Colombia, 24 febrero de 2025.- Desde la ONG CORPADES (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social) planteamos que desde antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), las comunidades del Nordeste Antioqueño, el Magdalena Medio, el Sur de Bolívar, César y Santander han vivido una paradoja dolorosa por los espacios vacíos del Estado aprovechados estratégicamente por todos los actores armados ilegales.
Por lo menos para estas comunidades, la anhelada paz no ha llegado. Han sido testigos de una escalada de violencia provocada por las constantes confrontaciones entre grupos armados ilegales, como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las denominadas Disidencias de las FARC y otras estructuras armadas ilegales.
Esta estructura mantiene una secuencia lógica, comenzando con el contexto histórico y social, seguido de la descripción del conflicto actual que enfrentan las comunidades.
Al respecto, las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, a las cuales la institucionalidad ha prestado poca atención, y los datos recopilados revelan que aproximadamente 150 mil personas podrían estar en alto riesgo de convertirse en víctimas de una crisis humanitaria inminente. Esta crisis se ha venido trasladando desde el Catatumbo, aunque ya tenía raíces en esta región en disputa.
Las advertencias, que datan desde 2018 hasta 2024, han sido desoídas por los diferentes gobiernos, desde el segundo mandato de Juan Manuel Santos, pasando por el gobierno de Iván Duque, hasta el actual de Gustavo Petro, dejando a estas zonas al borde del colapso.
La ausencia del Estado en esta región, disputada por el control territorial y las economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal, ha convertido estas zonas en un polvorín a punto de estallar.
Esta estructura separa claramente el diagnóstico del riesgo, el contexto histórico de las advertencias desoídas y las causas estructurales del conflicto, facilitando la comprensión del problema.
Contexto histórico: La débil implementación de la paz en la región
El Acuerdo de Paz de 2016 marcó un hito en la historia de Colombia al poner fin a más de cinco décadas de conflicto con las FARC-EP. Sin embargo, la reincorporación de esta guerrilla dejó vacíos de poder en regiones estratégicas como el Nordeste Antioqueño, el Magdalena Medio, el Sur de Bolívar, César, Santander y otras zonas que dominaron. Estos vacíos fueron rápidamente ocupados por grupos armados ilegales que, lejos de desaparecer, se reconfiguraron y fortalecieron.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mal llamado Clan del Golfo, emergió como una fuerza dominante que duplicó sus áreas de control territorial. Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC intensificaron su presencia. Al principio, estos grupos se disputaban territorios ricos en recursos naturales y corredores clave para el narcotráfico; sin embargo, actualmente operan bajo una débil alianza militar que podría colapsar en cualquier momento.
En el Nordeste Antioqueño, municipios como Segovia, Remedios y Anorí han sido históricamente escenarios de conflicto debido a su cercanía con el Bajo Cauca y su riqueza minera. En el Sur de Bolívar, la Serranía de San Lucas y la zona de influencia sobre el río Magdalena ofrecen un terreno ideal para actividades ilícitas, mientras que el Magdalena Medio, César y Santander sirven como nexos entre estas zonas y el resto del país.
La población, atrapada en medio de estas disputas, ha visto cómo su vida cotidiana se transforma en una lucha por la supervivencia, marcada por el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y las amenazas a líderes sociales.
Esta estructura mejora la narración al presentar primero el contexto general, seguido del análisis de los actores armados y su expansión territorial, para concluir con las consecuencias humanitarias sobre la población.
Una cronología de advertencias desoídas
Desde 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas, cada una más urgente que la anterior. Estos informes han documentado de manera sistemática la escalada de violencia y el riesgo creciente para las comunidades afectadas.
A pesar de la gravedad de estas advertencias, la respuesta institucional ha sido insuficiente, lo que ha permitido que los actores armados ilegales continúen ampliando su control territorial y ejerciendo violencia sobre la población. La falta de acciones efectivas ha dejado a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde de una crisis humanitaria que podría haberse prevenido.
