Capturados por posesión ilegal de fusil AR-15 y pistolas en Buenaventura
El fiscal seccional de la Estructura de Apoyo (EDA) imputó a los detenidos los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo y restringido de las Fuerzas Armadas.
Valle del Cauca, Colombia, 13 marzo de 2026. – Según informó la Fiscalía General de la Nación, tres hombres fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el almacenamiento ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en Buenaventura, Valle del Cauca. Los sujetos fueron capturados durante un operativo realizado por la Policía Nacional, unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Armada Nacional, quienes realizaron una diligencia de allanamiento en una vivienda del barrio Carlos Holmes Trujillo.
El fiscal seccional de la Estructura de Apoyo (EDA) imputó a los detenidos los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo y restringido de las Fuerzas Armadas.
Los capturados, identificados como Juan David M. V., Luis Fernando A. C., y Juan Carlos C. S., fueron sorprendidos con una pistola, su proveedor y varios cartuchos, además de un fusil AR-15 con su proveedor y más de 40 cartuchos 5.56. Estos elementos fueron hallados durante el allanamiento en el cieloraso de la sala de la vivienda.
Los tres hombres no pudieron acreditar la posesión legal de las armas al ser interrogados por las autoridades. Tras las audiencias concentradas, el juez penal de control de garantías impuso a los tres imputados una medida de aseguramiento en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.