Gobierno De la Espriella contemplaría retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional
El Gobierno de Abelardo De la Espriella evaluaría retirar a Colombia de la CPI, según Caracol Radio. Presidencia y Cancillería aún no lo confirman.
COLOMBIA 19 de agosto de 2026 – El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella estaría evaluando retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que supondría denunciar el Estatuto de Roma y pondría fin, una vez cumplidos los procedimientos establecidos, a más de dos décadas de participación del país en el tribunal internacional.
La versión fue revelada el martes 18 de agosto por Caracol Radio, medio que aseguró que fuentes consultadas en La Haya dan por segura la eventual salida de Colombia. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la Presidencia de la República o de la Cancillería de que el Gobierno haya iniciado formalmente el procedimiento, según reporte de Diario del Huila.
Una eventual decisión tampoco tendría efectos inmediatos. El Estatuto de Roma establece que un Estado Parte que pretenda retirarse debe comunicarlo por escrito al secretario general de las Naciones Unidas. Como regla general, la denuncia entra en vigor un año después de que la notificación sea recibida.
En consecuencia, si el Gobierno De la Espriella formalizara el retiro, Colombia permanecería vinculada al Estatuto durante ese periodo de transición. La salida tampoco borraría automáticamente las obligaciones adquiridas mientras el país fue Estado Parte ni eliminaría por sí misma la competencia de la Corte respecto de hechos ocurridos durante la vigencia del tratado para Colombia.
El país forma parte del Estatuto de Roma desde 2002. El Congreso aprobó el instrumento mediante la Ley 742 de ese año y la Corte Constitucional posteriormente avaló su constitucionalidad. Para hacer posible la incorporación al sistema de justicia penal internacional, Colombia había realizado previamente una modificación constitucional destinada a reconocer la jurisdicción de la CPI.
Una eventual salida también abre interrogantes alrededor de la justicia transicional colombiana y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar graves conductas relacionadas con el conflicto armado.
La Corte Penal Internacional, sin embargo, no sustituye a los tribunales colombianos ni constituye una instancia de apelación frente a sus decisiones. Su funcionamiento se basa en el principio de complementariedad, bajo el cual puede intervenir en las condiciones previstas por el Estatuto de Roma cuando las autoridades nacionales no investigan o juzgan genuinamente crímenes que se encuentran dentro de su competencia.
La jurisdicción de la CPI comprende cuatro grandes categorías: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión. Por esta razón, una eventual modificación de la relación de Colombia con el tribunal podría generar nuevos debates sobre el alcance de la justicia internacional y su interacción con los mecanismos nacionales.
La versión sobre el posible retiro aparece además en medio de cambios regionales frente al Estatuto de Roma. Venezuela notificó el 24 de julio de 2026 su decisión de abandonar el tratado ante Naciones Unidas. Debido al periodo establecido para que la denuncia tenga efectos, su retiro está previsto para hacerse efectivo el 24 de julio de 2027.
El escenario coincide igualmente con la posición crítica que Estados Unidos ha mantenido frente a la Corte Penal Internacional. Washington no ratificó el Estatuto de Roma y, según la información recogida en el artículo original, durante la administración de Donald Trump aumentaron las acciones de presión contra el tribunal.
En julio de 2026, el Gobierno estadounidense impulsó una campaña contra la CPI, mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió a países latinoamericanos abandonar el Estatuto de Roma. Este panorama se presenta al mismo tiempo que la administración De la Espriella estrecha sus relaciones con Estados Unidos e Israel, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial que permita establecer que esos acercamientos estén relacionados con la posible decisión colombiana, de acuerdo con datos recogidos por Infobae.
Frente a las consecuencias que podría tener un eventual retiro, el internacionalista Fabián Cárdenas advirtió que una medida de esta naturaleza podría afectar la posición internacional de Colombia, debilitar la confianza en sus instituciones y tener repercusiones sobre la cooperación y la participación del país dentro del sistema multilateral.
Cárdenas también hizo precisiones sobre los límites de actuación de la CPI. De acuerdo con el académico, asuntos como los bombardeos contra embarcaciones en el Caribe o el reconocimiento de los Altos del Golán no implican automáticamente la competencia del tribunal. Explicó que su intervención responde a circunstancias específicas contempladas en el Estatuto y al carácter complementario de la jurisdicción internacional frente a los sistemas nacionales.
El internacionalista recalcó, además, que hasta ahora no se conoce una comunicación oficial que confirme el inicio del procedimiento para retirar a Colombia del Estatuto de Roma.
Por lo tanto, la eventual salida del país de la Corte Penal Internacional continúa siendo una versión atribuida a fuentes consultadas en La Haya y divulgada por Caracol Radio. Mientras Presidencia o Cancillería no anuncien formalmente la decisión o se conozca una notificación ante Naciones Unidas, no puede considerarse que Colombia haya iniciado oficialmente su retiro de la CPI.
Con información de Infobae y Diario del Huila
A.U.