Capturado por el Gaula cuando intentaba extorsionar en barrio La Victoria de Tuluá
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Fue capturado en flagrancia por el Gaula en el barrio La Victoria de Tuluá
Valle del Cauca, Colombia (21 NOV 2025) – Un hombre identificado como Esteban Valencia Marulanda fue capturado en flagrancia y posteriormente judicializado por su presunta participación en un caso de extorsión agravada y abuso de confianza en contra de un empleado de una reconocida empresa de giros, en el municipio de Tuluá.
Según la Fiscalía Seccional Valle del Cauca, los hechos venían ocurriendo desde finales de octubre, cuando el hoy procesado contactó a la víctima para informarle sobre un supuesto giro de $4.500.000 que habría sido realizado a su nombre. Sin embargo, la víctima negó haber recibido dicha suma o estar vinculada al trámite.
Ante la negativa, Valencia Marulanda habría iniciado una serie de intimidaciones para obligar al empleado a devolver el dinero. Según las autoridades, la presión sobre la víctima habría escalado hasta los $5.500.000, configurando un presunto caso de extorsión.
El hombre fue capturado en flagrancia el pasado 5 de noviembre por unidades del Gaula de la Policía Nacional, en el barrio La Victoria de Tuluá. Tras su aprehensión, fue presentado ante un juez de control de garantías, quien legalizó el procedimiento.
Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó los delitos de extorsión agravada y abuso de confianza, cargos que no fueron aceptados por el procesado. Como medida cautelar, el juez determinó que Valencia Marulanda deberá cumplir detención en su lugar de residencia, mientras continúa el proceso penal en su contra.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.