CORPADES denuncia dos homicidios en menos de una semana en El Carmen de Viboral: entre las víctimas hay un niño de 13 años
La organización considera que las respuestas institucionales no están logrando anticiparse suficientemente a estas dinámicas ni garantizar la protección de las comunidades que habitan los sectores más afectados.
Antioquia, Colombia, 19 octubre de 2026.- La violencia vuelve a generar preocupación en El Carmen de Viboral, municipio del Oriente antioqueño donde dos personas, entre ellas un niño de 13 años, fueron asesinadas en menos de una semana en el barrio La Alhambra. Los hechos motivaron una nueva denuncia de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), que cuestionó la efectividad de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades departamentales.
El caso más reciente corresponde al homicidio de Juan Andrés Zapata Narváez, de 29 años, quien fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento nocturno de este sector céntrico del municipio.
De acuerdo con la información periodística publicada por El Colombiano, el crimen ocurrió hacia las 9:40 de la noche del domingo, en inmediaciones de la carrera 33 con calle 34. Hasta el lugar llegaron hombres que se movilizaban en una motocicleta y que, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima.
El hombre quedó sin vida en la entrada del establecimiento comercial, mientras los responsables huyeron. La situación provocó temor entre las personas que se encontraban en el lugar.
Las primeras versiones indican que los atacantes vestían prendas oscuras y llevaban cascos que impedían reconocer sus rostros. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.
A través de su cuenta en X, CORPADES denunció lo ocurrido y cuestionó directamente la respuesta institucional frente a los hechos de violencia que continúan registrándose en Antioquia.
La organización calificó la situación como un fracaso de la tasa de seguridad impulsada por la Gobernación de Antioquia y señaló que las promesas de las autoridades no se han traducido en garantías suficientes para proteger la vida de los ciudadanos.
Según la información divulgada inicialmente por la corporación, durante el ataque se habrían escuchado al menos tres detonaciones. La organización también advirtió sobre la gravedad de que un nuevo homicidio ocurriera en un sector central del municipio.
La preocupación aumenta porque, días antes, en el mismo barrio, fue asesinado Agustín Alzate Marín, un niño de 13 años que recibió un disparo luego de ser interceptado por dos hombres que también se movilizaban en motocicleta.
Según las versiones conocidas sobre ese caso, los agresores le habrían arrebatado un bolso que, al parecer, contenía sustancias estupefacientes. Esta circunstancia corresponde a información preliminar y no constituye una conclusión judicial sobre los hechos.
Las autoridades investigan si existe alguna relación entre ambos homicidios, teniendo en cuenta la cercanía de los lugares donde ocurrieron y algunas similitudes en la modalidad de los ataques.
Una de las hipótesis conocidas apunta a una posible relación de estos hechos violentos con las disputas por el control territorial y las rentas ilegales en las zonas urbanas y rurales de El Carmen de Viboral. En esta confrontación estarían involucradas la estructura armada organizada ilegal EGC (Ejército Gaitanista de Colombia), a través de su subestructura Héroes de Samaná, y la organización armada ilegal conocida como El Mesa.
No obstante, hasta el momento las autoridades judiciales no han establecido una relación directa entre los dos homicidios y las presuntas disputas criminales que se presentan en el municipio, por lo que esta hipótesis continúa pendiente de confirmación.
La presencia de establecimientos nocturnos y las actividades económicas que se desarrollan en esta zona también forman parte de las circunstancias que, según los análisis recogidos en la información periodística, podrían convertir el sector en un espacio de interés para organizaciones dedicadas al control de economías ilegales.
Para CORPADES, la situación que enfrenta El Carmen de Viboral no puede analizarse únicamente a partir de estos dos homicidios. La corporación advierte que el municipio atraviesa una problemática de seguridad y derechos humanos asociada con disputas territoriales, presencia de estructuras criminales y actividades ilegales como el microtráfico y la extorsión.
