Verdad, justicia y reparación. Sobre esos tres pilares edificaron el acuerdo de paz el Estado colombiano y la otrora guerrilla de las Farc. En esencia, se trató de un pacto entre la sociedad y los alzados en armas en el que la primera aceptó penas leves para los excombatientes, a cambio de que estos se desarmaran, aportaran verdad y contribuyeran a la reparación de las víctimas.
Algunas cosas han salido bien de ese proceso de dejación de armas. Pero la actitud de los líderes políticos de las desmovilizadas Farc esta semana en nada contribuye a construir una verdad colectiva. Luego de que Sandra Ramírez, quien fue la compañera sentimental de Tirofijo durante 24 años, resultó elegida como segunda vicepresidente de Senado, sus primeras declaraciones les cayeron como una patada a las víctimas y a la opinión pública en general.
En entrevista con Blu Radio, la senadora negó que la práctica del reclutamiento infantil hubiera existido en esa organización guerrillera. Esa afirmación temeraria desafía la evidencia y afecta profundamente la credibilidad del proceso. Curiosamente, la llegada de Ramírez a tan importante dignidad había sido bien recibida, incluso en los sectores políticos que se opusieron al acuerdo. Hasta Álvaro Uribe celebró el hecho y lo consideró un avance importante en el tránsito de los exguerrilleros a la vida política nacional. Pero la propia senadora, con sus afirmaciones falaces, se encargó de ponerle fin ese momento de reconciliación que no duró ni 24 horas.
Aunque la primera frase de la excombatiente para negar el reclutamiento resultó grave, todo lo que vino después fue desastroso. Por cuenta del revuelo que causaron sus afirmaciones, Rodrigo Londoño, antiguo jefe de la organización guerrillera y hoy presidente del partido, salió a dar una ronda de entrevistas para apaciguar la polémica. Pero en lugar de usar esos espacios para entender el error cometido y aclarar la posición de su organización política, Londoño terminó por ratificar lo dicho por su copartidaria con una línea argumentativa que, por decir lo menos, deja mucho que desear. Vale entonces la pena analizar una a una las afirmaciones de los líderes políticos de las Farc sobre esta materia.
Tanto por Timochenko como Sandra Ramírez echaron mano del recurso de contar anécdotas personales para tratar de esconder una realidad innegable. Con frases como “yo no entré obligada” o “le puedo hablar de muchos menores que entraron voluntariamente a las filas”, buscaron salirse por la tangente y tapar el sol con un dedo. Esas anécdotas pueden ser ciertas, pero no reflejan la globalidad del conflicto. En primera medida, así un menor de edad entre a las filas de un grupo armado sin que nadie lo constriña, la realidad jurídica es que todo reclutamiento de un menor es, por definición, forzoso. Un joven que apenas entra en la adolescencia difícilmente puede tener la capacidad para tomar libremente una decisión de ese calibre.
Las cifras oficiales sobre esta práctica desmienten con una contundencia irrefutable las afirmaciones de Timochenko y de la viuda de Tirofijo. Según la información que reposa en el Ministerio de Defensa, entre 2002 y abril de 2020, 3.199 menores de edad dejaron las filas de las Farc. Adicionalmente, 6.443 personas se desmovilizaron ya adultas, pero fueron reclutadas antes de cumplir la mayoría de edad. De acuerdo con informes del Centro de Memoria Histórica, entre 1960 y 2016 hay un registro de 17.775 víctimas menores de edad vinculadas a actividades bélicas. Es decir, un par de historias personales no pueden aceptarse como argumento para desvirtuar una práctica tan repugnante como evidente.
Londoño y Ramírez también trataron de apelar a los extremos para salirse con la suya. Dijeron que ellos fueron un grupo insurgente que llegó a tener en jaque al Estado colombiano y arrinconado al “ejército mejor preparado del mundo”. Según ellos, no habrían podido lograrlo si su organización armada estuviera compuesta de niños obligados. Nadie dice que las Farc fueron un ejército compuesto exclusivamente por niños. Eso es una obviedad. Pero afirmar que dentro de sus filas no había miles de hombres y mujeres que aún no cumplían la mayoría de edad es simplemente una mentira.
Cuando Vicky Dávila increpó a Rodrigo Londoño al preguntarle si en la guerrilla hubo menores de edad, respondió de manera completamente desconcertante. Timochenko contestó que en la conferencia guerrillera fijaron las políticas de reclutamiento de esa organización, en las que establecieron un rango de edad para el ingreso entre los 15 y los 30 años. Es decir, acordaron que las Farc reclutarían niños. Como era de esperarse, la periodista le aclaró a Londoño que un joven de 15 años es un menor de edad. Ante esta acotación, el antiguo líder guerrillero quiso defenderse dando patadas de ahogado. Afirmó que no es lo mismo un joven de 15 años del campo que uno que ha crecido en la ciudad. Según él, las personas nacidas en la ruralidad para ese punto de la vida ya tienen una serie de vivencias y trajines que las convierten virtualmente en adultas. Esa interpretación de la “ley del monte” es inadmisible. La norma colombiana es muy clara: la mayoría de edad empieza a partir de los 18 años, no de los 15.
El último recurso argumentativo de los líderes del Partido Farc fue tan poco convincente como todos los anteriores. En lugar de asumir lo ocurrido durante la guerra y pedir perdón por los vejámenes que en ella se presentaron, se lavaron las manos otra vez. Cuando los periodistas les preguntaron si la organización de la que hicieron parte reclutó o no niños, respondieron que ese era un asunto por resolver en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por lo cual preferían no hablar al respecto en los micrófonos de los medios. Esa evasiva solo sirvió para ofender a las víctimas y a los colombianos que han creído en el proceso de paz.
Es cierto que la JEP deberá resolver los aspectos judiciales y las responsabilidades individuales del reclutamiento de menores cuando estudie el caso 007. Pero no es necesario esperar a conocer las decisiones de esa jurisdicción para que los exguerrilleros de las Farc reconozcan lo que pasó y asuman su responsabilidad. Negar que hubo reclutamiento forzado de menores porque la JEP no ha fallado al respecto sería como negar que en Colombia hubo secuestros porque la JEP aún no se ha pronunciado sobre ese crimen en particular.
La dirigencia política de las Farc empezó muy bien la semana con la designación de una de sus miembros como segunda vicepresidenta del Senado. Sin embargo, con la negativa del reclutamiento de menores le echaron un balde de agua sucia a esa conquista. Es necesario que los desmovilizados entiendan que la sociedad les dio la oportunidad de reintegrarse a ella. Pero no lo hizo gratis. Los colombianos esperan que los líderes de la antigua organización guerrillera cumplan con lo que para el país y en particular para las víctimas es uno de los elementos más importantes del proceso de paz: la verdad. De lo contrario, en una gran paradoja, los exdirigentes de las Farc terminarán convertidos en los mayores enemigos del acuerdo de paz que firmaron.
Tomado de Revista Semana
