Alias El Costeño acusado por homicidio de empresario mexicano en Medellín
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MEDELLÍN, COLOMBIA. (20 NOV 2025) – La Fiscalía General de la Nación formuló cargos contra Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño” o “Chipi”, y David Acosta Díaz, por su presunta participación en el asesinato del empresario mexicano Horacio Pérez Ledesma, ocurrido en julio del año anterior en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín.
El crimen fue catalogado por las autoridades como un acto de sicariato planeado con antelación. La víctima, un comerciante de 54 años dedicado a la venta de productos tecnológicos, fue atacada mientras se encontraba en un establecimiento comercial. Según la fiscal del caso, los implicados tenían pleno conocimiento de la ilegalidad de sus actos, lo que agravaría su situación penal.
Las investigaciones señalan que alias “El Costeño” y Acosta Díaz habrían viajado desde Bogotá hacia Medellín un día antes del homicidio con el propósito de coordinar y ejecutar el ataque. Por estos hechos, deberán enfrentar un juicio por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.
Este nuevo proceso se suma al que ya enfrenta alias “El Costeño” por su presunta implicación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por el cual permanece privado de la libertad. En cuanto a David Acosta Díaz, este permanece recluido en la cárcel de Acacías (Meta), donde responde por otro proceso judicial.
La Fiscalía continúa adelantando acciones para esclarecer las redes detrás de este crimen y determinar si existen conexiones adicionales con estructuras criminales organizadas que operan entre Bogotá y Medellín.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.