Colombia y Panamá desarrollaron dos operaciones contra presuntas redes del EGC en zona fronteriza
En el registro del lugar, los uniformados incautaron cinco armas largas, una pistola, proveedores, más de 100 unidades de munición, equipos de telecomunicaciones, material de intendencia y cartillas alusivas a la organización armada ilegal.
Chocó, Colombia, 13 octubre de 2026. – Dos operaciones desarrolladas en territorio colombiano y panameño dejaron como resultado la muerte de un presunto integrante del EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), la captura de otros tres en el departamento del Chocó y la intervención de 13 ciudadanos colombianos que realizaban actividades de explotación minera ilegal en Panamá.
De acuerdo con la información suministrada por el Ejército Nacional, los procedimientos fueron adelantados mediante acciones de cooperación con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront), a partir de labores de inteligencia militar desarrolladas durante varias semanas.
La primera operación se registró en zona rural de Riosucio, al norte del Chocó, donde tropas de la Décima Quinta Brigada localizaron un lugar en el que, según las autoridades, se encontraban integrantes de la Subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del EGC, estructura armada organizada ilegal.
Durante la intervención, uno de los presuntos integrantes murió en desarrollo de operaciones militares y otros tres fueron capturados.
En el registro del lugar, los uniformados incautaron cinco armas largas, una pistola, proveedores, más de 100 unidades de munición, equipos de telecomunicaciones, material de intendencia y cartillas alusivas a la organización armada ilegal.
El Ejército también informó sobre la destrucción de ocho dispositivos explosivos improvisados y una central ilegal de comunicaciones.
Según el reporte militar, esta infraestructura era utilizada por integrantes de la estructura para informar sobre los movimientos de la Fuerza Pública y coordinar posibles acciones violentas contra la población civil.
La segunda intervención tuvo lugar en Loma Las Banderas, en territorio panameño, una zona fronteriza identificada en el comunicado como ruta utilizada para la migración ilegal.
En ese sector, integrantes de Senafront localizaron un punto donde 13 ciudadanos colombianos realizaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros, a partir de información de inteligencia proporcionada por la Séptima División del Ejército Nacional de Colombia.
Las autoridades panameñas reportaron que entre estas personas se encontraban tres menores de edad, quienes, de acuerdo con la información oficial, habrían sido utilizados por el EGC para desarrollar actividades ilegales.
Los 13 ciudadanos quedaron a disposición de las autoridades competentes de Panamá para las actuaciones legales correspondientes.
El Ejército indicó que ambas operaciones fueron resultado de labores de inteligencia adelantadas durante varias semanas, que permitieron identificar y localizar los lugares intervenidos. Según la institución, los procedimientos se desarrollaron pese a las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas.
Los resultados fueron dados a conocer en el marco de la vigésima sexta Reunión de Mandos Regionales de Frontera, desarrollada en Medellín con la participación de autoridades militares y civiles de Colombia y Panamá.
Este encuentro tiene como propósito fortalecer las estrategias de cooperación entre ambos países frente a las actividades de estructuras armadas ilegales y otras manifestaciones de criminalidad en las zonas fronterizas.
El Ejército Nacional señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades panameñas para contrarrestar las actividades armadas y las fuentes de financiación ilegal atribuidas al EGC en esta región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.