Capturado y judicializado en Huila por presuntamnete difundir pornografía infantil
Las investigaciones fueron adelantadas por un fiscal de la Seccional Huila en coordinación con el Centro Cibernético de la Policía Nacional. Según las pruebas recolectadas, Cristian Andrés habría utilizado una red social para compartir videos donde adultos cometían vejámenes sexu
HUILA, COLOMBIA. (28 DIC 2025) – La Fiscalía General de la Nación judicializó a Cristian Andrés P. C., señalado de transmitir y difundir material pornográfico con contenido sexual en el que las víctimas eran menores de edad. Los hechos ocurrieron entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y habrían sido cometidos desde su residencia en el municipio de Gigante, Huila.
Las investigaciones fueron adelantadas por un fiscal de la Seccional Huila en coordinación con el Centro Cibernético de la Policía Nacional. Según las pruebas recolectadas, Cristian Andrés habría utilizado una red social para compartir videos donde adultos cometían vejámenes sexuales contra menores de edad, a cambio de beneficios económicos.
En audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó el delito de pornografía con persona menor de 18 años. El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra.
La captura del implicado se llevó a cabo mediante orden judicial por parte de la Policía Nacional.
Este resultado hace parte de las acciones institucionales para combatir la explotación sexual infantil y los delitos que se cometen en entornos digitales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.