Dos familiares asesinados en la misma cuadra de Soacha: denuncian amenazas del microtráfico e impunidad
Según la denuncia, Julio Andrés, quien era consumidor de sustancias, se habría negado reiteradamente a vender drogas para las personas que ejercían esa actividad en el sector. Sus allegados consideran que esa negativa pudo estar relacionada con el crimen.
Julio Andrés L. R., de 31 años, habría recibido presiones para participar en la venta de estupefacientes antes de ser asesinado el pasado 23 de marzo.
CUNDINAMARCA, COLOMBIA, 10 de octubre de 2026 – Una familia del barrio Los Olivos 2, en el municipio de Soacha, denuncia que dos de sus integrantes fueron asesinados en la misma cuadra, en hechos ocurridos con más de diez años de diferencia. Los allegados de las víctimas relacionan ambos crímenes con la presencia de redes de microtráfico en el sector y expresan su preocupación por la posibilidad de que uno de los señalados responsables recupere la libertad.
El caso más reciente corresponde a Julio Andrés L. R., de 31 años, quien fue asesinado el 23 de marzo de 2026. De acuerdo con el testimonio de un habitante del barrio que conoce la situación familiar, el hombre habría recibido presiones desde diciembre de 2025 para que participara en la comercialización de sustancias estupefacientes.
Según la denuncia, Julio Andrés, quien era consumidor de sustancias, se habría negado reiteradamente a vender drogas para las personas que ejercían esa actividad en el sector. Sus allegados consideran que esa negativa pudo estar relacionada con el crimen.
El 23 de marzo, dos hombres lo interceptaron y uno de ellos le habría disparado en cinco oportunidades, causándole la muerte en el lugar.
Un mes después del homicidio, las autoridades capturaron a uno de los señalados responsables. Los familiares aseguran que lograron identificarlo mediante una grabación de seguridad en la que se observa el ataque armado. Sin embargo, la segunda persona que habría participado en el hecho continúa en libertad, de acuerdo con la denuncia.
La preocupación de la familia aumentó al conocer, por información transmitida por un tercero, que el capturado podría quedar libre por vencimiento de términos. Los allegados sostienen que no han recibido información suficiente sobre las actuaciones judiciales y temen posibles represalias si el señalado agresor recupera su libertad.
No obstante, la eventual excarcelación no ha sido confirmada mediante una decisión judicial conocida públicamente.
La familia también recordó el homicidio de Raúl R., ocurrido el 31 de agosto de 2015 en la misma cuadra del barrio Los Olivos 2. Según el testimonio recogido, el hombre recibió dos disparos que le causaron la muerte, presuntamente efectuados por una persona señalada de administrar un punto de expendio de estupefacientes en el sector.
Aunque los dos asesinatos ocurrieron en años diferentes, el denunciante sostiene que la comercialización de drogas continúa en el barrio y que las familias siguen enfrentando problemas de inseguridad.
El habitante que dio a conocer la situación pidió a las autoridades avanzar en el esclarecimiento de ambos homicidios, establecer las responsabilidades correspondientes y brindar garantías de seguridad a los familiares de las víctimas.
La denuncia también pone de manifiesto la preocupación de los residentes por la permanencia de puntos de venta de estupefacientes y la necesidad de fortalecer las investigaciones judiciales para evitar que estos hechos queden sin esclarecer.
De acuerdo con los datos proporcionados por Q’hubo Bogotá.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.