Derechos Humanos

Ejército entrega a la justicia a nueve soldados por homicidio, tortura y desaparición de civil en base militar

528 palabras, 3 minutos de tiempo de lectura.

Juan F 3 min de lectura
Ejército entrega a la justicia a nueve soldados por homicidio, tortura y desaparición de civil en base militar

ANTIOQUIA, COLOMBIA. (7 NOV 2025) – La Fiscalía General de la Nación imputó a nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, tras la muerte de un civil dentro de la base militar Antorcha en el municipio de Frontino, en jurisdicción del Batallón de Infantería N.º 32 Pedro Justo Berrío.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de octubre de 2025, cuando tropas destacadas en dicha base retuvieron a un hombre que se encontraba merodeando los alrededores. Según el informe oficial difundido por el presidente Gustavo Petro y confirmado por el Ejército, el civil fue detenido por presunto exceso en el uso de la fuerza, lo cual derivó en su muerte. El incidente no fue reportado de inmediato, sino hasta el día siguiente, cuando un soldado alertó a un suboficial de la Policía de Frontino.

Tras conocerse la denuncia, las autoridades castrenses informaron a la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia, a la Fiscalía Especializada de Justicia Penal Militar y Policial, y a la Fiscalía 2223. Además, se inició una investigación disciplinaria interna y se ordenó el desplazamiento del pelotón implicado hacia Medellín, donde se desarrollaron las diligencias judiciales.

El cuerpo del civil, identificado como Esneider Flórez Manco, fue hallado el 29 de octubre y entregado a Medicina Legal. La víctima era un joven entre 25 y 30 años, con presunta condición de salud mental, conocido por deambular sin rumbo por las calles de Frontino.

Los uniformados involucrados fueron identificados como el teniente Léider Ortiz, el sargento Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba y los soldados Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhon Edwin Quejada, Néider de Jesús Oyola, Divian Fernando Ruiz y Miguel Ángel Caicedo. Todos fueron imputados formalmente por la Fiscalía el pasado 5 de noviembre.

El Ejército Nacional rechazó enérgicamente los hechos, señalando que se trató de un “acto individual” que viola la misión constitucional de la institución y las políticas de respeto a los derechos humanos. Aseguró además que desde el primer momento ha colaborado plenamente con las autoridades judiciales para esclarecer lo ocurrido.

El presidente Petro destacó la transparencia con la que actuaron los altos mandos militares al poner en conocimiento del caso a la Fiscalía. Sin embargo, recibió críticas por divulgar los nombres de los militares implicados, aunque sectores de la opinión pública defendieron su decisión en favor de la transparencia estatal frente a posibles violaciones de derechos humanos.

Los soldados se encuentran ahora bajo custodia judicial a la espera de que se defina el centro de reclusión donde deberán permanecer mientras avanza el proceso penal.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Comentarios