Guayaquil (Ecuador), 20 de febrero de 2025.- Milton Rodríguez no ha podido regresar aún a su trabajo en una finca agrícola de la costa de Ecuador a la que le solía acompañar su hijo Miguel Ángel, de 14 años, desde que este murió acribillado a tiros el 30 de enero en un operativo policial y militar donde también quedó con serias heridas su otro hijo, Juan José, de 16.
El caso sucedido en el Guasmo, un populoso y humilde barrio del sur de la ciudad de Guayaquil, se ha sumado a las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas bajo el «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, causante de la escalada de violencia que afecta al país.
En la tarde de ese 30 de enero, cientos de policías y militares llegaron al Guasmo y, tras escuchar varias detonaciones, Rodríguez vio cómo su hijo Juan José le suplicaba ayuda. «Comenzó a gritar: ‘Papi, me dieron, papi, me hirieron, ayúdame, me muero'», recordó en una entrevista con EFE.
Lo mandó al hospital y se quedó buscando a Miguel Ángel, que había salido corriendo del parque del barrio donde se encontraba con otros amigos ante la llegada de los policías y militares. Lo encontraron malherido en el patio de una casa vecina tras haber recibido al menos cuatro disparos.
«(Al hospital) llegó bastante débil», rememoró Rodríguez, quien no volvió a ver a su hijo con vida, pues falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas. «Yo soy una persona muy fuerte, pero la tristeza embarga todo mi cuerpo y mi corazón», lamentó el padre.
Su hijo Juan José aún sigue hospitalizado a la espera de una operación, mientras que otro amigo de ellos, que quedó parapléjico tras los disparos que recibió, está encerrado en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y peligrosa de Ecuador.
Policía buscaba «terroristas»
La Policía señaló que la intervención tenía el objetivo de «afectar las operaciones» del grupo criminal Los Lagartos, una de las bandas criminales que el Gobierno catalogó como «terroristas» tras declarar hace un año al país bajo «conflicto armado interno».
Agregó que habían detenido a 16 personas por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas y que tres de ellos resultaron heridos «luego de un enfrentamiento armado».
Pero Rodríguez y su familia rechazan esa información. «Eran niños muy pobres, pero tampoco eran criminales como ellos indican, imputándoles armas que nunca han tenido. Yo doy fe de que mis niños no son aquello», señaló el padre, que se llevaba a sus hijos al trabajo precisamente para evitar que sean reclutados por los grupos criminales que acechan la zona.
«Esto debe parar»
«Yo pido justicia para mi hijo y para todos los niños que han perdido su vida de esta manera. No sé qué va a hacer el presidente, pero esto debe parar. No pueden seguir matando a los niños así», añadió.
Con la ayuda de sus vecinos y parientes, Rodríguez ha podido reconstruir lo que sucedió esa tarde y mostró a EFE el camino que hicieron sus hijos para esconderse de las balas, que los alcanzaron detrás de su vivienda de materiales mixtos, que colinda con un ramal de estero. Los agujeros de las balas permanecen en varias partes de su vivienda.
La Policía pidió investigar si las armas que mataron a Miguel Ángel pertenecían a la institución, y que, si se determinaba aquello, que la Justicia analice las circunstancias en las que se utilizaron.
Asesinatos y desapariciones forzadas
Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y de Rodríguez, señaló que este caso, que enmarcan en una ejecución extrajudicial, es un «ejemplo emblemático» de «cómo están operando los agentes del Estado».
Dijo que la Fiscalía registra más de 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales desde que se declaró el «conflicto armado interno», 83 investigaciones por tortura, 223 por extralimitación en el uso de la fuerza y 8 de desaparición forzada, aunque ellos creen que hay más.
«Hemos identificado el triple de casos de desapariciones. 27 víctimas solo en la costa y sin levantar la tapa de la olla», dijo el abogado, quien agregó que las familias llegaron a ellos después de que se hiciera pública la desaparición forzada y posterior asesinato de cuatro niños afroecuatorianos, a quienes se les perdió el rastro tras ser detenidos irregularmente en diciembre por una patrulla militar en Guayaquil.
«El 2024 fue el año más violento con relación a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado», concluyó Bastias.
EFE