra de 14.4 homicidios por cada cien mil habitantes (334 personas), la ciudad más violenta, seguida de Cartagena, con 11.8 (125 personas), Barranquilla con 9.6, Medellín con 4.6 y Bogotá con 3.7.
Sin embargo, no se puede sacar pecho por estas cifras. En 2020 hubo restricciones de movilidad por la pandemia con origen en el covid 19, lo que significa, grosso modo, que no debieron ocurrir casos o que tendrían que ser muy pocos: 369 son muchos. Ahora, en 2021, la cifra fue de 403 homicidios, también en plena vigencia de la pandemia, un guarismo muy alto, teniendo en cuenta las circunstancias antes descritas.
Si en 2015 hubo 496 casos en la capital antioqueña, una reducción importante considerando que se acordó entre la Oficina y las AGC un cese de hostilidades, un “pacto del fusil” (que fue renovado en 2019), entre estas organizaciones del crimen que más aportan a la cifra de homicidios anuales en el Valle de Aburrá -y no solo en Medellín-, podría afirmarse que para la Policía sería más fácil controlar una ciudad en la que los criminales decidieron no matarse entre sí. Pero no. Ni con la ayuda de los bandidos ni del covid 19 la cifra se redujo, por lo menos, a la meta trazada para 2030, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 10.3 homicidios por cada cien mil habitantes. En esos dos años de pandemia y de encierro, la cifra fue, en total, de 772 homicidios.
Son 772 familias que perdieron a sus seres queridos. Claro, no todo es culpa de la Policía. La intolerancia fue el detonante en muchos de esos casos: responsabilidad de los ciudadanos.
Decíamos que es un mal indicador, porque, contrario sensu, en la ciudad están disparados el hurto, la extorsión y la desaparición forzada.
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Esta última, según el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de una persona, aunada a la negativa de reconocer esa privación, suerte o paradero de la persona desaparecida, con el propósito de sustraerla a la protección de la ley. Tiene como característica que esa práctica debe ser obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, es decir, el derecho internacional atribuye a las entidades estatales el hecho de no combatir, no extinguir y permitir la acción de grupos armados ilegales que desaparecen personas. En la capital antioqueña hay más de 380 combos que gozan de buena salud y, que, se puede inferir, delinquen sin mayores inconvenientes, con anuencia de la autoridad creada para proteger a todas las personas residentes en Colombia y conservar la tranquilidad pública, según el artículo 2 de la Constitución Política y la Ley 41 de 1915. Esa práctica nefasta de la desaparición es obra de agentes del Estado por omisión.
Cuando era tarea de la Policía reportar los homicidios, los casos de personas que morían por una bala perdida, que fallecían en la casa o en un hospital un mes después de ser baleadas o que eran rescatadas del río Medellín, no quedaban en el boletín. De hecho, si un homicidio se perpetraba en comunas como El Poblado, los agentes lo registraban como ocurrido en el centro o en otro lugar, para no dañar la estadística de ese barrio. O trasladaban el cuerpo a un hospital, para evitar que quedara como homicidio en un barrio y sí como un deceso en un centro médico, que finalmente no era reportado.
Ese subregistro se controló inicialmente con la creación del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín, Sisc, herramienta de la Secretaría de Seguridad del Municipio que recoge los datos de Medicina Legal, CTI de la Fiscalía y Sijín de la Policía para determinar los homicidios que ocurren en la ciudad.
Sin embargo, como lo han advertido la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano, cuando bajan los homicidios, se incrementan las desapariciones. El tema sigue siendo un dolor de cabeza porque la Policía sigue ocultando los casos, no necesariamente porque estén actuando en asocio con los bandidos, sino porque se ve beneficiada con esa modalidad delictiva. Cada delito que se comete en la ciudad daña la hoja de vida de comandantes de estación o de la Metropolitana y, en consecuencia, impide ascensos, premios y permisos.
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La creación del Sisc arrancó aplausos de satisfacción. Pero luego, con el tiempo, al ser un mecanismo que depende de los datos que arrojan Fiscalía, Policía y Medicina Legal, se prestó para el ocultamiento de información y fue fácilmente manipulada por la Policía.
Con la creación de la mesa de validación de homicidios, la Secretaría de Seguridad le hizo frente a ese tema. Así, con reuniones que se realizan cada mes, las dependencias le entregan a la Secretaría los datos de los decesos y esta presiona para que las muertes por establecer sean rápidamente diferenciadas como homicidios o no. Así se garantiza a gobernantes y sociedad civil un número confiable de homicidios cuyo cálculo se ajusta a unos protocolos de estadística criminal transparentes y técnicamente bien establecidos. Digno de destacar.
Por ejemplo, en el mes de mayo del presente año, tres casos quedaron registrados como muertes por establecer. John Alexander Macías, de 41 años, fue hallado muerto el 4 de mayo en Aranjuez; fue rescatado el río Medellín. Medicina Legal estableció que fue estrangulado. José Ignacio Maya Restrepo, de 61 años, estaba como muerte por establecer y cambió su conducta a homicidio; fue asesinado mediante asfixia en Pajarito, corregimiento de San Cristóbal, el 15 de mayo. Y Daniela Zuluaga Morón, de 28 años, fue estrangulada, al parecer, por su pareja sentimental en un apartamento del barrio Cucaracho de Robledo, comuna 7 de Medellín, el viernes 27 de mayo de 2022.
Para el mes de junio, cuatro casos cambiaron de conducta a homicidio. Carlos Arturo Aristizábal Soto, de 54 años, fue golpeado en la cabeza con mecanismo contundente; fue rescatado de las aguas del río Medellín el miércoles 1 de junio en el barrio Conquistadores, comuna 11 de Medellín, Laureles. El viernes 17 de junio de 2022, el cadáver de Alejandro Baquero fue rescatado de las aguas del río Medellín a la altura de Parques del Río, por el edificio de EPM, comuna 10, Candelaria. Este hombre de 42 años fue baleado en la cabeza, pero la causa de su muerte quedó por establecer.
Anderson David Arroyave Vélez, de 29 años, recibió golpes contundentes que le causaron la muerte, el lunes 27 de junio de 2022, en el barrio Sevilla, de la comuna 4, Aranjuez. Fue ingresado a un centro asistencial en el que posteriormente murió, su muerte quedó por establecer inicialmente. Y, finalmente, Carlos Andrés Rodríguez Polo, de 29 años, fue hallado sin vida en el río Medellín el martes 28 de junio de 2022, a la altura del barrio Palermo, de Aranjuez. Este caso que estaba como muerte por establecer cambió su conducta a homicidio, pues perdió la vida a causa de lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.
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Se destaca que el Sisc entregó información sobre hallazgos en el río Medellín y que cambiaron de conducta a homicidios, algo que no ocurría antes, pues esos casos se quedaban como muertes por establecer.
Lamentablemente, esto solo ocurre en Medellín. El tema del subregistro sigue presentándose en 124 municipios antioqueños, principalmente en subregiones como el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Urabá. Del Magdalena Medio ni siquiera se conocen casos de homicidios. Grupos armados ilegales como los Caparros, las AGC, el ELN, disidencias de Farc, la Oficina, se enfrentan en zonas rurales, los cadáveres quedan en el campo, a disposición de animales de rapiña y otros, con mayor fortuna, son trasladados por funerarias a la morgue. Por el recrudecimiento del orden público en estas subregiones, la Policía no recoge los cadáveres, no hace inspección técnica y el caso no queda registrado. Ningún organismo estatal investiga porque, como ya se dijo, le conviene a las autoridades, y beneficia a los bandidos.
A.U.
