Gobierno controvertirá en tribunales restricciones a bombardeos donde haya menores reclutados
El Gobierno recurrirá las restricciones judiciales a bombardeos contra campamentos con menores reclutados y cuestionó la suspensión de fumigaciones en Putumayo.
Bogotá, 14 de septiembre de 2026 – El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno recurrirá por las vías jurídicas las decisiones judiciales que han limitado operaciones de las Fuerzas Armadas, entre ellas los ataques aéreos contra campamentos de estructuras armadas cuando exista información sobre presencia de menores de edad.
Según información de Europa Press, el mandatario aseguró que las órdenes judiciales vigentes serán cumplidas, pero sostuvo que respetarlas no implica renunciar a controvertirlas mediante los mecanismos establecidos en la Constitución y la ley.
“Una cosa es el control judicial y otra muy distinta sustituir al Gobierno, al presidente o al mando militar en la conducción operacional del Estado”, afirmó De la Espriella.
El mandatario se refirió específicamente a las restricciones relacionadas con menores reclutados por estructuras armadas. Reconoció que el Estado tiene una obligación reforzada de protegerlos y sostuvo que las operaciones deben desarrollarse con inteligencia, precisión, precaución y respeto de los principios de distinción y proporcionalidad.
Sin embargo, argumentó que la presencia de menores no puede convertirse en una ventaja operacional para quienes los reclutan.
“No podemos permitir que un cabecilla llegue a la conclusión de que llevar menores a un campamento le garantiza inmunidad frente a la acción del Estado”, señaló.
De la Espriella afirmó que la respuesta tampoco debe consistir en actuar sin precauciones y planteó fortalecer la inteligencia, aumentar la precisión operacional, evaluar rigurosamente cada objetivo y reforzar la protección de los menores.
El presidente también cuestionó la intervención judicial sobre la política de aspersión de cultivos ilícitos en Putumayo. Aunque reconoció que estas medidas deben contar con soporte técnico, ambiental, sanitario y territorial, defendió que la definición y ejecución de la política contra el narcotráfico corresponde a las autoridades competentes.
Ante las dos controversias, anunció instrucciones para que la defensa jurídica del Estado actúe y aclaró que no pretende convertir el asunto en una confrontación personal entre el Ejecutivo y los jueces.
El Gobierno buscará así revertir por las vías legales las restricciones mientras mantiene el cumplimiento de las decisiones judiciales que actualmente se encuentran vigentes.
Con información de Europa Press
A.U.