Falsos perfiles de WhatsApp y amenazas: así habría operado red de extorsión desde La Picota
El dinero obtenido mediante las actividades ilícitas era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente, los recursos eran distribuidos entre los integrantes de la red, que también actuarían de manera articulada fuera de los establecimientos carcelarios…
BOGOTÁ, COLOMBIA 14 de septiembre de 2026 – Una llamada realizada desde la cárcel La Picota, en Bogotá, sería el punto de partida de un entramado delictivo basado en engaños, amenazas y exigencias de dinero que, según la Fiscalía General de la Nación, habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas.
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la organización habrían burlado los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para acceder ilegalmente a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras. De esta manera, habrían conformado un esquema que no se limitaba a una sola cárcel, sino que se extendía a varios centros penitenciarios del país.
El dinero obtenido mediante las actividades ilícitas era recibido en billeteras digitales y cuentas de terceros. Posteriormente, los recursos eran distribuidos entre los integrantes de la red, que también actuarían de manera articulada fuera de los establecimientos carcelarios. Parte del dinero era retirado en efectivo y destinado a la adquisición de inmuebles, vehículos y otros activos.
Durante la investigación, la Fiscalía examinó más de 631.000 operaciones financieras y documentó 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.
Las actividades de policía judicial tuvieron su origen en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y permitieron seguir la ruta del dinero, establecer su origen, tránsito y destino, así como identificar a las personas que presuntamente controlaban su circulación. Con estos elementos se determinó que la organización habría obtenido más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas realizadas desde el pabellón 6 de la cárcel La Picota.
Según la información recopilada, parte del dinero retornaba mediante consignaciones de bajo monto que tendrían como destinatario a Fabián V. B., alias ‘El Don’ o ‘Pluma’, quien, pese a encontrarse privado de la libertad, tendría el control criminal y financiero del entramado.
Fabián V. B., postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc, cumple una condena de 38 años de prisión por el crimen de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas. También se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad.
De acuerdo con la Fiscalía, presuntamente mantenía el dominio sobre la actividad ilegal y ejercía injerencia en varios patios del establecimiento carcelario. En estos espacios, al parecer, eran reclutados y entrenados internos para realizar llamadas masivas a potenciales víctimas en diferentes regiones del país.
Una de las modalidades consistía en crear perfiles falsos de mujeres para contactar a personas a través de WhatsApp y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Posteriormente, utilizaban fotografías obtenidas de redes sociales y montajes para hacer señalamientos relacionados con delitos sexuales y exigir transferencias de dinero a cambio de no divulgar el material.
Una vez generaban intimidación y conseguían un primer pago, presuntamente aumentaban las amenazas con el propósito de presionar a las víctimas para que realizaran nuevas transferencias.
El seguimiento a los recursos permitió detectar, además, un esquema para ocultar por lo menos 2.000 millones de pesos en menos de cuatro años. Parte de las ganancias ilícitas habría sido destinada a mantener el control dentro del establecimiento penitenciario y facilitar el ingreso y la comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos.
La estructura estaría integrada, entre otras personas, por la esposa, el hijo y la hijastra de Fabián V. B., quienes presuntamente facilitaron el movimiento de los recursos y la adquisición de bienes.
Las labores investigativas permitieron identificar seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, Meta. Según la Fiscalía, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas. El ente investigador promoverá la imposición de medidas cautelares sobre los activos con fines de comiso.
Fabián V. B. fue notificado de este nuevo proceso en el establecimiento carcelario donde permanece privado de la libertad. Simultáneamente, servidores del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a algunos de sus familiares, identificados como Bibiana Paola M. R., Helim Yareyth C. M. y Michael Stiven V. P.
Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales los presentó ante un juez de control de garantías de Bogotá y, de acuerdo con su presunta participación en los hechos, les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad.
Los tres procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.