Caso Cornell: Exestudiante acusa a siete miembros de una fraternidad de drogarla y agredirla sexualmente
El caso Cornell fue reabierto después de que una exestudiante acusara a siete miembros de una fraternidad de drogarla y agredirla sexualmente en 2024.
ESTADOS UNIDOS, 30 de septiembre de 2026 – Una exestudiante de la Universidad de Cornell acusó a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas en octubre de 2024. Las acusaciones forman parte de una demanda civil presentada este mes que llevó a la Fiscalía del condado de Tompkins, en Nueva York, a reabrir la investigación penal sobre el caso.
La mujer, cuya identidad se mantiene protegida bajo el nombre de Jane Doe, tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos denunciados en Ithaca, Nueva York.
De acuerdo con DW, la demanda sostiene que la joven fue presionada para consumir ketamina, marihuana y alcohol durante una reunión en la casa de la fraternidad Chi Phi hasta quedar incapacitada.
La acción judicial, de 101 páginas, acusa a siete integrantes de la fraternidad de haber participado posteriormente en agresiones sexuales contra la estudiante mientras, según su versión, no estaba en condiciones de dar su consentimiento.
CNN en Español detalló que los hechos denunciados habrían ocurrido la noche del 19 de octubre de 2024 y se habrían prolongado durante varias horas.
Uno de los elementos incorporados a la demanda es una captura de un supuesto chat grupal de integrantes de la fraternidad. Según la acusación, algunos mensajes habrían sido enviados mientras ocurrían los hechos y habrían invitado a otros miembros a participar.
La autenticidad, contexto y alcance probatorio de esos mensajes se evalurán dentro de las investigaciones y procedimientos judiciales correspondientes.
Volcánicas aborda el caso dentro de una discusión sobre las fraternidades universitarias estadounidenses y determinados modelos de masculinidad, jerarquía y pertenencia grupal, planteado interrogantes sobre cómo ciertos entornos cerrados pueden favorecer dinámicas de silencio, complicidad o normalización de comportamientos violentos.
La mujer denunció inicialmente lo ocurrido ante la Policía de la Universidad de Cornell.
Sin embargo, la Fiscalía del condado de Tompkins decidió entonces no presentar cargos penales.
El fiscal Matthew Van Houten explicó posteriormente que la declaración inicial entregada por la joven en 2024 difería en aspectos relevantes de las acusaciones planteadas ahora en la demanda civil.
Según la Fiscalía, aquella primera declaración no sostenía que hubiera sido drogada contra su voluntad ni describía una violación grupal. La oficina del fiscal indicó que el relato inicial caracterizaba el consumo de sustancias y la actividad sexual como voluntarios, conscientes y consentidos.
La representación legal de la joven cuestiona la manera como se desarrolló aquella investigación.
Su abogado, Thomas Giuffra, aseguró que, después del contacto inicial con la Policía de Cornell, su representada no fue entrevistada por investigadores de la Fiscalía de Tompkins ni por especialistas capacitados para entrevistar a sobrevivientes de violencia sexual.
La nueva demanda también aportó información que, según Van Houten, su oficina no conocía cuando tomó la decisión inicial de no formular cargos.
Entre esos elementos se encuentran las capturas de mensajes atribuidos a integrantes de la fraternidad.
La aparición de esos documentos y las diferencias entre el relato inicial y las nuevas acusaciones han llevado a la Fiscalía a revisar nuevamente el expediente.
Van Houten anunció que presentará el caso ante un gran jurado, que deberá determinar si las pruebas justifican eventuales cargos penales.
Hasta el momento, ninguno de los siete hombres señalados en la demanda ha sido acusado penalmente por estos hechos. Abogados de al menos dos de ellos han rechazado las acusaciones.
Cornell también enfrenta cuestionamientos por la respuesta institucional que dio al caso.
La universidad sostiene que realizó una investigación bajo sus procedimientos internos y rechaza las afirmaciones de que los involucrados hayan recibido únicamente sanciones menores.
Cornell ha señalado que hubo consecuencias que incluyeron suspensiones y expulsiones. El capítulo de Chi Phi involucrado en el caso fue cerrado en 2024 y continúa apartado de la universidad.
La defensa de la institución contrasta con las acusaciones formuladas en la demanda y por los abogados de la exestudiante, quienes cuestionan si las medidas adoptadas fueron suficientes y si la universidad protegió adecuadamente a la joven.
El caso también ha abierto una discusión más amplia sobre las leyes de Nueva York relacionadas con consentimiento sexual e intoxicación.
La legislación estatal ha sido cuestionada porque establece diferencias relevantes dependiendo de si una persona llegó a un estado de incapacidad por consumo voluntario o involuntario de sustancias, circunstancia que puede influir en la posibilidad de presentar determinados cargos.
La controversia ha llevado a legisladores y organizaciones a reclamar cambios en esas normas para establecer mayores protecciones cuando una persona se encuentra incapacitada para consentir, independientemente de cómo llegó a ese estado.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió además una investigación independiente sobre la manera como Cornell manejó la denuncia original.
Mientras avanza la revisión, la Fiscalía tendrá que determinar qué valor tienen las nuevas evidencias y si las acusaciones contenidas en la demanda pueden sustentarse penalmente.
La exestudiante, entretanto, abandonó Cornell después de los hechos y sostiene que las consecuencias físicas y emocionales de lo ocurrido han afectado profundamente su vida.
Este artículo incluye datos e información recopilada a partir de los reportes originales publicados por las agencias de CNN en Español, DW y Volcánicas.
A.U.