Nueva ley migratoria en Chile permitiría a la Policía ingresar a viviendas para ejecutar expulsiones
El Senado de Chile aprobó un proyecto para agilizar la expulsión de extranjeros, permitir detenciones con orden judicial y endurecer las restricciones de reingreso.
CHILE, 21 de octubre de 2026. – El Senado chileno aprobó un proyecto de ley que busca agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de extranjeros que tengan órdenes vigentes, mediante nuevas herramientas para su localización y detención. Entre las disposiciones se encuentra la posibilidad de que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese a domicilios, siempre que cuente previamente con autorización judicial.
La iniciativa recibió 37 votos favorables y una abstención durante la sesión del martes 20 de octubre, en la que los senadores respaldaron el informe de una comisión mixta encargada de resolver las diferencias surgidas durante la tramitación legislativa.
De acuerdo con la información publicada por France 24, el proyecto introduce modificaciones a la Ley de Migración y Extranjería con el propósito de facilitar la ejecución de decisiones administrativas de expulsión que actualmente permanecen pendientes.
Uno de los cambios establece que la Policía de Investigaciones podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar a una vivienda donde se encuentre una persona extranjera con una orden de expulsión vigente. El magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de 24 horas.
La medida no contempla el ingreso policial sin autorización judicial, sino un procedimiento específico para localizar y detener a quienes ya tengan una resolución de expulsión.
El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que las modificaciones surgieron de un acuerdo entre los integrantes de la comisión mixta, quienes buscaron superar dificultades que obstaculizaban el cumplimiento de estas decisiones.
“Había una serie de dificultades (…) Por la unanimidad de sus integrantes (de la comisión mixta), acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”, manifestó el funcionario, según las declaraciones recogidas por France 24.
El proyecto también contempla un aumento de tres a cinco años en el periodo mínimo durante el cual determinadas personas extranjeras expulsadas tendrán prohibido regresar a Chile.
Adicionalmente, establece mecanismos para permitir la expulsión inmediata de extranjeros en situación migratoria irregular que estén vinculados a determinados procesos penales, siempre que exista autorización del tribunal competente.
Estas disposiciones buscan reforzar la capacidad de las instituciones para ejecutar las resoluciones migratorias, aunque su aplicación deberá ajustarse a los procedimientos y requisitos establecidos en la legislación.
Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) citadas en el reporte de France 24, Chile registra más de 330.000 extranjeros en situación migratoria irregular.
A este panorama se suma la acumulación de órdenes de expulsión que todavía no se han ejecutado. Diversas estimaciones sitúan la cifra por encima de 75.000 casos, de los cuales aproximadamente la mitad correspondería a ciudadanos venezolanos.
La situación de estos ciudadanos también está relacionada con las dificultades diplomáticas entre Chile y Venezuela, cuyas relaciones consulares se interrumpieron en 2024.
Aunque en agosto de 2026 se anunció el restablecimiento de esos vínculos y posteriormente se produjo una reunión en Naciones Unidas entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, el reporte señala que no se han conocido avances concretos para resolver los obstáculos relacionados con las expulsiones.
En paralelo, el Congreso chileno mantiene en discusión otra iniciativa impulsada por Kast que busca establecer la migración irregular como delito, una propuesta diferente al proyecto aprobado por el Senado.
Con la aprobación del informe de la comisión mixta, la iniciativa para agilizar las expulsiones supera una etapa legislativa importante. Sin embargo, su entrada en vigor dependerá de que se completen los trámites correspondientes.
El debate migratorio continúa ocupando un lugar destacado en la agenda política chilena, especialmente por el número de personas en situación irregular y las dificultades que enfrentan las autoridades para ejecutar las órdenes de expulsión.
A.U.
Este artículo es una elaboración periodística propia de Análisis Urbano (A.U.), basada en el reporte de France 24 y EFE.