Ejército y Policía destruyen maquinaria para minería ilegal en Chocó
Durante la intervención, las autoridades inutilizaron 36 Unidades de Producción Minera (UPM), entre ellas 9 dragas tipo buzo y 27 motores usados en la extracción ilegal de oro.
Fueron destruidas dragas y motores usados en la extracción ilícita de oro
CHOCÓ, COLOMBIA (8 ENE 2026) – En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, se logró un importante golpe contra la minería ilegal en zonas rurales de Quibdó y Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. La acción hace parte del Plan Estratégico de Campaña Ayacucho Plus y estuvo dirigida a frenar la explotación ilícita de yacimientos mineros y los graves impactos ambientales que estas actividades generan en la región.
Durante la intervención, las autoridades inutilizaron 36 Unidades de Producción Minera (UPM), entre ellas 9 dragas tipo buzo y 27 motores usados en la extracción ilegal de oro. La maquinaria fue destruida de manera controlada, afectando considerablemente las capacidades logísticas y económicas de la estructura criminal dedicada a esta actividad.
Según el balance entregado, la pérdida de maquinaria representa una afectación económica superior a los 600 millones de pesos. Además, la operación evitó la extracción mensual de aproximadamente 4.000 gramos de oro, lo que en el mercado ilegal podría traducirse en ingresos por cerca de 2.000 millones de pesos.
Estas acciones ratifican el compromiso de la Fuerza Pública con la protección del medio ambiente, el combate a las economías ilícitas y la defensa de los recursos naturales en el Chocó, departamento históricamente afectado por la minería ilegal.
El Ejército Nacional y la Policía Nacional continúan desarrollando operaciones permanentes para frenar estas prácticas delictivas y salvaguardar la seguridad de las comunidades en la región.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.