Asegurado presunto homicida de sacerdote que huyó a Francia
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RISARALDA, COLOMBIA. (24 NOV 2025) – Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Julián Eduardo Cifuentes Gómez, señalado como el presunto responsable del homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe, párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira. El crimen ocurrió el 25 de abril de 2024 y el agresor intentó evadir la justicia huyendo a Francia, desde donde fue extraditado a Colombia.
Según la investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, Cifuentes Gómez se reunió con el sacerdote para concretar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta. Durante el encuentro, el procesado habría disparado en repetidas ocasiones contra la víctima y posteriormente arrojado su cuerpo en una zona rural del municipio de Belalcázar (Caldas), con el fin de ocultarlo.
Tras el hecho, el hombre presuntamente llevó el vehículo a un lavadero con la intención de eliminar rastros de sangre y otras evidencias. Cuatro días después del crimen, el 29 de abril de 2024, huyó del país hacia Francia. Sin embargo, fue ubicado gracias a una notificación roja de Interpol y capturado una vez fue extraditado a Colombia. Su aprehensión se efectuó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
El cuerpo del sacerdote fue localizado en septiembre de 2024, gracias al trabajo articulado entre el CTI de la Fiscalía y el Gaula de la Policía Nacional.
Durante las audiencias preliminares, un fiscal especializado de la Seccional Risaralda le imputó a Cifuentes Gómez los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El procesado aceptó los cargos en su contra.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.