Antioquia, Colombia, 17 diciembre de 2024.- La Fundación de Sumapaz emitió un comunicado público denunciando el incumplimiento del Gobierno colombiano en la protección de las personas defensoras de derechos humanos (PDDH), específicamente el caso de Yarley Erasmo Marín López, líder social y representante de la Mesa Minera de Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia.
El documento, dirigido al Presidente Gustavo Petro y a otras autoridades nacionales, enfatiza que la falta de cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional y las alertas tempranas pone en riesgo la vida e integridad de los líderes sociales en el país.
La denuncia destaca que, a pesar de la sentencia SU-546 de 2023, que declara un estado de cosas inconstitucionales en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos, el Estado no ha implementado el plan integral de protección ordenado por la Corte Constitucional.
El comunicado también revela que la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Augusto Rodríguez Ballesteros, desmontó el esquema de seguridad de Yarley Erasmo Marín López sin emitir una resolución formal ni considerar el contexto territorial. Esta decisión fue tomada ignorando las Alertas Tempranas 023-22 y 019-23 emitidas por la Defensoría del Pueblo, que advierten sobre la grave situación de violencia en el nordeste antioqueño.
Riesgo sistemático y ausencia estatal
La Fundación de Sumapaz resalta que el nordeste de Antioquia es una de las regiones más violentas del país debido a la ausencia permanente del Estado. En esta zona, los grupos armados y otros actores ejercen control, vulnerando los derechos fundamentales de las comunidades y exponiendo a los líderes sociales a amenazas y violencia sistemática.
Este año, en Antioquia se registran 24 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, lo que refleja un preocupante incremento de la violencia. La Mesa Minera de Segovia y Remedios, reconocida como Primer Colectivo Víctima del Conflicto Armado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del caso 08, ha sido uno de los colectivos más afectados por la violencia en la región.
Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en 2016 la Medida Cautelar No. 548-15 a los integrantes de la Mesa Minera, reconociendo la gravedad de la situación y solicitando al Estado adoptar medidas urgentes para proteger su vida e integridad.
Exigencias al Gobierno colombiano
La Fundación de Sumapaz hace un llamado urgente al Gobierno Nacional y a la UNP para que:
Cumplan con su deber constitucional de proteger a las personas defensoras de derechos humanos.
Restaure el esquema de seguridad de Yarley Erasmo Marín López, líder de la Mesa Minera.
No Podemos Guardar Silencio… by Análisis Urbano Medellín
Adopten medidas efectivas y consultadas con los beneficiarios para garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales.
Informen sobre las acciones investigativas respecto a las amenazas recibidas por líderes sociales.
El comunicado finaliza responsabilizando al Estado colombiano y a la UNP por cualquier hecho que atente contra la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos en la región.
A.U.