Condenan a docente de Cartagena a 8 años de prisión por pedir soborno para ejercer en universidad
Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2009, cuando Otero Revollo, quien en ese momento trabajaba en una universidad de Cartagena, solicitó la suma de 700.000 pesos a un particular.
Cartagena, Colombia, febrero 13 de 2026. – El Tribunal Superior de Cartagena confirmó la condena de ocho años de prisión a Blas Emiro Otero Revollo, un docente que fue hallado culpable del delito de concusión. La condena fue emitida tras la investigación y las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos investigados ocurrieron en marzo de 2009, cuando Otero Revollo, quien en ese momento trabajaba en una universidad de Cartagena, solicitó la suma de 700.000 pesos a un particular. El docente pidió el dinero a cambio de haber facilitado el ejercicio de este hombre como docente en un diplomado dictado por la universidad.
El Tribunal también ordenó a Otero Revollo el pago de una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales vigentes, para la época en que ocurrieron los hechos. Además, se le prohibió ejercer derechos y funciones públicas durante un período de 7 años y 1 mes.
Este fallo de segunda instancia confirma la condena impuesta en la primera instancia, y, aunque se confirmó la sentencia, la defensa aún tiene la posibilidad de presentar los recursos de ley correspondientes.
La decisión subraya el compromiso de las autoridades judiciales con la lucha contra la corrupción en las instituciones educativas y la sanción de aquellos que abusan de su posición para obtener beneficios personales ilegales.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.