Exsecretario de juzgado en Cartagena condenado a más de 8 años de prisión por exigir dinero a una abogada
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La condena impone más de 8 años de prisión y una multa superior a 70 salarios mínimos
Cartagena, Bolívar. 17 de Octubre de 2025. –Un juez penal de conocimiento condenó a 8 años y 1 mes de prisión a Dagoberto Ahumada Barrios, exsecretario de un juzgado civil municipal de Cartagena, por exigir dinero a una abogada para agilizar trámites judiciales. La decisión se logró gracias a los elementos de prueba presentados por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar.
Según la investigación, entre febrero de 2018 y febrero de 2019, el exfuncionario solicitó dinero en tres oportunidades a una profesional del derecho. A cambio, se comprometía a emitir los oficios necesarios para registrar una sentencia que declaraba la prescripción adquisitiva de dominio de un inmueble perteneciente a la cliente de la abogada.
La Fiscalía demostró que Ahumada Barrios abusó de su cargo para obtener beneficios económicos indebidos, motivo por el cual fue hallado culpable del delito de concusión. La conducta del exsecretario vulneró los principios de transparencia y ética que rigen la administración de justicia.
El fallo judicial impone al condenado una multa de 71.6 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilitación por 6 años y 8 meses para ejercer derechos y funciones públicas. Con esta decisión, la justicia reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción en el sistema judicial.
La defensa de Ahumada Barrios apeló la sentencia, por lo que el caso pasará a revisión en segunda instancia. Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación resaltó la importancia de este resultado, que refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y envía un mensaje claro: quien utilice un cargo público para lucrarse ilegalmente enfrentará las consecuencias de la ley.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.