Álvaro Uribe rinde indagatoria por masacres de El Aro y La Granja pese a petición de su defensa
Álvaro Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía por El Aro y La Granja, pese a las solicitudes de su defensa para suspender la diligencia.
COLOMBIA 4 de septiembre de 2026 – El expresidente Álvaro Uribe Vélez acudió este viernes a la Fiscalía General de la Nación para rendir indagatoria dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja y otros hechos violentos ocurridos en Antioquia entre 1996 y 1998, periodo en el que se desempeñó como gobernador del departamento.
La diligencia se realizó pese a los intentos de la defensa del exmandatario por conseguir su suspensión. El abogado Jaime Granados había presentado comunicaciones ante la Fiscalía argumentando, entre otros aspectos, que debía esperarse una decisión de la Corte Constitucional sobre cuál autoridad tiene competencia para continuar con el proceso.
Según información publicada por Publimetro Colombia, el expediente unificado comprende las masacres de La Granja, El Aro y hechos ocurridos en San Roque, además del homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. La Fiscalía busca determinar si existió alguna responsabilidad del exgobernador frente a las actuaciones de estructuras paramilitares durante ese periodo.
Las hipótesis que son objeto de investigación incluyen posibles actuaciones, omisiones o conocimiento previo de acciones ilegales. Uribe ha rechazado reiteradamente cualquier vínculo con grupos paramilitares y ha negado responsabilidad en los hechos investigados.
La masacre de La Granja ocurrió en junio de 1996, en Ituango, cuando integrantes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) ingresaron al corregimiento y asesinaron a cuatro personas después de señalarlas de tener presuntos vínculos con las guerrillas.
Más de un año después, en octubre de 1997, integrantes de esa misma estructura paramilitar incursionaron en El Aro, también en Ituango. Durante los hechos fueron asesinados habitantes de la zona, se produjeron desplazamientos y fueron destruidos inmuebles.
La Fiscalía analiza si desde la Gobernación de Antioquia existió algún tipo de participación, conocimiento u omisión frente a esos acontecimientos. Uribe ha negado de manera sistemática esa hipótesis y sostiene que no tuvo relación con las acciones de los paramilitares.
Otro componente del expediente corresponde a una incursión ocurrida en San Roque en septiembre de 1996. En esta línea se analiza el contexto de la hacienda Guacharacas, propiedad que perteneció a la familia Uribe Vélez, y su posible relación con las dinámicas de las estructuras paramilitares que operaban en el nordeste antioqueño.
La investigación también incluye el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, cometido en Medellín el 27 de febrero de 1998. El defensor de derechos humanos había denunciado públicamente la violencia que se registraba en Ituango y había advertido sobre presuntos nexos entre estructuras paramilitares e integrantes de la fuerza pública.
Dentro del sumario, la Fiscalía analiza la posible comisión del delito de concierto para delinquir en relación con El Aro, La Granja y San Roque, además del homicidio de Valle bajo la tipificación de homicidio en persona protegida. Será el desarrollo del proceso el que determine si existen elementos suficientes para avanzar judicialmente contra el expresidente.
Horas antes de la diligencia, la defensa insistió en conseguir un aplazamiento. Jaime Granados planteó dos argumentos principales: el conflicto sobre cuál autoridad debe investigar a Uribe y la necesidad de contar con más tiempo para estudiar una reciente declaración del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
La controversia de competencia surgió después de que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclamara el conocimiento del expediente. La defensa considera que algunos de los hechos que son objeto de investigación podrían extenderse hasta el periodo presidencial de Uribe y que, bajo esa interpretación, correspondería a esa instancia del Congreso conocer el proceso.
La Fiscalía no compartió esa tesis y la discusión sobre la competencia llegó a la Corte Constitucional, que deberá determinar si el expediente permanece en el ente acusador o debe pasar a la Comisión de Acusación.
Según la información recogida por Diario del Huila sobre la estrategia de la defensa, Granados pidió que la indagatoria fuera suspendida mientras se resolvía esa controversia. La solicitud, sin embargo, no impidió que la diligencia se desarrollara este viernes.
La defensa presentó además una nueva petición relacionada con la declaración entregada por Salvatore Mancuso ante la Fiscalía. Los abogados argumentaron que necesitaban tiempo adicional para analizar el contenido de ese testimonio antes de que Uribe rindiera su versión.
La solicitud se produjo pese a que representantes de la defensa participaron en la diligencia de Mancuso y habían tenido previamente contacto con el exjefe paramilitar durante este año.
El testimonio de Mancuso hace parte del conjunto de elementos que deberá valorar la Fiscalía. Las afirmaciones realizadas por antiguos integrantes de estructuras paramilitares constituyen material dentro del expediente, pero no determinan por sí mismas la responsabilidad penal del expresidente.
Antes de ingresar a la Fiscalía, Uribe volvió a rechazar públicamente los señalamientos. El exmandatario manifestó que comparecía por respeto a la Constitución, su familia, sus compatriotas y la justicia, y aseguró: “hoy acudo a decir que no he sido asesino”.
La indagatoria se desarrolla bajo las reglas de la Ley 600 debido a la época en la que ocurrieron los hechos. Este procedimiento permite que la persona investigada entregue su versión sin prestar juramento y ejerza su derecho de defensa.
La comparecencia tampoco significa que Uribe haya sido declarado responsable de las masacres ni de los demás delitos investigados. La Fiscalía deberá continuar examinando testimonios, documentos y otros elementos probatorios antes de definir el rumbo del expediente.
Después de la indagatoria, el ente acusador podrá ordenar nuevas diligencias y continuar recopilando pruebas. Posteriormente deberá determinar, conforme al procedimiento aplicable, si existen elementos suficientes para avanzar dentro del proceso o si corresponde adoptar una decisión que ponga fin a la investigación.
Casi tres décadas después de los hechos, los expedientes de El Aro, La Granja, San Roque y Jesús María Valle vuelven así al centro del escenario judicial con la declaración del expresidente y una disputa paralela sobre cuál autoridad tiene competencia para continuar investigándolo.
Con información de Publimetro Colombia y Diario del Huila.
A.U.