Esta estructura refuerza la idea de que las advertencias no solo fueron ignoradas, sino que esa omisión tuvo consecuencias graves y evitables.
Alerta de Inminencia 021-18 (Antioquia y Bolívar) – 2018
Emitida en el contexto del posacuerdo, esta alerta destacó la confluencia de violencia entre el conflicto armado y el crimen organizado en los municipios de Yondó (Antioquia) y Cantagallo (Bolívar). Tras la salida de las FARC-EP, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) comenzaron a disputarse el control de estas zonas, lo que generó un grave impacto en las comunidades campesinas y mineras.
La particularidad de esta alerta radicó en su énfasis en la vulneración sistemática de los derechos humanos, incluyendo extorsiones y restricciones a la movilidad. Estas dinámicas sentaron las bases para una crisis humanitaria más amplia en la región.
Esta versión refuerza la secuencia lógica de los hechos, resaltando el contexto, los actores armados involucrados y las consecuencias humanitarias.
Alerta de Inminencia 012-19 (Bolívar) – 2019
Centrada en el municipio de Santa Rosa del Sur, esta advertencia denunció el reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte del Frente Guillermo Ariza del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta práctica no solo constituía una grave violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), sino que también amenazaba el tejido social al involucrar a menores como combatientes e informantes.
La alerta evidenció cómo la violencia se estaba incrustando en las nuevas generaciones, lo que incrementa el riesgo de perpetuar el conflicto y agrava las consecuencias a largo plazo para la región.
Esta reorganización prioriza la claridad al presentar primero el hecho central (reclutamiento forzado), seguido de sus implicaciones legales y sociales, y finaliza con el análisis de sus repercusiones a largo plazo.
Alerta Estructural 010-19 (Bolívar) – 2019
En los municipios de Achí, Montecristo y San Jacinto del Cauca, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), a través de los bloques Herlin Pinto Duarte y Luis Fernando Gutiérrez, junto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), imponían su dominio mediante amenazas y retaliaciones.
La particularidad de esta alerta radicó en el control territorial ejercido por estos grupos armados, lo que restringía la libertad de movimiento y convertía a la población civil en objetivo de enfrentamientos.
Esta advertencia marcó un punto de inflexión al evidenciar la consolidación del EGC como una fuerza militar dominante en la región.
Esta estructura mejora la comprensión al presentar primero el contexto y los actores involucrados, luego el impacto en la población civil y, finalmente, la relevancia estratégica de la alerta.
Alerta Estructural 025-20 (Bolívar) – 2020
Esta alerta abarcó 13 municipios del Sur de Bolívar, incluyendo Altos del Rosario, Arenal, Barranco de Loba y Tiquisio. Además de la presencia del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se identificó una nueva estructura denominada “Los Venecos”, junto con grupos locales de delincuencia, lo que configuró un escenario de violencia multidimensional.
La alerta destacó el alto riesgo de desplazamiento masivo y el uso de minas antipersonal, prácticas que asfixiaban a las comunidades al restringir su movilidad y limitar su acceso a recursos básicos.
Esta reorganización prioriza la presentación clara del contexto territorial, los actores involucrados y las principales afectaciones a la población, facilitando la comprensión del riesgo humanitario.
Alerta de Inminencia 018-21 (Bolívar) – 2021
En los municipios de Arenal, Montecristo, Morales y Santa Rosa del Sur, la pugna entre las Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) escaló a niveles críticos.
Los enfrentamientos armados amenazaban con desplazar a miles de habitantes, mientras que la alerta subrayó la falta de respuesta estatal como un factor determinante en el deterioro de la situación.
La particularidad de esta advertencia radicó en la intensificación del conflicto, pese a los años de advertencias previas, lo que evidenció el agravamiento de la crisis humanitaria en la región.
