Años de presunto maltrato terminaron ante un juez: hombre fue enviado a prisión
Según la Fiscalía, desde 2024, cuando la mujer se encontraba esperando a su segundo hijo, habrían comenzado diferentes episodios de violencia intrafamiliar. La investigación señala que la víctima habría sido sometida a agresiones físicas, insultos, control económico y restriccion
La investigación documenta presuntas agresiones físicas y psicológicas contra una mujer y sus dos hijos. Un juez consideró necesaria una medida de aseguramiento carcelaria.
RISARALDA, COLOMBIA 8 de agosto de 2026 – Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Diego Alejandro G. T., señalado por la Fiscalía de presuntamente ejercer violencia contra su compañera sentimental y sus dos hijos durante un periodo prolongado de convivencia.
De acuerdo con la investigación del ente acusador, la pareja inició su relación en 2023 y convivió durante aproximadamente tres años y medio en Manizales, Santa Rosa de Cabal y posteriormente en el barrio Mirador de Llano Grande, en Pereira.
Según la Fiscalía, desde 2024, cuando la mujer se encontraba esperando a su segundo hijo, habrían comenzado diferentes episodios de violencia intrafamiliar. La investigación señala que la víctima habría sido sometida a agresiones físicas, insultos, control económico y restricciones para relacionarse con su familia.
El procesado también habría ejercido control sobre la forma de vestir de la mujer y, presuntamente, habría dañado su teléfono celular y limitado el acceso a sus redes sociales. Según la denuncia, en algunas oportunidades también la habría dejado encerrada dentro de la vivienda.
La Fiscalía indicó que los dos menores también habrían sido víctimas de violencia psicológica y de amenazas, situaciones que forman parte del material investigado por las autoridades.
Uno de los episodios más graves habría ocurrido el 15 de febrero de 2026, cuando, según la investigación, Diego Alejandro G. T. presuntamente agredió a la mujer y le ocasionó una fractura en el brazo izquierdo. La Fiscalía sostiene que posteriormente habría amenazado a la víctima y a sus hijos.
Otro presunto episodio se habría presentado en abril, cuando el procesado habría intimidado nuevamente a la mujer. La investigación también documenta supuestas amenazas contra los menores.
El 10 de mayo, la mujer logró enviar a su madre fotografías de las lesiones que presentaba. Según el ente acusador, al día siguiente habría ocurrido una nueva agresión en la vivienda.
La Policía Nacional y la Comisaría de Familia intervinieron en el caso. Posteriormente, por temor a nuevas agresiones, la mujer se trasladó junto con sus hijos hasta el municipio de Villamaría, Caldas.
De acuerdo con información entregada por sus familiares a los investigadores, el procesado presuntamente habría sido visto cerca de la vivienda donde permanecían la mujer y los menores. Para la Fiscalía, esta situación representaba un riesgo para su integridad.
La Fiscalía 25 Local Cavif de Pereira imputó a Diego Alejandro G. T. el delito de violencia intrafamiliar agravada. El procesado no aceptó el cargo.
Ante los hechos investigados y el riesgo señalado por el ente acusador, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad.
El Juzgado Primero Penal Promiscuo de La Virginia acogió la solicitud y ordenó que Diego Alejandro G. T. permanezca recluido en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.
La captura había sido realizada el viernes 31 de julio por investigadores de la Sijín de la Policía y funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes hicieron efectiva una orden emitida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira.
El procedimiento se llevó a cabo en vía pública de la vereda San José, sobre la vía que conduce hacia El Porvenir, en Pereira.
Diego Alejandro G. T. continúa vinculado al proceso y deberá responder ante la justicia por los hechos que le atribuye la Fiscalía, teniendo en cuenta que la imputación y la medida de aseguramiento no constituyen una sentencia condenatoria.
Según lo informado por Q’hubo Pereira.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.