Colombia2020 conoció un documento del comité de ética del partido FARC, en el que se revela que son nueve los militantes investigados, dentro de los cuales están los cuatro nombres que, según algunos medios de comunicación, habrían sido expulsados de la colectividad: Ubaldo Enrique Zúñiga (Pablo Atrato); Benedicto de Jesús González; Jesús Emilio Carvajalino (Andrés París) y José Benito Cabrera (Fabián Ramírez). Los otros nombres, según el documento, están investigados, pero el comité no ha solicitado su expulsión sino otras sanciones: Israel Zúñiga Iriarte (Benkos Biohó), actualmente congresista; Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez); Juan Ermilio Álvarez y Griselda Lobo (Sandra Ramírez), también congresista.
Aunque cada uno tiene una o dos quejas, lo cierto es que, a excepción de Sandra Ramírez y Juan Ermilio Álvarez, los otros en general están acusados de dividir al partido y de alentar una reincorporación paralela. Los dos temas son puntos de debate profundo al interior del partido, pues para los llamados “divisionistas” la reincorporación económica de los exguerrilleros se desdibujó con la ruta firmada, a finales del años pasado, entre el actual Gobierno y la dirección del partido Farc. “Esa propuesta fue la que rechazamos en La Habana y por eso nos demoramos en construir una ruta que quedó escrita en el Acuerdo de Paz: la reincorporación colectiva”, dijo Ubaldo Zúñiga en entrevista con este diario.
Zúñiga, quien es el actual presidente de las Economías Solidarias del Común (Ecomún), la organización que se creó para la reincorporación colectiva de los exguerrilleros, dijo que el proceso del comité de ética es una retaliación porque durante el consejo de administración impulsó y triunfó su propuesta de cambiar al gerente de Ecomún. Más allá de las peleas internas de ese partido, Zúñiga habló de amenazas contra su vida, defendió el Acuerdo de Paz y rechazó cualquier señalamiento que lo vincule con quienes se rearmaron.
¿Por qué se dice que usted y tres militantes más del partido Farc fueron expulsados?
Lo primero que hay que señalar es que a mí nadie me ha oficiado que fui expulsado del partido. Se han conocido noticias de prensa, pero ni la comisión de ética ni la dirección del partido me ha informado. Lo segundo, es que hace dos meses se me abrió un proceso disciplinario en la comisión de ética. Yo hago parte del consejo de administración de Economías Sociales del Común (Ecomún) y, por mayoría, cambiamos al gerente. Y lo cambiamos porque es potestad del consejo de administración, según los estatutos y la ley, cuando este no funciona. Eso causó un revuelo al interior de la dirección del partido y me abrieron un disciplinario por una queja que presentó alguien por esa situación. Me llamaron un día a que fuera a rendir informes y que tales, pero yo no podía porque ese día tenía una reunión con las cooperativas en Cali y, sin embargo, envié una nota por escrito señalando que pusieran otra fecha. Eso nunca sucedió.
También se ha dicho que es una disputa entre la línea de “Iván Márquez” y la de “Timochenko”.
No tengo ninguna posición alrededor de personas, obedezco los intereses colectivos; defiendo plenamente el Acuerdo de Paz; estoy en proceso de reincorporación y no tengo nada que ver con esas otras situaciones que se han venido presentando. Eso hay que dejarlo claro. Lo cierto es que hay un sector que se hace llamar “el núcleo”, al interior de la dirección del Consejo Político Nacional, que señala, a todo el que no comparte sus posiciones, como un disidente, generando un sofisma para distraer la discusión de fondo que es de carácter político.
¿Cuál es esa discusión de fondo, según usted?
El modelo de reincorporación que se aprobó en el Acuerdo de Paz y el cual hay que defender. A finales del año pasado, el Consejo Nacional de Reincorporación (CRN) (compuesto por dos miembros de las Farc y dos miembros del Gobierno), aprobó una nueva ruta de reincorporación. Una ruta individual que riñe totalmente con lo que está establecido en el Acuerdo. Es lo que no quisimos aceptar en La Habana, estuvimos todo el tiempo en contra de esa propuesta y por eso se definió una reincorporación colectiva en donde pudiéramos trabajar en los territorios, con la gente, que es una propuesta de economía distinta. Entonces, si firman una cosa de reincorporación totalmente opuesta a lo que estaba acordado, esa es una de las contradicciones fundamentales que tenemos.
Israel Zúñiga, su hermano y también congresista del partido Farc también aparece en el documento de la comisión de ética. ¿Qué sucedió con él?
Sí, porque en la reunión del consejo de administración de Ecomún el hombre defendió la posición de que dicha organización es independiente y autónoma respecto al partido. Por eso empezaron a investigarlo.
¿En qué discrepan de la ruta que firmó Farc y el gobierno Duque?
En enero pasado publicaron la resolución de la ARN (Agencia para la Reincorporación y Normalización) para definir esa nueva ruta y, de tajo, sacaron a Ecomún de la reincorporación de los exguerrilleros. No hay una sola palabra que diga Ecomún. Dice que será una ruta individual, cosa que resuelve en menos de seis meses.
