EE. UU. amplía el proceso por el asesinato de Jovenel Moïse mientras comienza un nuevo juicio en Miami
El caso por el asesinato de Jovenel Moïse entra en una nueva fase en Miami con otro juicio, nuevos acusados y 18 imputados trasladados desde Haití.
ESTADOS UNIDOS, 29 de septiembre de 2026 – Cinco años después del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la justicia estadounidense abrió una nueva etapa en uno de los procesos más complejos derivados del magnicidio: mientras comenzó en Miami el juicio contra Christian Emmanuel Sanon, la investigación federal se amplió con nuevos acusados y con el traslado desde Haití de otro grupo de imputados.
France 24 plantea esta nueva fase como un posible giro dentro de un expediente que durante años ha buscado establecer no solo quiénes participaron directamente en el ataque del 7 de julio de 2021, sino también quiénes habrían financiado, organizado o facilitado la conspiración.
El proceso que comenzó el 28 de septiembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Miami tiene como principal acusado a Christian Emmanuel Sanon, médico y pastor haitiano-estadounidense que residía entre Haití y Florida.
Infobae detalla que Sanon enfrenta ocho cargos y se declaró no culpable. Entre las acusaciones está la conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, delito por el que podría recibir una condena de cadena perpetua.
También afronta cargos relacionados con el envío ilegal de chalecos antibalas hacia Haití y con la presunta entrega de información engañosa sobre ese cargamento.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Sanon participó en un proyecto que buscaba sacar del poder a Moïse y que comenzó a organizarse desde el sur de Florida.
Según la acusación, en abril de 2021 Sanon se reunió con un exsenador haitiano y empresarios estadounidenses para discutir un cambio de gobierno. Los fiscales sostienen que, si el plan tenía éxito, empresas vinculadas con sus organizadores podrían obtener contratos relacionados con infraestructura, seguridad y equipamiento.
La estructura habría contratado inicialmente a ciudadanos colombianos con formación militar para brindar seguridad a Sanon.
Con el avance del complot, sin embargo, los organizadores habrían concluido que Sanon no reunía las condiciones necesarias para asumir la Presidencia haitiana y posteriormente respaldaron a otra persona.
La Fiscalía afirma que un plan inicialmente orientado a detener y sacar del poder a Moïse terminó transformándose en una conspiración para asesinarlo.
El mandatario fue atacado durante la madrugada del 7 de julio de 2021, cuando hombres armados ingresaron a su residencia en las afueras de Puerto Príncipe. Moïse murió y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
La causa tiene jurisdicción estadounidense debido a que, de acuerdo con los documentos judiciales, una parte de la planificación, financiación y logística del complot se desarrolló en el sur de Florida.
El nuevo juicio coincide con una ampliación considerable de la investigación.
En agosto, un gran jurado federal presentó una nueva acusación contra 30 personas adicionales, extendiendo las pesquisas hacia otros presuntos participantes y hacia las fuentes de financiación de la operación.
En ese contexto, Estados Unidos trasladó desde Haití a otro grupo de 18 imputados para que comparezcan ante la justicia federal en Florida.
La República informó sobre el operativo y recogió las declaraciones del fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, quien aseguró que el trabajo de las autoridades no terminó con quienes planearon y ejecutaron directamente el asesinato.
El fiscal sostuvo que la investigación continuará siguiendo las evidencias hacia quienes presuntamente financiaron, facilitaron o respaldaron el complot, así como hacia quienes habrían cometido otros delitos para hacerlo posible.
Brett Skiles, agente especial a cargo del FBI en Miami, también señaló que las nuevas actuaciones buscan llevar ante los tribunales a todas las personas que presuntamente intentaron beneficiarse económicamente del asesinato de un jefe de Estado.
Existe, sin embargo, una precisión sobre la composición del grupo trasladado.
Aunque La República presentó inicialmente a los trasladados como 18 exmilitares colombianos, la información más reciente de la causa identifica a 17 colombianos y a Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití señalado por las autoridades estadounidenses como una de las figuras relevantes de la presunta conspiración.
El traslado fue realizado por agentes del FBI y de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
La ampliación del expediente también abrió una línea relacionada con la financiación.
Los fiscales sostienen que parte del dinero utilizado para respaldar el complot habría provenido de recursos obtenidos fraudulentamente mediante programas estadounidenses de ayuda económica creados durante la pandemia de covid-19.
La acusación rastrea unos 343.000 dólares obtenidos presuntamente mediante préstamos gubernamentales fraudulentos que habrían terminado vinculados a la financiación de la operación.
El proceso estadounidense ya ha dejado varias condenas.
En mayo, después de un juicio de casi nueve semanas, un jurado declaró culpables a Antonio Intriago, Arcángel Pretel Ortiz, Walter Veintemilla y James Solages por delitos relacionados con la conspiración contra Moïse. Los cuatro podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua.
Otros procesados se habían declarado culpables anteriormente y algunos ya cumplen largas condenas.
Sanon debía inicialmente ser juzgado junto con los cuatro hombres, pero su proceso fue separado en marzo debido a problemas de salud.
Ahora enfrenta individualmente un juicio en el que la Fiscalía convocó a decenas de testigos, entre ellos personas ya condenadas, investigadores del FBI, especialistas forenses y Martine Moïse.
La defensa, por su parte, sostiene que Sanon no conocía el plan para asesinar al presidente y que quedó apartado de las decisiones que finalmente condujeron al magnicidio.
Mientras el proceso avanza en Miami, la investigación haitiana continúa enfrentando dificultades.
Jueces encargados del expediente han abandonado investigaciones debido a amenazas y la violencia de las bandas armadas ha afectado el funcionamiento del sistema judicial. Haití mantiene además su propio proceso por el asesinato.
El traslado de los nuevos imputados también provocó cuestionamientos del Consejo Superior del Poder Judicial haitiano, que objetó la entrega de personas que, según sostuvo, estaban sometidas a la autoridad de la justicia de ese país.
Cinco años después del magnicidio, el expediente estadounidense entra así en una fase que busca ampliar el alcance de las responsabilidades: además de los autores materiales y organizadores ya procesados, las autoridades pretenden determinar quiénes aportaron dinero, logística o apoyo para hacer posible el asesinato de Jovenel Moïse.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por las agencias de France 24, Infobae y La República.
A.U.