Con un revólver generaba temor en el barrio San Miguel de Cúcuta: fue condenado a prisión
Las evidencias recopiladas durante la investigación permitieron que la Fiscalía y la defensa suscribieran un preacuerdo, que posteriormente fue avalado por un juez de conocimiento.
NORTE DE SANTANDER, 23 de octubre de 2026 – Un hombre de 34 años, identificado como Roberto Antonio R. G., fue condenado a 4 años y 5 meses de prisión por portar ilegalmente un arma de fuego con la que intimidaba a comerciantes y ciudadanos del barrio San Miguel, en Cúcuta.
La sentencia fue emitida luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que permitieron establecer su responsabilidad en los hechos investigados.
De acuerdo con la investigación, el hombre recorría las inmediaciones del barrio San Miguel portando un arma de fuego sin autorización de las autoridades competentes. Su presencia generaba temor entre comerciantes y habitantes del sector, quienes eran intimidados mientras el ahora condenado merodeaba por la zona.
Ante esta situación, uniformados de la Policía Nacional lo capturaron el 19 de diciembre de 2025, durante un procedimiento realizado en la capital de Norte de Santander.
Al practicarle una requisa, los policías encontraron en su poder un revólver y tres cartuchos calibre 32, sin que pudiera presentar la documentación exigida para su porte o tenencia.
Las evidencias recopiladas durante la investigación permitieron que la Fiscalía y la defensa suscribieran un preacuerdo, que posteriormente fue avalado por un juez de conocimiento.
Como resultado de esta decisión judicial, Roberto Antonio R. G. fue declarado responsable del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El sentenciado continuará privado de la libertad en la cárcel Modelo de Cúcuta, donde deberá cumplir la pena de 4 años y 5 meses de prisión impuesta por la justicia.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.