Balance 2025: masacres y asesinatos evidencian crisis de derechos humanos en Colombia
Pese al discurso gubernamental de “paz total”, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no se detuvo.
Masacres y desplazamientos agravaron la crisis humanitaria
Colombia, 2 enero de 2026.- Colombia cerró el 2025 como uno de los años más críticos para los derechos humanos en su historia reciente. El asesinato del líder social Pablo Flórez Narváez, ocurrido el 26 de diciembre en el municipio de Arboletes, Urabá antioqueño, simbolizó el dramático cierre de un año marcado por la violencia sistemática. Flórez fue atacado con arma blanca dentro de su vivienda, en el barrio San Agustín, apenas cinco días antes de finalizar el año.
Con este crimen, el país llegó a la alarmante cifra de 187 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2025. Sin embargo, este balance no motivó un pronunciamiento público del presidente Gustavo Petro, ni generó una reacción visible por parte del Ministerio del Interior o la Unidad Nacional de Protección (UNP), según denuncian organizaciones sociales.
De acuerdo con cifras de Indepaz, el número de líderes asesinados creció cerca de 8 % frente a 2024, cuando se registraron 173 homicidios. El suroccidente colombiano continúa siendo la región más afectada. Cauca encabeza la lista de asesinatos, seguido por Nariño y Putumayo, territorios atravesados por economías ilegales, disputas armadas y una geografía estratégica que los convierte en escenarios de alto riesgo, según el portal Rutas del Conflicto.
La fundación Sumapaz advirtió que Antioquia enfrenta una situación particularmente grave. En el departamento fueron asesinados 24 líderes sociales durante 2025. Líderes comunales, indígenas, campesinos, sindicales y ambientales siguen siendo blanco de actores armados ilegales y de intereses económicos que buscan controlar el territorio. Además, múltiples defensores han tenido que desplazarse por amenazas constantes.
Un discurso oficial alejado de la realidad
Pese al discurso gubernamental de “paz total”, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos no se detuvo. Sumapaz calificó la respuesta del Estado como insuficiente, señalando una desatención estructural, esquemas de protección tardíos y una burocracia que prioriza trámites sobre la vida. En ese contexto, cuestionó el desempeño de la UNP y del Ministerio del Interior, a los que acusó de falta de presencia real en los territorios rurales.
Para la ONG Corpades, el contraste entre el discurso oficial y la realidad es evidente. La organización advirtió que, además de los 187 líderes sociales asesinados, en 2025 se registraron 78 masacres, el asesinato de 37 firmantes de paz, miles de personas desplazadas forzadamente y otras tantas confinadas. Todo ello ocurrió, según Corpades, en medio de un gasto millonario en seguridad y protección que termina diluyéndose entre corrupción, derroche y burocracia.
Una violencia estructural que no cede
Las organizaciones coinciden en que la violencia contra líderes sociales no es un fenómeno aislado, sino estructural y político. Ejercer liderazgo comunitario en Colombia sigue implicando un riesgo extremo, agravado por la lenta respuesta judicial y la ausencia de estrategias eficaces de prevención.
Sumapaz recordó que el 6 de septiembre de 2023 el presidente Petro anunció un Plan de Emergencia para la Protección de Líderes Sociales, el cual, según la fundación, no pasó de ser una promesa sin resultados concretos. Para la organización, el mandatario “miró para otro lado” frente a una crisis que se profundizó en 2025.
Una paz fragmentada que no llegó
Corpades reconoció algunos avances parciales en escenarios de paz territorial, como el Espacio Sociojurídico en Doha, Catar, con el EGC, y los diálogos adelantados en la cárcel La Paz de Itagüí con estructuras del Valle de Aburrá. También destacó el diálogo con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF). No obstante, la ONG alertó sobre la lentitud del proceso de paz urbana y la falta de voluntad política para avanzar de forma integral.
Finalmente, Corpades insistió en la necesidad de una política de paz urbana y rural coherente, construida desde la realidad de los territorios y con un Estado unificado. La ONG advirtió que en Antioquia persiste una fragmentación institucional entre Fuerza Pública, Fiscalía, alcaldías, Gobernación y UNP, lo que debilita cualquier estrategia de protección.
De cara a 2026, las organizaciones expresaron preocupación por un año electoral complejo y por la persistencia de la violencia.
“Mientras no exista una política unificada entre la Fuerza Pública, la Fiscalía, las alcaldías, la UNP y las comunidades, el Estado seguirá llegando tarde. Y cuando el Estado llega tarde, llegan primero los grupos armados”, advirtió Albeiro Napoleón, en declaraciones a Rutas del Conflicto.
A.U.