Capturado en Santander por violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas
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ANTIOQUIA, COLOMBIA. (9 SEP 2025) – En una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un hombre señalado de agredir físicamente y amenazar con arma de fuego a su compañera sentimental en el municipio de Güepsa.
La diligencia de allanamiento y registro se realizó en el barrio San Marcos de Barbosa, donde unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) lograron la captura judicial del presunto agresor, quien deberá responder por los delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego.
La investigación permitió esclarecer un caso ocurrido en Güepsa, donde el hoy capturado habría maltratado físicamente a su pareja sentimental y la habría amenazado con un arma de fuego.
Gracias a las labores de inteligencia, seguimiento y el respaldo de la Fiscalía, las autoridades lograron emitir la orden de captura, ejecutar el procedimiento con éxito y dejar al procesado a disposición de un juez de control de garantías, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.
La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y la integridad de los núcleos familiares. Además, hizo un llamado a la comunidad para que denuncie cualquier tipo de violencia que atente contra la vida o integridad física de las personas.
Para ello, recordó los canales disponibles: la línea de emergencia 123, y los números de contacto de los cuadrantes de Policía en cada municipio.
Con información de la Policía Nacional
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.