El caso de José Bula: amenazado, con protección aprobada, pero abandonado por la UNP
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Claudia Julieta Duque y Corpades denuncian negligencia
Córdoba, Colombia, 15 septiembre de 2025.- El caso de José Bula Moreno, sobrino del periodista asesinado Rafael Moreno Garavito, se ha convertido en un nuevo símbolo del abandono institucional a las personas amenazadas en Colombia. A pesar de haber recibido amenazas desde octubre de 2024 y de contar con un esquema de protección aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde abril de 2025, las medidas nunca fueron implementadas. Hoy, cinco meses después, sigue expuesto, sin garantías ni acompañamiento estatal.
La situación fue denunciada públicamente por la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, quien ha cuestionado en varias ocasiones el actual modelo de seguridad en Colombia. A través de su cuenta en la red social X, Duque denunció que el pasado 4 de septiembre, José Bula recibió una bala, fotos de su vivienda, motocicleta y de sus desplazamientos, así como dos ojos que parecen ser de vaca, en lo que constituye una grave amenaza. Para la defensora, estos hechos ratifican la negligencia y desinterés de la UNP.
“Amenazas y atentados en Córdoba contra amigos y familiares del periodista Rafael Moreno Garavito, asesinado hace tres años en Montelíbano: al intento de asesinato ayer contra el líder social y veedor Eyner Nieves se suman amenazas contra José Bula, sobrino de Rafa”, escribió Duque, destacando que no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de persecución y falta de respuesta institucional.
El caso de Eyner Nieves, también documentado por la ONG Corpades, refuerza esta denuncia. El domingo 14 de septiembre, Nieves fue víctima de un atentado armado mientras regresaba de una asamblea en la vía Montelíbano–San José de Uré, a la altura de La Loma de la Candelilla. Sujetos armados dispararon contra su vehículo en al menos ocho ocasiones, y solo la rápida reacción de sus escoltas evitó una tragedia mayor. La Policía intervino de inmediato y garantizó su protección. Aunque el hecho fue denunciado, aún no se han conocido resultados sobre los responsables.
Corpades y Duque coinciden en que la UNP ha demostrado ser una institución paquidérmica y profundamente ineficaz, que juega con la vida de los liderazgos sociales. Duque recuerda que la UNP aprobó medidas de protección para José Bula en abril, en respuesta a las amenazas de octubre de 2024, pero estas jamás fueron implementadas. Hoy, un nuevo estudio de riesgo sería exigido para proceder, como si las amenazas hubieran desaparecido por arte de magia.
En un pronunciamiento contundente, Corpades afirmó: “La UNP bien podría llamarse Unidad de Desprotección Nacional (UND). Esta entidad, adscrita al Ministerio del Interior, se ha caracterizado por desconocer fallos judiciales, perseguir liderazgos sociales y ocultarle la realidad al presidente de la República”. Para la ONG, la situación no solo es indignante, sino que representa el fracaso rotundo de la política de protección en Colombia.
De acuerdo con las cifras recopiladas por Corpades, en los primeros nueve meses de 2025 han sido asesinados 117 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 29 casos ocurrieron en Cauca y 17 en Antioquia, convirtiendo a estos departamentos en los más peligrosos para ejercer el liderazgo social.
La denuncia no se quedó allí. En otro trino, publicado el 16 de septiembre, Corpades cuestionó nuevamente el modelo de protección en Colombia, señalando que este no ofrece garantías reales sino que se ha convertido en un símbolo de abandono y revictimización. “Mientras continúa la matanza, se hace cada vez más evidente el estrepitoso fracaso de la política de protección a líderes sociales y defensores de derechos humanos en nuestro país”, sentenció la organización.
Finalmente, Corpades lanzó una advertencia directa al presidente Gustavo Petro:
“No hay peor ciego que el que no quiere ver, señor presidente. La UNP no está al servicio de los liderazgos sociales ni de los defensores de derechos humanos. Esa institución se rige por intereses particulares y no por el interés general”.
El caso de José Bula es, por tanto, una evidencia más del peligro que enfrentan quienes alzan la voz, y de un Estado que —pese a sus promesas— sigue fallando en proteger la vida de quienes defienden la verdad y los derechos de los demás.
A.U.