Drones y bombas en Yondó y Remedios: Corpades alerta crisis que afecta a estudiantes rurales
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La desescolarización como medida de protección
Antioquia, Colombia, 12 noviembre de 2025.- La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, volvió a encender las alarmas sobre el grave deterioro de la seguridad en el Magdalena Medio, el nordeste antioqueño y el Sur de Bolívar. La organización denunció que dos escuelas rurales del municipio de Yondó están atrapadas en medio de explosiones, fuego cruzado y constantes enfrentamientos armados, una situación que ha dejado a decenas de estudiantes sin clases y a las comunidades sumidas en un temor permanente.
Según el pronunciamiento de Corpades, la crisis humanitaria sigue escalando en esta región del país. “Niños y niñas sin escuela por violencia armada”, advirtió la corporación, al señalar que veredas como Santo Domingo y Caño Dorada, en el municipio de Cantagallo (sur de Bolívar), también han tenido que suspender sus actividades escolares debido a los enfrentamientos cercanos.
El panorama en Antioquia no es distinto. Corpades informó que comunidades de Tamar Bajo, en Remedios, y áreas rurales de Yondó, especialmente los sectores de San Francisco y Puerto Matilde, permanecen en riesgo permanente. Allí, los menores están prácticamente atrapados entre los grupos armados que se disputan el control territorial. En este escenario, la desescolarización se ha convertido en una medida de autoprotección mientras las familias intentan salvaguardar la vida de sus hijos.
Los hechos, revelados por El Colombiano y ratificados por Corpades, afectan a los estudiantes de las instituciones educativas El Vietnam y Alto Cimitarra, ubicadas a cerca de una hora de la cabecera municipal. Desde hace semanas, padres y docentes viven la angustia permanente de escuchar explosiones cercanas, ráfagas de fusil y el sobrevuelo de drones que, según denuncias locales, estarían siendo utilizados para lanzar explosivos.
Corpades advirtió públicamente el escalamiento de la crisis humanitaria con un mensaje contundente: “Niños y Niñas sin Escuela por Violencia Armada”, alertando que la desescolarización se ha vuelto el único mecanismo de protección ante el fuego cruzado y el riesgo de reclutamiento forzado. La organización también señaló que la situación se siente del lado sur de Bolívar, donde veredas como Santo Domingo y Caño Dorada enfrentan el mismo drama.
Una fuente local le relató a El Colombiano que, mientras un solo actor ilegal ejercía dominio, la zona mantenía una calma “tensa”. Sin embargo, esa aparente estabilidad se rompió cuando las disidencias de los frentes 18 y 36, el ELN y, más recientemente, el EGC, entraron en confrontación abierta por el control territorial. Esta disputa, motivada por la lucha por corredores estratégicos y diversas rentas ilegales, transformó las escuelas rurales en refugios improvisados y dejó a los niños expuestos como potenciales víctimas colaterales.
La denuncia es aún más grave: según reportes comunitarios, los grupos armados habrían utilizado instalaciones educativas como campamentos, aprovechándose del abandono estatal y del miedo de los habitantes.
El episodio más crítico ocurrió el 25 de octubre, cuando, durante los preparativos para una jornada electoral interna del Pacto Histórico en Alto Cimitarra, integrantes del EGC llegaron al colegio. La comunidad, aterrada, corrió a refugiarse en la institución, una de las pocas edificaciones de cemento en la zona. Minutos después, también llegaron las disidencias, dejando a unas 200 personas atrapadas entre el fuego cruzado. Videos grabados ese fin de semana evidencian las ráfagas prolongadas que estremecieron a toda la región.
Aunque algunos días amanecen «más calmados», la tensión vuelve con cada detonación. Un padre de familia relató que muchos han decidido no enviar a los niños a clase porque las balaceras ahora ocurren más cerca del poblado, y ya hay familias desplazadas hacia sectores como Puerto Matilde, informó El Colombiano.
Según El Colombiano, en la escuela de El Vietnam estudian 35 niños, mientras que en la institución de Alto Cimitarra asisten cerca de 112. Sin embargo, la presencia escolar es intermitente: basta con escuchar el rumor de un enfrentamiento para que las clases se suspendan. Incluso el transporte rural —conocido como “la línea”— deja de ingresar, lo que afecta la economía campesina y profundiza el aislamiento de estas zonas.
Corpades advierte que esta emergencia no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de abandono estatal, de la falta de una estrategia efectiva de protección para la niñez y de fallas estructurales en la política de seguridad nacional. “La infancia rural está atrapada en una guerra que no pidió y que el Estado no logra contener”, alertó la organización.
El llamado de Corpades es claro y urgente: se requiere una intervención inmediata, acciones de protección reales y una presencia estatal sostenida antes de que la violencia cobre vidas o condene a nuevas generaciones a crecer sin educación, sin garantías y sin futuro.
A.U.