¿Por qué era tan importante, por ejemplo, que Ecomún estuviese en la ruta de reincorporación de los excombatientes?
Para que los proyectos priorizados sean los colectivos y haya una reincorporación económica sostenible en el tiempo. Pero sin tierra, no hay nada. La mayoría de las cooperativas lo están haciendo de manera colectiva, pero no hay tierra. A cada una de esas asociaciones han concertado préstamos, han firmado comodatos o pagan arriendo para poder ejecutar algo, ese es un problema que tenemos. El gobierno anterior supuestamente había dejado un fondo para la compra de tierras. Localizamos unos sitios, había oferta de venta y nunca cumplieron.
¿Qué ha pasado con Ecomún y la reincorporación económica de los exguerrilleros?
Hoy tenemos 110 organizaciones asociadas a Ecomún en todo el país, de las cuales, el 80% son cooperativas, otras asociaciones y corporaciones. Ecomún todavía está en proceso porque no ha sido fácil. Por ejemplo, para que el Banco Agrario nos abriera una cuenta de ahorros pasaron seis meses después de la solicitud; ese mismo banco y Bancolombia se negaron a abrirnos una cuenta corriente; el Banco de Bogotá finalmente nos abrió una cuenta hace cuatro meses para poder recibir unos fondos de la Unión Europea para un proyecto piscícola. O sea, es una conspiración del establecimiento y alguna parte del sector privado contra el funcionamiento de Ecomún. Pero nosotros insistimos y creemos que el acuerdo tiene unas bases fundamentales para lograr la paz estable y duradera.
Según cifras oficiales, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) ha aprobado 52 proyectos colectivos y 500 individuales para los exguerrilleros.
Sí, pero somos 13 mil reincorporados y en ese mismo consejo están represados 250 proyectos colectivos que agrupan a mucha más gente. Por ejemplo, el proyecto de Caldono (Cauca), que es de los más grandes, tiene afiliados a 400 excombatientes que invirtieron sus ocho millones de pesos en la cooperativa. Ellos están sembrando aguacate Hass, están montando una porqueriza y están con un proyecto de piscicultura. Sin embargo, los resultados del aguacate se dan en cuatro años; los cerdos, que es lo más cercano, demoran casi un año; los peces mínimo nueve meses. Además, es gente que está alquilando la tierra, comprando los materiales e insumos.
¿Cuál es su radiografía del Acuerdo de Paz después de casi tres años de la firma en La Habana?
La verdad es que todos creíamos que esto iba a ser difícil, sobre todo por el incumplimiento que se preveía por parte del establecimiento. Y las diferencias internas nos han perjudicado aún más. Hay muchas razones para pensar que siguen haciendo trizas el Acuerdo de Paz, pero nosotros insistimos en la posibilidad de rescatarlo de la mano de la gente hasta que se den cuenta que este este es un acuerdo amplio que cubre a la sociedad colombiana más allá de los exguerrilleros.
Usted ha denunciado que daría un paso al costado para que no lo asesinen. ¿A qué se refiere detalladamente?
Es que esta situación se vuelve compleja y uno no sabe qué pensar. Es que cuando uno tiene una posición diferente y automáticamente lo señalan como disidente, o que estamos haciendo relación con ellos, nos están poniendo la lápida en el pecho. Esa es una realidad y está ocurriendo. Además, empezaron a presionar de todas las formas: yo tengo escoltas y dos camionetas, y ya no dan los viáticos para moverse en los territorios. Además, empezaron a llamarme todos los días que dónde estoy, que para dónde voy, entonces nada está fácil. Sin embargo, yo lo que he dicho es que sigo en el partido, sigo en Ecomún, hasta que se den las asambleas correspondientes, pues a mí me eligió el Consejo Nacional de los Comunes en el congreso fundacional del partido.
¿Hay alguna amenaza concreta contra su vida?
Sí, sí, hay varias. Prácticamente atentaron contra mí a finales de 2017. En el Chocó varios sectores de los paramilitares me han amenazado, diciendo que no puedo llegar por allá. Me llegaron varias comunicaciones de ese tipo de las que tienen conocimiento las autoridades. Y entonces, con los compañeros del mismo partido tratando de insinuar que estamos en la disidencia, imagínese la situación que vivimos.
¿Qué piensa de Rodrigo Londoño y la dirección del partido Farc?
Tengo una opinión distinta a lo que mucha gente piensa. Yo creo que estos compañeros tienen el problema de que no han tenido el tiempo para asimilar los cambios. Ellos creen que todavía estamos en la lucha con armas, que pueden ir dándole órdenes a la gente. Antes estábamos en un ejército revolucionario y se entendía que las ordenes se cumplían y que esa era la orden; pero hoy estamos en un partido político y la relación es horizontal, no han entendido eso, y pretenden que sus opiniones deben cumplirse como digan y ahí es donde no nos entendemos.
Tomado de El Espectador