Esta reorganización presenta el contexto territorial y los actores armados, seguido de las consecuencias humanitarias y la falta de acción estatal, concluyendo con la relevancia histórica de la alerta.
Alerta Estructural 023-22 (Antioquia) – 2022
En los municipios de Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia y Vegachí, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través del Frente Darío Ramírez Castro, las Disidencias de las FARC (Frentes 4 y 36) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con bloques como Jorge Iván Arboleda Garcés, competían ferozmente por el control territorial.
Esta alerta destacó el alto riesgo de violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo asesinatos selectivos y desplazamientos forzados, en una región estratégica debido a su conexión con el Bajo Cauca y el Magdalena Medio.
Esta reorganización presenta de forma clara los actores armados, el contexto geográfico estratégico y las principales amenazas humanitarias, facilitando la comprensión integral del escenario de riesgo.
Alerta Estructural 019-23 (Nacional) – 2023
Con un alcance nacional que incluyó a los departamentos de Bolívar y Antioquia entre 706 municipios, esta alerta se centró en los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes sociales.
La violencia ejercida por los grupos armados silenciaba a quienes representaban a las comunidades, dejando a la población sin protección ni mecanismos de defensa frente a las amenazas.
La particularidad de esta alerta radicó en su enfoque en la persecución sistemática de liderazgos sociales, un factor que agrava la vulnerabilidad general y debilita el tejido social en las regiones afectadas.
Esta reorganización prioriza el contexto territorial y temático, seguido del impacto social y la relevancia específica de la alerta, facilitando una comprensión más clara de su gravedad.
Alerta Estructural 034-23 (Bolívar)
En los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, la coexistencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Disidencias del Bloque Magdalena Medio generó un ambiente de terror.
La consolidación del EGC como fuerza dominante y el reposicionamiento estratégico de las disidencias intensificaron las amenazas, con un enfoque particular en el control de la minería ilegal y las rutas del narcotráfico.
Esta reorganización mejora la comprensión al presentar primero el contexto territorial y los actores armados, seguido del análisis de sus dinámicas de poder y las actividades ilícitas que incrementan el riesgo para las comunidades.
Alerta Estructural 003-24 (Bolívar) – 2024
La alerta más reciente, dirigida a los municipios de Achí, Altos del Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, San Jacinto del Cauca, San Martín de Loba y Tiquisio, señaló la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como una amenaza inminente.
Las restricciones a la libertad de movimiento y el alto riesgo de desplazamientos masivos reflejaron un deterioro continuo en la región, donde las comunidades permanecen atrapadas bajo el yugo de los grupos armados ilegales.
Esta reorganización presenta de forma clara el contexto territorial, la amenaza principal y sus consecuencias humanitarias, facilitando la comprensión del riesgo actual en la zona.
150 mil personas en alto riesgo: una estimación conservadora
Según el análisis basado en las alertas tempranas y la densidad poblacional de las zonas afectadas, se estima que al menos 150 mil personas están en alto riesgo en estas regiones.
En el Sur de Bolívar, municipios como Santa Rosa del Sur, Morales y Simití albergan comunidades rurales que superan las 50 mil personas directamente expuestas a la violencia. En el Nordeste Antioqueño, Segovia y Remedios, con poblaciones significativas, suman otras 40 mil personas en riesgo. Por su parte, el Magdalena Medio, César y Santander aportan el resto, debido a su ubicación estratégica y la presencia de grupos armados.
El cálculo considera factores clave, como el desplazamiento masivo —reportado en miles por enfrentamientos recientes—, el reclutamiento forzado —que afecta a cientos de menores anualmente— y las restricciones a la movilidad —que impactan a decenas de miles de personas—.
Aunque estas cifras son mesuradas, reflejan una realidad alarmante: sin una intervención inmediata, el número de víctimas podría multiplicarse exponencialmente.
Esta reorganización mejora la claridad del texto al presentar primero la estimación general, luego desglosar los datos por región y, finalmente, explicar los factores de riesgo, concluyendo con un llamado de alerta contundente.
