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Dinamarca indemnizará a groenlandesas por anticonceptivos implantados sin consentimiento

Dinamarca indemnizará con 300.000 coronas a mujeres de Groenlandia que recibieron anticonceptivos sin consentimiento durante décadas.

Laura P 5 min de lectura
Dinamarca indemnizará a groenlandesas por anticonceptivos implantados sin consentimiento

DINAMARCA / GROENLANDIA 29 de agosto de 2026 – El Parlamento de Dinamarca aprobó una ley para indemnizar a miles de mujeres y niñas de Groenlandia a quienes durante décadas se les implantaron dispositivos intrauterinos (DIU), en numerosos casos sin su conocimiento o consentimiento, dentro de una campaña de planificación familiar que dejó consecuencias físicas y psicológicas y que se ha convertido en uno de los capítulos más controvertidos de la relación entre Copenhague y el territorio autónomo.

La compensación establecida será de 300.000 coronas danesas por persona, algo más de 40.000 euros, después de que la iniciativa recibiera 100 votos a favor y 10 en contra en el Parlamento.

Según información publicada por Infobae, la diputada groenlandesa y ministra de Igualdad del territorio autónomo, Naaja H. Nathanielsen, calificó la aprobación como un reconocimiento concreto del trauma sufrido por generaciones de mujeres de Groenlandia.

La medida busca reparar parcialmente las consecuencias del denominado “caso espiral”, relacionado con la colocación masiva de anticonceptivos intrauterinos a mujeres y adolescentes inuit durante la segunda mitad del siglo XX.

De acuerdo con El Español, investigaciones de la televisión pública danesa DR determinaron que unas 4.500 mujeres y adolescentes recibieron estos dispositivos entre 1960 y 1991. Algunas de las afectadas tenían apenas 12 años cuando fueron sometidas a estos procedimientos.

La magnitud de la campaña quedó reflejada especialmente a finales de la década de 1960. Entre 1966 y 1970, aproximadamente la mitad de las mujeres en edad fértil de Groenlandia recibió un DIU. Una investigación publicada en septiembre de 2025 documentó que, al terminar 1970, 4.070 groenlandesas tenían colocado uno de estos dispositivos.

Después de ese año cambió el sistema utilizado para recopilar las estadísticas, por lo que no existe una cifra definitiva sobre el número total de mujeres sometidas a la práctica durante las décadas siguientes.

Los testimonios recopilados durante las investigaciones revelaron que algunas afectadas eran todavía estudiantes cuando fueron trasladadas a hospitales para realizarles procedimientos sin explicarles previamente qué iba a suceder.

Entre las 354 mujeres que entregaron testimonios para la investigación, solamente en 47 casos pudo documentarse la existencia de consentimiento informado. También se registraron situaciones en las que los dispositivos fueron colocados después de partos u otros procedimientos ginecológicos sin que las pacientes hubieran sido advertidas.

Algunas mujeres sufrieron posteriormente dolor abdominal, hemorragias, infecciones y molestias durante las relaciones sexuales. En determinados casos, las consecuencias incluyeron problemas de fertilidad. También hubo mujeres que solicitaron posteriormente que se les retirara el dispositivo y, según la investigación, no obtuvieron autorización para hacerlo.

La investigación examinó además el uso de otros métodos anticonceptivos. Entre ellos aparecen las inyecciones de Depo-Provera, cuyo nivel de utilización en Groenlandia durante 1980 era considerablemente superior al registrado en Dinamarca.

La campaña debe entenderse dentro del contexto demográfico de la época. Groenlandia, antigua colonia danesa, pasó a integrarse al Reino de Dinamarca en 1953. Durante los años siguientes disminuyó la mortalidad mientras la tasa de natalidad experimentó un fuerte crecimiento.

En la década de 1960, cerca de la mitad de los habitantes de Groenlandia tenía menos de 16 años. En ese escenario, las autoridades pusieron en marcha en 1966 una campaña de planificación familiar que terminó extendiendo ampliamente la utilización de dispositivos intrauterinos.

Quienes defendieron aquella política argumentaron que buscaba reducir los embarazos y abortos entre mujeres jóvenes. Sin embargo, las investigaciones posteriores documentaron casos en los que no existió consentimiento informado y concluyeron que el Estado danés tenía responsabilidad general sobre la campaña y sobre la supervisión de las actuaciones realizadas.

El caso terminó provocando un reconocimiento institucional. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ofrecieron disculpas oficiales en septiembre de 2025 durante un acto realizado en Nuuk.

Frederiksen pidió perdón por las injusticias y el sufrimiento causado a las mujeres groenlandesas y reconoció la responsabilidad de Dinamarca. El Gobierno había anunciado además la creación de un fondo de reconciliación destinado a abordar diferentes episodios de discriminación histórica.

La nueva compensación económica representa ahora un paso adicional en ese proceso. Infobae recoge que Nathanielsen destacó especialmente el carácter reparador de la legislación, al considerar que reconoce de manera concreta el trauma causado a varias generaciones.

El representante groenlandés Qarsoq Høegh-Dam fue todavía más crítico y calificó las actuaciones del Estado danés como una forma de discriminación sistemática contra las mujeres nativas y una vulneración de los derechos humanos. Para el político, la compensación aprobada representa el mínimo reconocimiento que podía ofrecerse a las afectadas.

El asunto, sin embargo, no queda cerrado con la nueva ley. Las autoridades de Groenlandia mantienen una investigación paralela sobre prácticas anticonceptivas desarrolladas desde 1992 hasta la actualidad y han reservado 4,5 millones de coronas, alrededor de 600.000 euros, para afrontar eventuales indemnizaciones derivadas de esos casos.

Además, 143 mujeres groenlandesas mantienen una demanda colectiva contra el Estado danés por presuntas violaciones de derechos humanos. Las demandantes reclaman en conjunto 43 millones de coronas danesas, aproximadamente 5,8 millones de euros, y se espera que el proceso llegue a los tribunales en 2027.

La aprobación de las indemnizaciones supone así un reconocimiento institucional de uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Groenlandia. La reparación económica no pone fin a las investigaciones ni a las reclamaciones judiciales, pero establece por primera vez mediante una ley una compensación específica para las mujeres afectadas por la campaña anticonceptiva.

Con información de El Español e Infobae.

A.U.

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