Dictamen de Medicina Legal señala descargas eléctricas en muerte de hombre: capturan a cuatro policías
Según informó el ente acusador, la investigación fue adelantada conjuntamente por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca, con un enfoque diferencial que tuvo en cuenta la condición étnico-racial de la víctima,…
CUNDINAMARCA / COLOMBIA, 19 de octubre de 2026 – Cuatro integrantes de la Policía Nacional fueron capturados por su presunta participación en las agresiones y omisiones que habrían provocado la muerte de Donovan B. P., de 34 años, quien falleció el pasado 20 de septiembre después de permanecer bajo custodia policial en la estación de Cazucá, en Soacha, Cundinamarca.
Conforme con la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones permitieron establecer que la víctima habría recibido golpes y múltiples descargas eléctricas con un dispositivo tipo táser durante su aprehensión y posterior permanencia en las instalaciones policiales. Además, se indaga una posible demora en la atención médica, pese a las reiteradas solicitudes de auxilio del hombre.
Las capturas fueron realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional, mediante procedimientos simultáneos desarrollados en Soacha, Cundinamarca, y Barbosa, Santander. Entre los uniformados detenidos se encuentran un mayor, un subintendente y dos patrulleros.
Según informó el ente acusador, la investigación fue adelantada conjuntamente por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca, con un enfoque diferencial que tuvo en cuenta la condición étnico-racial de la víctima, así como el análisis de pruebas técnicas, científicas y forenses.
Los hechos se remontan a un procedimiento policial realizado en el barrio Caracolí, en el sur de Bogotá, donde los uniformados intervenían para atender una discusión entre vecinos que terminó en un enfrentamiento entre civiles y policías.
Durante el operativo, Donovan B. P. fue señalado inicialmente de lanzar un objeto contundente contra varios uniformados. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, un subintendente y tres patrulleros habrían reaccionado esposándolo y golpeándolo con puños y patadas en la cabeza y el abdomen. También lo habrían sometido a descargas eléctricas mediante un dispositivo tipo táser.
Posteriormente, el hombre fue trasladado a la estación de policía de Cazucá, donde, según la investigación, las agresiones físicas y las descargas eléctricas habrían continuado.
La Fiscalía señaló que, mientras permanecía detenido, Donovan B. P. manifestó en repetidas ocasiones que tenía dificultades para respirar y que sentía un intenso dolor en el pecho. Incluso, otra persona que se encontraba bajo custodia solicitó a los uniformados que le prestaran ayuda.
Sin embargo, de acuerdo con las evidencias recopiladas, la asistencia médica no se habría proporcionado oportunamente, pese a las señales de deterioro físico que presentaba la víctima.
La investigación también compromete la presunta responsabilidad del mayor que se desempeñaba como comandante de la estación de Cazucá. Según la Fiscalía, el oficial habría omitido la activación de los protocolos de atención médica y no habría intervenido para impedir las agresiones y descargas eléctricas, aun cuando tenía conocimiento de las condiciones físicas del detenido y de sus solicitudes de auxilio.
El hombre perdió el conocimiento y, aproximadamente 20 minutos después, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció durante la noche del 20 de septiembre.
Uno de los elementos centrales de la investigación es el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que estableció como causa de muerte una arritmia cardíaca provocada por descargas eléctricas. El examen forense también documentó quemaduras y otras lesiones en el cuerpo de la víctima.
Con base en estos hallazgos, la Fiscalía avanzó en una nueva fase del proceso penal que permitió materializar las cuatro órdenes de captura contra los uniformados presuntamente involucrados.
Los detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputará, según su posible participación y responsabilidad individual, los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.
La responsabilidad penal de cada uno de los investigados deberá establecerse dentro del proceso judicial, con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
A.U.
Fuentes y créditos: Fiscalía General de la Nación, Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Seccional Cundinamarca e Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según la información institucional suministrada sobre el caso.
Nota de redacción y autoría: Artículo de elaboración editorial propia para Análisis Urbano, construido a partir de la información proporcionada por la Fiscalía General de la Nación. El contenido fue reorganizado y redactado con un enfoque periodístico original, conservando los hallazgos forenses, las circunstancias investigadas, las actuaciones judiciales y la presunción de inocencia de los uniformados capturados.