La organización considera que las respuestas institucionales no están logrando anticiparse suficientemente a estas dinámicas ni garantizar la protección de las comunidades que habitan los sectores más afectados.
En su análisis, CORPADES cuestiona la efectividad de la política de seguridad del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, particularmente los resultados de la denominada tasa de seguridad, frente a la persistencia de hechos violentos en diferentes municipios del departamento.
La corporación sostiene que la concentración de homicidios en determinados sectores puede ser un indicador de disputas focalizadas por el control territorial y las rentas ilegales, una situación que requiere investigaciones rigurosas y medidas preventivas sostenidas.
También advierte que las estrategias centradas exclusivamente en el despliegue policial resultan insuficientes cuando no están acompañadas de inteligencia territorial, investigación judicial, prevención de la violencia y una presencia institucional permanente.
Desde esta perspectiva, CORPADES considera preocupante que las deficiencias en la respuesta estatal puedan facilitar la consolidación de espacios de influencia de organizaciones ilegales, con consecuencias directas sobre la seguridad y los derechos fundamentales de la población.
La organización también ha cuestionado lo que considera un veto por parte de la Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional frente a sus denuncias y advertencias sobre la situación de violencia en el departamento. Se trata de un señalamiento de la corporación que requiere ser diferenciado de cualquier conclusión oficial sobre la actuación de estas instituciones.
Las cifras conocidas refuerzan la preocupación por el comportamiento de la violencia homicida en El Carmen de Viboral.
Con el asesinato de Juan Andrés Zapata Narváez, el municipio llegó a 19 homicidios durante 2026, frente a los 15 casos que se contabilizaban en el periodo de comparación de 2025, de acuerdo con la información reportada.
En el conjunto del Oriente antioqueño, CORPADES documentó 182 muertes violentas con corte al 14 de octubre de 2026, una cifra que la organización considera preocupante y que evidencia la necesidad de fortalecer las medidas de protección de la vida en esta subregión.
Ante los recientes acontecimientos, las autoridades anunciaron un incremento de las medidas de seguridad en el sector donde ocurrieron los homicidios, con el propósito de prevenir nuevos ataques.
No obstante, CORPADES insiste en que la respuesta debe ir más allá de los anuncios y traducirse en acciones verificables que permitan contener la violencia, identificar a los responsables de los crímenes y evitar que las estructuras ilegales amplíen su influencia territorial.
Los asesinatos registrados en La Alhambra dejan nuevamente sobre la mesa una preocupación fundamental: la capacidad de las instituciones para anticiparse a las disputas criminales y garantizar que los habitantes de El Carmen de Viboral puedan desarrollar sus actividades cotidianas sin quedar expuestos a nuevas expresiones de violencia.
A.U.
Fuentes y créditos:
Información periodística original del periodista Santiago Olivares, de El Colombiano, sobre el homicidio de Juan Andrés Zapata Narváez, las circunstancias del ataque, los antecedentes del asesinato del menor de 13 años y las hipótesis relacionadas con la situación de seguridad en El Carmen de Viboral.
Denuncias públicas, análisis sobre seguridad y derechos humanos de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), incluidas sus publicaciones en la red social X y las cifras de muertes violentas en el Oriente antioqueño, elaboradas a partir de los registros del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO), con corte al 14 de octubre de 2026.
Nota de redacción y autoría:
Este artículo constituye una elaboración periodística propia de Análisis Urbano (A.U.), desarrollada a partir de la información publicada originalmente por el periodista Santiago Olivares en El Colombiano, así como de las denuncias, análisis y datos aportados por CORPADES.
La redacción, estructura, enfoque y contextualización editorial son originales y responden a un ejercicio periodístico independiente. Las declaraciones, informaciones y hallazgos procedentes de otras fuentes se mantienen debidamente atribuidos, sin presentarlos como entrevistas o investigaciones realizadas directamente por Análisis Urbano.