Particularidades regionales: un mosaico de violencia
Nordeste Antioqueño
Esta región, debido a su cercanía con el Bajo Cauca, se ha consolidado como un corredor clave para el narcotráfico y la minería ilegal. El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) domina amplias zonas, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han establecido una alianza estratégica militar en áreas rurales de Anorí, Remedios y Segovia.
El reclutamiento forzado de menores y el uso de minas antipersonal son prácticas comunes en la zona, lo que expone a la población a amenazas constantes y vulnera gravemente sus derechos fundamentales.
Esta reorganización presenta primero el contexto estratégico de la región, seguido de la distribución del control territorial entre los grupos armados y, finalmente, describe las principales afectaciones humanitarias.
Magdalena Medio
Esta zona, que conecta los departamentos de Antioquia, Bolívar y Santander, se ha convertido en un punto de confluencia para el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Municipios como Yondó viven bajo el control de grupos armados que extorsionan a mineros y comerciantes, mientras que la falta de infraestructura estatal agrava aún más la vulnerabilidad de las comunidades locales.
Sur de Bolívar
La riqueza minera de la Serranía de San Lucas y el acceso estratégico al río Magdalena hacen de esta región un territorio codiciado. El EGC, junto al ELN y las disidencias de las FARC, añaden presión con enfrentamientos esporádicos. El desplazamiento masivo sigue siendo una constante, y las proyecciones indican que este fenómeno podría recrudecerse en 2025 si no se toman medidas urgentes.
César y Santander
Aunque estos departamentos se han visto menos afectados por enfrentamientos directos, son corredores estratégicos hacia el Catatumbo y el Caribe. La presencia del ELN y el EGC continúa generando confinamientos y amenazas, especialmente en las zonas rurales donde el Estado no logra consolidar su presencia, dejando a las comunidades a merced de los actores armados.
Un polvorín a punto de estallar
La intensificación de la violencia en estas regiones revela un patrón claro: la omisión estatal ha permitido que las disputas territoriales se traduzcan en un cerco de terror para la población. Las alertas tempranas destacan prácticas alarmantes, como el uso de minas antipersonal, el desplazamiento masivo —incluyendo las 560 familias desplazadas en Santa Rosa del Sur en 2023— y el asesinato de líderes sociales, entre ellos Elmer Lenin Guerra en Segovia y Narciso Beleño en Santa Rosa del Sur.
Estos elementos configuran una bomba de tiempo humanitaria que podría replicar crisis recientes como las del Chocó o el Catatumbo. La riqueza mineral y las rutas del narcotráfico son el combustible que alimenta este conflicto. En el Sur de Bolívar, la minería ilegal continúa atrayendo al EGC y al ELN, mientras que en el Nordeste Antioqueño, su ubicación estratégica incrementa las tensiones entre los grupos ilegales. Sin una presencia estatal efectiva, las comunidades seguirán a merced de estos actores armados, que operan con total impunidad.
Comunidades claman por la presencia estatal
Las comunidades afectadas y las alertas tempranas coinciden en una súplica urgente: el Estado debe actuar. La falta de seguridad, protección y desarrollo está empujando a estas regiones hacia un colapso humanitario. Implementar medidas como el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la atención humanitaria inmediata y programas de desarrollo económico sostenible podría mitigar el riesgo inminente.
Sin embargo, la inacción persistente sugiere que el abandono estatal va más allá de una simple omisión: se está convirtiendo en una condena. El Presidente de la República, los gobernadores de Antioquia, Bolívar, César y Santander, y las Fuerzas Armadas deben priorizar estas zonas antes de que se conviertan en epicentros de una tragedia humanitaria. Las voces de 150 mil personas en alto riesgo no pueden seguir siendo ignoradas.
Informe completo Nordeste Antioqueño y Sur de Bolívar podrían enfrentar crisis humanitaria peor que la del Catatumbo