Dos inmuebles avaluados en $500 millones fueron objeto de extinción de dominio en Bogotá
El procedimiento fue ejecutado por comandos del Gaula Militar Cundinamarca y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Bogotá, Colombia, febrero 16 de 2026. – En el marco de labores investigativas adelantadas durante varios meses, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la extinción de dominio de dos bienes inmuebles ubicados en la localidad de Usaquén, en Bogotá.
El procedimiento fue ejecutado por comandos del Gaula Militar Cundinamarca y del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, en coordinación con agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante el operativo se realizó el allanamiento y posterior afectación jurídica de un apartamento y un parqueadero, cuyo avalúo conjunto asciende a cerca de 500 millones de pesos.
De acuerdo con información oficial, los bienes estarían vinculados a actividades ilícitas, por lo que la medida de extinción de dominio busca impactar las finanzas ilegales asociadas a estas conductas.
Las tropas de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, señalaron que este resultado hace parte de las acciones permanentes orientadas a debilitar estructuras que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital del país y el departamento de Cundinamarca.
Las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando operaciones conjuntas para afectar patrimonios obtenidos presuntamente de manera ilícita y fortalecer la lucha contra el crimen organizado.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.