24 años de cárcel por ataque a líder social y defensor de derechos humanos en Caquetá
Además de la condena de 24 años de prisión, el juzgado lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años. También le negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena.
CAQUETÁ-COLOMBIA, 21 de Septiembre de 2026- Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 24 años de prisión a Alejandro B. A. por su responsabilidad en el ataque contra un líder social, defensor de derechos humanos e integrante de organizaciones comunitarias y de minería tradicional de Puerto Rico, Caquetá.
Los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2024, cuando la víctima salía de su vivienda en compañía de su pareja. En ese momento fue abordada por Alejandro B. A., quien le disparó en varias ocasiones y posteriormente huyó del lugar en una motocicleta.
El líder social fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada.
Por estos hechos, Alejandro B. A. fue declarado responsable de los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas.
Además de la condena de 24 años de prisión, el juzgado lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años. También le negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena.
En la decisión judicial se emitió una orden de captura contra Alejandro B. A. para que cumpla la condena en un centro penitenciario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.